Conocido por su liderazgo invalorable en la Guerra Gaucha y por haber sido el sostén fundamental del plan libertador de José de San Martín, el general Martín Miguel de Güemes guarda también una faceta profundamente ligada a su ámbito familiar. En medio de las hostilidades y invasiones realistas que azotaban el norte argentino, el héroe salteño adquirió en 1814 la Finca El Carmen, la única propiedad inmueble que compró a lo largo de su vida.

La finca, que en el siglo XVIII perteneció a Pantaleón Aguirre, abarcaba una extensión de 200 hectáreas al sur del río Arenales y fue bautizada con ese nombre en homenaje a su esposa, Carmen Puch.

Cuartel estratégico y refugio de hogar

Más allá de su valor afectivo, la Finca El Carmen desempeñó un rol clave en la contienda de la Independencia. Por su ubicación geográfica, funcionó como guarnición militar y campamento de la caballería gaucha, sirviendo para el reabastecimiento de hombres, logística de caballos y planificación de emboscadas contra las tropas españolas.

Al mismo tiempo, la casa rural fue el hogar donde nacieron dos de los hijos del matrimonio y el refugio donde Carmen Puch permaneció resguardada junto a los pequeños mientras el prócer ejercía la gobernación de Salta y comandaba las acciones en el frente de batalla.

Arquitectura tradicional y preservación

La edificación histórica conserva los rasgos típicos de las antiguas casas de campo coloniales:

• Estructura y muros: Construidos predominantemente en gruesos bloques de adobe.

• Cubiertas: Techos con estructura de madera y tejas musleras.

• Galerías: Orientadas al norte, características de la arquitectura rural salteña.

• Entorno: Un paisaje que aún resguarda el carácter rural original del siglo XIX.

Su legado: Monumento Histórico y escuela agrícola

Tras el fallecimiento de Güemes en junio de 1821, la finca permaneció bajo dominio de sus descendientes durante décadas. En 1943 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Posteriormente, en 1946, su nieto Adolfo Güemes donó formalmente la propiedad al Estado Nacional con el compromiso de preservar la casona histórica y destinar el predio a la fundación de una escuela agrícola, permitiendo que la memoria del prócer continúe viva para las futuras generaciones.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente que el exdiputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, sea citado a declaración indagatoria bajo la acusación de haber utilizado servicios de empleados pagados por la administración pública para fines personales y políticos en redes sociales.

La presentación, con fecha de este martes 6 de octubre de 2026 en el marco de la causa CFP 151/2025, señala que la conducta atribuida al exrepresentante de Unión por la Patria encuadraría preliminarmente en el delito de peculado de trabajos y servicios, contemplado en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal.

La hipótesis del fiscal y las pruebas

De acuerdo a la acusación impulsada por Marijuan, Estrada habría asignado a dos asesores contratados por el Congreso de la Nación la tarea de elaborar y difundir «videos falsos de manera clandestina y amparados en el anonimato de las redes sociales».

La prueba central del expediente radica en las propias confesiones y declaraciones de los dos colaboradores involucrados, quienes reconocieron haber producido campañas de difamación a través de cuentas anónimas de TikTok. Durante la instrucción inicial de la causa en la provincia de Salta, el fiscal general Carlos Martín Amad había sostenido que el objetivo de los contenidos audiovisuales era empañar y vincular al Gobierno provincial con maniobras delictivas y narcotráfico mediante el desvío de recursos estatales.

El pedido de Marijuan se produce tras radicarse el expediente en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires bajo la Ley 23.984. En diciembre de 2025, Estrada ya había sido objeto de una audiencia de formalización de cargos ante la Jueza Federal de Garantías N.º 2 de Salta, Mariela Giménez, quien admitió la imputación por abuso de autoridad y peculado de servicios.

En aquella oportunidad, el economista salteño —quien ejerció su banca entre 2021 y 2025 y anteriormente se desempeñó como ministro de Economía provincial— rechazó la declaración, mientras que su defensa técnica planteó sin éxito la nulidad del proceso alegando persecución política.

Con el vencimiento de sus fueros parlamentarios en diciembre pasado, la Justicia avanza ahora en la Capital Federal para definir su situación procesal.

Con el objetivo de formar ciudadanos informados y acercar el funcionamiento del Poder Judicial a las aulas, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia puso en marcha el proyecto “Justicia 360”, una propuesta de capacitación itinerante destinada a brindar información clara y accesible a distintos sectores de la comunidad.

El acto de apertura oficial tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Divina Misericordia y contó con la presencia del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, y la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli. La actividad se concretó en el marco del Convenio de Cooperación firmado entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

En esta primera instancia, los talleres están dirigidos a estudiantes de 1.º a 5.º año de establecimientos educativos tanto de gestión estatal como privada, abordando dos ejes centrales vinculados a la juventud:

• Estudiantes de 1.º a 4.º año: Reciben formación sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley N.º 27.801).

• Alumnos de 5.º año: Participan de una jornada integral que suma el abordaje del Juicio por Jurados (Ley Provincial N.º 8.478).

Sobre la iniciativa, Javier Mónico destacó: «Con Justicia 360 buscamos acercar el sistema de justicia a los jóvenes, con información clara que les permita conocer sus derechos, responsabilidades y las distintas formas de participación ciudadana».

A su vez, la subsecretaria Agustina Rizzoli remarcó que esta primera experiencia en las escuelas es el punto de partida para extender el programa hacia otros públicos e instituciones, incorporando temáticas como la prevención del abuso sexual, la mediación comunitaria y el acceso a derechos.