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Nacionales

Informe de Unicef: 4 de cada 10 adolescentes hacen «changas» para ayudar en sus hogares

La décima encuesta de la agencia de la ONU advierte que más del 40% de las familias con niños no logra cubrir sus gastos básicos, mientras aumenta la postergación de consultas médicas y la compra de alimentos con crédito.

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Un nuevo relevamiento presentado este viernes por Unicef Argentina encendió las alarmas sobre la situación socioeconómica de las familias con niños y adolescentes en el país. Según la décima ronda de su encuesta nacional —realizada de manera presencial en 1.865 hogares y representativa de 6,5 millones de familias—, más del 40% de los hogares con chicos no alcanza a cubrir sus gastos corrientes, lo que equivale a unos 2,7 millones de familias.

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De acuerdo con el estudio finalizado en septiembre de este año, los indicadores retrocedieron a niveles similares a los de 2023 (41%), luego de haber mostrado una mejora durante 2025 (31%).

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Frente a la pérdida de poder adquisitivo, el informe señala que 4 de cada 10 adolescentes (40%) debieron salir a realizar algún trabajo informal o «changa» al menos una vez por semana durante los últimos seis meses para sumar ingresos al hogar, una cifra que creció 12 puntos respecto al año pasado (28%). Si se toma el total de los hogares relevados, en el 55% al menos un integrante recurrió a un segundo empleo o changa, porcentaje que trepa al 61% entre quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Endeudamiento para comer y salud postergada

El reporte de la agencia de la ONU detalla las principales estrategias que adoptaron las familias para afrontar la falta de ingresos:

  • Restricción de consumos: El 60% compra alimentos de menor precio y el 43% directamente debió dejar de comprar algún producto alimenticio por falta de dinero. Además, el 29% de los adultos y el 9% de los niños tuvieron que saltearse alguna comida diaria.

  • Deudas para lo básico: La mitad de los hogares (50%) tiene al menos una deuda activa. El uso de la tarjeta de crédito para financiarse se duplicó en un año (pasó del 16% al 32%), siendo la compra de alimentos el principal motivo de endeudamiento (42%), seguido por el pago de servicios y vivienda (26%).

  • Atrasos en servicios: El 44% de las familias dejó de pagar algún servicio en el último semestre, encabezando la lista las tarjetas de crédito (23%), la electricidad (13%) e internet (11%).

  • Salud en pausa: El ítem de postergación de atención sanitaria alcanzó el punto máximo de toda la serie histórica: el 36% de los hogares dejó de ir al médico o al dentista por falta de dinero y el 21% suspendió la compra de medicamentos.

Preocupación por la salud mental adolescente

El estudio incluyó un apartado sobre la realidad de los jóvenes de entre 13 y 17 años, donde se observó un crecimiento sostenido desde 2022 en problemáticas emocionales y de convivencia: el 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Asimismo, el bullying escolar alcanzó al 17% de los encuestados (unos 400.000 adolescentes) y el 38% aseguró conocer a algún par que realiza apuestas online.

Entre los temas que más preocupan a los jóvenes argentinos figuran el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%), la salud mental (43%), la violencia (40%) y la falta de oportunidades laborales (36%).

Recomendaciones y postura oficial Ante este escenario, desde Unicef solicitaron priorizar presupuestariamente a la infancia, proteger los comedores escolares y sostener la actualización de las transferencias sociales, advirtiendo que la Prestación Alimentar perdió capacidad de compra frente a la inflación.

Por su parte, los datos oficiales del Indec del primer semestre ubicaron la pobreza general en el 32,3% y la pobreza infantil en el 44,5%. Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación señalaron que el repunte de los últimos meses responde a un efecto «transitorio» y destacaron que, en comparación con el pico del primer trimestre de 2024, 1,8 millones de niños y adolescentes salieron de la pobreza y 1,5 millones de la indigencia.

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Nacionales

El Senado sancionó la ley de discapacidad con actualización mensual por inflación

Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, la Cámara Alta convirtió en ley el régimen definitivo que reemplaza a la emergencia que vence a fin de año. Tras el impacto de la visita del papa León XIV y fuertes tironeos internos en el oficialismo, la oposición advirtió que vigilará la reglamentación y el cumplimiento efectivo de los fondos por parte del Ejecutivo.

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En una extensa sesión parlamentaria, el Senado de la Nación sancionó por unanimidad —con 71 votos a favor y ninguno en contra— la ley que establece un régimen permanente para el sector de la discapacidad, dejando atrás el esquema de emergencia que caduca a fin de año. La norma, que ya había cosechado un amplio respaldo en Diputados con 237 avales, busca regularizar las prestaciones, garantizar el financiamiento y saldar los atrasos con los prestadores.

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Ahora el texto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y reglamentación. Si bien el Gobierno conserva la facultad constitucional de aplicar un veto total o parcial, el abrumador consenso legislativo alcanzado en ambas cámaras —sumado al protagonismo de espadas oficialistas como Patricia Bullrich en el Senado y María Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo en Diputados— deja a la Casa Rosada con escaso margen político para frenar la iniciativa, más aún tras el antecedente del veto anterior que fue rechazado por el Congreso y terminó judicializado.

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El eco del papa León XIV y las desconfianzas de la oposición El debate estuvo fuertemente atravesado por las palabras pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole: «El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes».

En las bancadas opositoras persiste una marcada desconfianza respecto a la voluntad real del Gobierno nacional de ejecutar la norma. El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó lo que calificó como un «repentino y simulado interés» oficialista y advirtió: «Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad».

Las dudas opositoras se apoyan también en las recientes contradicciones dentro del propio oficialismo: días atrás, el Ejecutivo había enviado el proyecto de Presupuesto 2027 con artículos que derogaban precisamente la actualización automática de aranceles que negociaban sus propios legisladores, un cortocircuito que desató la furia pública de Patricia Bullrich contra la mesa política nacional («No me tomen por tonta»).

Los puntos centrales de la nueva ley

  • Actualización por inflación y nomenclador: garantiza la actualización mensual automática por inflación del nomenclador universal de prestaciones, blindando el valor real de los aranceles frente a la suba de precios.

  • Cancelación de deudas a prestadores: obliga al Ejecutivo a presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y fija un plazo máximo de 90 días para saldar las compensaciones adeudadas.

  • Pensiones e Incluir Salud: fija por ley los requisitos de acceso a las pensiones por discapacidad (contar con el Certificado Único de Discapacidad, evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos) y asegura a todos los titulares de pensiones por invalidez las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.

  • Blindaje presupuestario y empleo: mantiene vigente la Ley 26.816 de empleo protegido y habilita el uso de fondos del Tesoro Nacional en caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes.

En el inicio de la misma jornada, el bloque peronista también logró acordar que en la próxima sesión del jueves 26 de noviembre —donde el oficialismo buscará tratar la suspensión de las PASO— se incorporen al temario el proyecto con media sanción para prevenir la ludopatía y la prórroga del Estatuto del Periodista.

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Nacionales

Insólito: una diputada salteña pidió asistencia estatal para salvar a las clínicas privadas

Se trata de María Gabriela Flores, legisladora nacional por La Libertad Avanza. Durante un plenario de comisiones, defendió una iniciativa destinada a sanear las deudas que sanatorios y laboratorios privados mantienen con el Estado, argumentando que «el sector público siempre sigue funcionando», mientras que el privado «corre el riesgo de desaparecer».

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Un llamativo planteo protagonizó en el Congreso de la Nación la diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, quien en abierta contradicción con la doctrina ortodoxa de libre mercado y «no intervención estatal» que pregona el oficialismo nacional, impulsó un proyecto de ley para que el Estado auxilie y sanee las cuentas del sector privado de la salud.

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La intervención tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí, la legisladora salteña sostuvo que resulta urgente rescatar financieramente a clínicas, sanatorios y laboratorios privados bajo el argumento de que, sin ellos, el sistema sanitario no podría atender a toda la población.

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La insólita comparación entre el sistema público y el privado

En uno de los pasajes más controvertidos de su exposición, Flores minimizó la crisis presupuestaria que atraviesan los hospitales públicos y aseguró que el verdadero riesgo de desaparición recae sobre las empresas privadas del sector: «Es urgente y necesario tomar de frente cuál es la situación que tiene el sector privado dentro de la salud. Porque el sector público siempre, de una u otra manera, sigue funcionando; el sector privado corre el riesgo de desaparecer», afirmó.

Acto seguido, la diputada libertaria reconoció el deterioro en la capacidad de respuesta de los hospitales estatales para justificar el salvataje al ámbito privado: «Escuchamos muchas veces a distintos institutos que pertenecen a hospitales o sanatorios privados, incluso universitarios, con descubrimientos y nuevos tratamientos que se empiezan a gestionar desde lo privado ante una salud pública que está un poco colapsada en la atención», sostuvo.

Para fundamentar el alcance de la iniciativa legislativa, Flores apeló a una metáfora médica al señalar que el sector sanitario privado lleva 25 años de prórrogas de emergencia sin solución definitiva, y propuso iniciar el rescate aliviando sus compromisos fiscales y financieros con las arcas públicas: «¿Qué pasaría si colaboramos con que el sector privado —y ese es el objetivo de esta ley— pueda sanear lo más urgente de esta emergencia? Vamos a empezar por lo más grave que le sucede, quizás son sus cuentas con el Estado, a solucionar eso para después poder ir avanzando en otras soluciones», concluyó.

Las declaraciones de la representante salteña generaron inmediata repercusión y cuestionamientos en redes sociales y ámbitos políticos. Desde sectores críticos del Gobierno nacional señalaron tanto la contradicción ideológica de reclamar intervención y auxilio estatal para empresas privadas como el hecho de advertir sobre el colapso de la salud pública sin atribuirlo al recorte presupuestario y a las políticas de ajuste impulsadas por el propio Estado nacional y el espacio político que la legisladora representa.

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Reforma electoral: el oficialismo reunió 11 firmas en el Senado para suspender las PASO

Luego de intensas negociaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el dictamen quedó habilitado para llegar al recinto el próximo jueves. La iniciativa plantea suspender las PASO por un año e incorpora de manera permanente la Ficha Limpia, el fin de la veda electoral y cambios en los debates presidenciales.

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Tras una jornada marcada por intensas negociaciones parlamentarias en la Cámara Alta, el oficialismo logró reunir 11 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dejó listo el dictamen del proyecto de reforma electoral para ser debatido en el recinto del Senado el próximo jueves. Para destrabar los apoyos necesarios, el Gobierno debió dar marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras, un punto que había generado fuertes resistencias entre bloques dialoguistas.

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De acuerdo con fuentes parlamentarias y reportes legislativos, la inclusión original de las colectoras —que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había conversado con mandatarios radicales como garantía de gobernabilidad— terminó trabando el acuerdo en la Cámara Alta. Ante ese escenario, la bancada libertaria modificó el texto y eliminó ese mecanismo para alcanzar las diez firmas reglamentarias y sumar finalmente once avales.

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Cómo se conformaron las firmas y el rol de los bloques

El despacho de mayoría contó con el respaldo pleno de los seis senadores oficialistas de la comisión —Patricia Bullrich, el presidente del cuerpo Agustín Coto, Luis Juez, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y María Belén Monte de Oca—, sumados a los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.

Las firmas decisivas para superar el umbral mínimo llegaron tras negociaciones de último momento:

  • Provincias Unidas: los senadores Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo suscribieron el dictamen en disidencia. Vigo había cuestionado duramente en comisión la constitucionalidad de las listas colectoras y el esquema de financiamiento partidario del borrador inicial.

  • UCR: el senador catamarqueño Flavio Fama, quien durante la tarde había mantenido en suspenso su acompañamiento, finalmente firmó en disidencia parcial tras reunirse con las autoridades del bloque oficialista.

Los principales puntos de la reforma electoral

Según el texto dictaminado, todas las modificaciones tendrán carácter permanente, con la única excepción de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que regirá por el plazo de un año. Entre los ejes centrales del proyecto se destacan:

  • Ficha Limpia: establece la inhabilitación para postularse a cargos electivos de toda persona que cuente con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción.

  • Fin de la veda electoral: propone eliminar tanto las restricciones discursivas en medios de comunicación y redes sociales como las limitaciones que actualmente rigen sobre comercios y actividades culturales durante la jornada comicial.

  • Debates presidenciales: elimina su carácter obligatorio establecido por la Ley 27.337 (y las sanciones previstas por ausencia, como el atril vacío o la quita de espacios publicitarios), dejando en manos de la Cámara Nacional Electoral la decisión sobre su realización.

  • Financiamiento y Parlasur: introduce ajustes en los topes de financiamiento privado y fija un límite del 50% en la propaganda electoral en radio y televisión, además de modificar reglas vinculadas a la elección de parlamentarios del Mercosur.

En paralelo al avance legislativo, distintos sectores políticos dentro y fuera del oficialismo analizan el impacto interno de las negociaciones entre la Casa Rosada y el Senado, en un escenario donde la eliminación de las colectoras reconfiguró los acuerdos previos con los gobernadores y puso a prueba el armado parlamentario de cara a la sesión de la próxima semana.

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