Jujuy
La Justicia investiga al diputado libertario Manuel Quintar por presuntos favorecimientos con contrataciones del PAMI en Jujuy
Una denuncia penal señala al legislador de La Libertad Avanza por presunto direccionamiento de prestaciones del organismo hacia sanatorios y cooperativas vinculados a su entorno familiar. La acusación salpica a la Clínica San Francisco y a transferencias estimadas en $27 millones mensuales.
El diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar (La Libertad Avanza) quedó en el centro de un polémico expediente judicial en los tribunales federales tras la presentación de una denuncia penal por supuestos delitos de corrupción, tráfico de influencias y negociación incompatible con la función pública. La causa gira en torno al presunto direccionamiento de fondos y derivaciones médicas desde la delegación Jujuy del PAMI hacia centros de salud privados vinculados a su círculo familiar y empresarial.
Según consta en el escrito judicial, las maniobras investigadas comprometen las asignaciones presupuestarias de la obra social de los jubilados hacia firmas prestadoras como la Clínica San Francisco S.R.L. —asociada a su esposa, Natalia Castillo Aurane—, además de la Clínica Los Lapachos y la Cooperativa de Trabajo Profesionales de la Salud de Jujuy.
La sospecha sobre giros millonarios e incompatibilidades
La denuncia sostiene que, a partir del posicionamiento político e influencia de la bancada oficialista sobre los organismos descentralizados provinciales, se habrían favorecido cobros y convenios prestacionales por sumas que rondan los $27 millones de pesos mensuales a favor de los establecimientos señalados.
La imputación impulsada en los fueros federales busca determinar si existió una red de retribuciones indebidas, sobreprecios y beneficios sistemáticos a favor de empresas administradas por familiares directos del legislador, lo que constituiría presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, incompatibilidad administrativa y asociación ilícita.
La respuesta de la defensa política
Tras la repercusión mediática del caso, fuentes allegadas al legislador libertario rechazaron categóricamente los términos de la acusación judicial, atribuyendo el impulso de la causa a «operaciones políticas de la oposición provincial» destinadas a desgastar el armado territorial del espacio gobernante en la región NOA.
Entretanto, los fiscales federales analizan los requerimientos probatorios, las órdenes de transferencia bancaria solicitadas y los expedientes prestacionales para determinar el curso del proceso penal.
