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Salta

Chicoana: tras el femicidio ocurrido, la Municipalidad usó las redes oficiales para despedir al femicida

El municipio difundió un mensaje de condolencias por la muerte del efectivo señalado como autor del disparo mortal en el Centro de Mediación, desatando un fuerte repudio social. El escándalo deja en el centro de las críticas al intendente Esteban Ivetich por la gravedad institucional de utilizar un canal del Estado para homenajear al presunto agresor en pleno duelo por la víctima.

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En medio de la profunda conmoción y el dolor que atraviesa Chicoana tras el brutal femicidio cometido este jueves dentro de una dependencia lindante con el edificio comunal, la administración del intendente Esteban Ivetich quedó envuelta en un grave escándalo político e institucional luego de que la cuenta oficial de la Municipalidad publicara un mensaje de despedida dedicado al efectivo policial señalado como principal sospechoso del crimen.

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El hecho provocó una inmediata ola de indignación y repudio en la comunidad y en toda la provincia, al exponerse una alarmante falta de sensibilidad, criterio y perspectiva institucional frente a la familia de la mujer asesinada de un disparo en el Centro de Mediación.

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La responsabilidad indelegable de Esteban Ivetich

Una cuenta oficial de la Municipalidad no es un perfil privado ni un espacio para condolencias personales: representa la voz del Estado. Por esa razón, cada comunicación emitida desde ese canal conlleva una responsabilidad pública e institucional que recae directamente sobre la conducción política del intendente Esteban Ivetich, más allá de si existió o no una orden directa de su puño y letra.

Resulta inadmisible que, a pocas horas de que una vecina fuera ejecutada a tiros a metros del despacho comunal, el propio Municipio utilizara sus canales oficiales para despedir al femicida —quien murió tras autolesionarse luego de huir de la escena—, enviando un mensaje profundamente revictimizante y contradictorio con el deber estatal de acompañar a los deudos y repudiar la violencia extrema contra las mujeres.

El episodio interpela de manera directa al jefe comunal Esteban Ivetich, quien debe dar explicaciones públicas urgentes sobre quién autorizó la difusión del mensaje desde las cuentas oficiales de la comuna, bajo qué criterio institucional se decidió despedir al principal acusado de un femicidio ocurrido en dependencias municipales y cómo se evaluó el daño y el impacto emocional provocado sobre los hijos y familiares de la víctima.

En horas donde la prioridad absoluta del Estado municipal debía ser el resguardo, la contención y el respeto hacia la familia de la mujer asesinada, la gestión de Ivetich optó por un gesto institucional tan insensible como indefendible, profundizando la herida abierta en toda la sociedad de Chicoana.

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Conmoción en Chicoana: un policía asesinó de un disparo a su expareja durante una audiencia de mediación y luego murió tras autolesionarse

El femicidio ocurrió alrededor de las 14:00 en el Centro de Mediación ubicado junto a la Municipalidad, sobre calle El Carmen. Tras el ataque, el efectivo identificado como Carlos Enrique Pascal, de 32 años, huyó del lugar y fue trasladado luego con heridas autoinfligidas a un centro de salud, donde finalmente falleció.

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Un estremecedor femicidio sacudió este jueves 19 de noviembre a la localidad salteña de Chicoana, donde una mujer joven fue asesinada de un disparo mientras participaba de una instancia de mediación junto a su expareja, un efectivo de la Policía de Salta que huyó de la escena y horas más tarde falleció en un hospital tras provocarse autolesiones.

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El crimen se produjo alrededor de las 14:00 horas en el Centro de Mediación situado sobre calle El Carmen, en un inmueble lindante y conectado mediante una galería interna con el edificio de la Municipalidad de Chicoana. De acuerdo con los primeros datos recabados en la causa, tanto la víctima como el agresor eran vecinos de la zona de La Población.

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Según trascendió, trabajadores municipales que cumplían funciones en las inmediaciones escucharon una fuerte detonación y, en un primer instante, creyeron que se trataba de un desperfecto o explosión eléctrica, hasta que se advirtió la gravedad del ataque armado dentro de la dependencia de mediación.

Operativo cerrojo y muerte del sospechoso

Tras efectuar el disparo mortal, el atacante escapó rápidamente del lugar, lo que motivó un amplio despliegue policial con cortes preventivos en los accesos al casco céntrico y un operativo cerrojo que se extendió hacia El Carril, Viñaco y la Ruta Provincial 33. En paralelo, los investigadores resguardaron la escena y comenzaron a relevar las cámaras de seguridad municipales para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.

Horas después, fuentes policiales confirmaron que el principal sospechoso —identificado como el efectivo policial Carlos Enrique Pascal, de 32 años— fue localizado con heridas autoinfligidas. Si bien en un primer momento circularon versiones sobre su detención o un hallazgo sin vida en el lugar, se precisó oficialmente que fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde posteriormente se produjo su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios (UFEM), quien dirige las diligencias periciales tanto para esclarecer la mecánica del femicidio como las circunstancias exactas en las que el efectivo resultó herido antes de morir.

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Caso de Romina Valverdi: denunció años de violencia sin ser escuchada y terminó imputada por matar a su agresor

La dramática historia de la mujer salteña de 39 años llegó a los medios nacionales y generó fuerte indignación. Tras años de golpizas, amenazas de muerte, un acampe frente a tribunales y el retiro irregular de su custodia, hoy cumple prisión domiciliaria con tobillera mientras su defensa impulsa el enjuiciamiento de una fiscal, una defensora y una jueza de Género.

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El estremecedor caso de Romina Valverdi, una mujer de 39 años oriunda de Tartagal, trascendió las fronteras de Salta, llegó a los medios nacionales y conmueve a todo el país al exponer una cadena de desprotección institucional frente a la violencia de género extrema. Hoy, tras haber sobrevivido a años de tormento y terminar acusada por la muerte de su agresor, su defensa avanza con un contundente pedido de juicio político contra tres funcionarias judiciales que intervinieron previamente sin brindarle resguardo.

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La historia de Valverdi está atravesada por la vulnerabilidad desde su infancia. Tras escapar de un hogar marcado por el alcoholismo y el maltrato, a los 17 años conoció a Mario «Titino» Barraza, un dirigente gremial de desocupados con fuerte peso territorial en Tartagal, 20 años mayor que ella, quien la llevó a su vivienda y la sometió durante décadas a un calvario de golpes, humillaciones delante de sus hijos —dos de ellos con discapacidad— y amenazas constantes.

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Denuncias ignoradas, custodia retirada y un acampe desesperado Desde 2019, Romina acudió reiteradamente a la Justicia para pedir medidas de protección y restricciones perimetrales. Sin embargo, cada intento por escapar terminaba frustrado: cuando logró refugiarse en la localidad de Dragones, Barraza irrumpió en el domicilio donde se escondía acompañado por efectivos policiales que le habían revelado su paradero.

En abril de este año, tras una nueva denuncia por amenazas de muerte, la Justicia dispuso una consigna policial en su domicilio, pero el efectivo se retiró a las pocas horas alegando una orden superior de su comisario. Desesperada ante la falta de respuestas, los días 8 y 9 de septiembre Valverdi encabezó un acampe frente a los tribunales de Tartagal reclamando ser escuchada por las autoridades judiciales con competencia en violencia de género, sin obtener soluciones efectivas.

El ataque del 9 de noviembre y el trágico desenlace

La situación alcanzó su punto límite el pasado 9 de noviembre, cuando Romina se encontraba trabajando en una casa de familia. Barraza irrumpió violentamente en la vivienda donde estaban sus hijos, rompió a patadas las puertas delantera y trasera y comenzó a buscarla a los gritos para matarla.

Los audios enviados ese día por sus hijos reflejan el terror vivido: un niño de 10 años rogó por mensaje a una pastora evangélica que resguardara a su hermanita con discapacidad por temor a que su padre la asesinara, mientras que otra hija mayor le advirtió a su madre que escapara de Tartagal porque la estaba «cazando» para matarla. Pese a que la Policía acudió al domicilio tras un llamado de auxilio, los uniformados solo identificaron a Barraza y se retiraron sin detenerlo.

Al regresar desesperada para proteger a sus hijos, Romina mantuvo un enfrentamiento con Barraza dentro de la vivienda, episodio en el que el hombre recibió una herida mortal de arma blanca en el cuello.

Tras el hecho, Valverdi fue detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua. Luego de permanecer alojada en una cárcel común —mientras vecinos de Tartagal se movilizaban y su hermana se encadenaba frente a tribunales exigiendo su libertad—, el juez Alvarado le concedió la prisión domiciliaria en atención a sus hijos que requieren cuidados especiales.

Norte salteño | Mató a su expareja en Tartagal y su defensa alegará exceso  de legítima defensa - Cuarto

Paradójicamente, Romina cuenta hoy con tobillera electrónica y custodia policial permanente en su humilde vivienda, no para protegerla como víctima, sino para evitar una eventual fuga, viéndose además impedida de salir a trabajar para sostener a su familia. «Esto no hubiera pasado si hubieran hecho su trabajo. Si alguien hubiera actuado, yo estaría libre y él estaría vivo», expresó la mujer en declaraciones públicas.

Frente a la gravedad de las omisiones estatales previas al desenlace fatal, el abogado defensor Alexis Rambert confirmó la presentación del pedido de juicio político contra tres funcionarias del fuero especializado de Tartagal: Lorena Martínez, fiscal de Violencia de Género, Valeria Magadán, defensora de Violencia de Género y Susana Elba Menéndez, jueza de Violencia de Género.

La defensa sostiene que las magistradas y funcionarias contaban con múltiples denuncias y elementos probatorios previos para evitar que la situación escalara hasta un desenlace irreversible.

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Salta participa del Operativo de Integración Interprovincial del NOA y NEA junto a seis provincias y fuerzas federales

Con despliegues de la Policía de la Provincia y el apoyo de Gendarmería Nacional, se intensifican los controles vehiculares, la identificación de personas y la inspección de cargas en rutas nacionales, provinciales y caminos alternativos que conectan al norte argentino.

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El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia de Salta, participa activamente del Operativo de Integración y Seguridad Interprovincial del NOA y NEA, un despliegue coordinado de gran escala que reúne a las fuerzas policiales de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Catamarca, junto con el respaldo de Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales.

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Las acciones operativas comenzaron en la víspera en puntos estratégicos establecidos a lo largo de las siete jurisdicciones involucradas. El dispositivo contempla la instalación de puestos fijos y móviles sobre rutas nacionales, rutas provinciales y caminos alternativos que integran los corredores viales del norte argentino, incluyendo zonas clave de tránsito como el sur salteño.

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Durante los procedimientos, los efectivos llevan adelante controles vehiculares, identificación de personas, fiscalización de documentación e inspección detallada de cargas con el objetivo de prevenir delitos complejos y reforzar la seguridad vial y fronteriza.

Para ejecutar el operativo se afectaron recursos humanos y tecnológicos especializados de las siguientes divisiones:

  • Investigación y narcotráfico: Drogas Peligrosas, División Antinarcóticos K9 (canes), Investigaciones y Ciberseguridad.

  • Prevención y control territorial: Seguridad Vial, Motoristas, Policía Rural y Ambiental e Infantería.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que esta articulación interjurisdiccional permite fortalecer la presencia preventiva en los límites interprovinciales, cruzar información en tiempo real y optimizar la capacidad de detección e intervención temprana de las fuerzas de seguridad en toda la región.

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