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Nacionales

Fuerte temporal en Córdoba: evacuados, voladuras de techos y cortes en la Ruta Nacional 158

Intensos vientos de hasta 90 km/h y lluvias que superaron los 115 milímetros provocaron graves destrozos, inundaciones y suspensión de clases en distintas localidades del interior cordobés.

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Un severo temporal de lluvia y viento azotó a diversas localidades de la provincia de Córdoba entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes 20 de noviembre, dejando como saldo familias evacuadas, importantes daños materiales y complicaciones en la transitabilidad vial.

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En las ciudades de San Francisco y Calchín Oeste se registraron ráfagas de viento que alcanzaron los 90 km/h, provocando la voladura de techos, caída de árboles de gran porte, daños en el tendido eléctrico y cortes prolongados del suministro de energía.

Por otra parte, la intensa caída de agua generó anegamientos e inundaciones en General Cabrera y General Deheza, donde las autoridades locales debieron evacuar a vecinos afectados y disponer la suspensión preventiva de las clases. En General Deheza, los registros pluviométricos alcanzaron los 117 milímetros.

Complicaciones en las rutas

Como consecuencia de la acumulación de agua sobre la calzada, la Ruta Nacional 158 presenta cortes totales y restricciones en la circulación, con especial complicación en el tramo comprendido entre las localidades de Las Perdices y General Deheza, por lo que se solicita a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones viales.

Desde el Gobierno de Córdoba informaron que se encuentran coordinando operativos de asistencia y relevamiento junto a los municipios afectados, Defensa Civil y equipos de emergencia para brindar contención a las familias damnificadas.

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Nacionales

Informe de Unicef: 4 de cada 10 adolescentes hacen «changas» para ayudar en sus hogares

La décima encuesta de la agencia de la ONU advierte que más del 40% de las familias con niños no logra cubrir sus gastos básicos, mientras aumenta la postergación de consultas médicas y la compra de alimentos con crédito.

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Un nuevo relevamiento presentado este viernes por Unicef Argentina encendió las alarmas sobre la situación socioeconómica de las familias con niños y adolescentes en el país. Según la décima ronda de su encuesta nacional —realizada de manera presencial en 1.865 hogares y representativa de 6,5 millones de familias—, más del 40% de los hogares con chicos no alcanza a cubrir sus gastos corrientes, lo que equivale a unos 2,7 millones de familias.

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De acuerdo con el estudio finalizado en septiembre de este año, los indicadores retrocedieron a niveles similares a los de 2023 (41%), luego de haber mostrado una mejora durante 2025 (31%).

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Frente a la pérdida de poder adquisitivo, el informe señala que 4 de cada 10 adolescentes (40%) debieron salir a realizar algún trabajo informal o «changa» al menos una vez por semana durante los últimos seis meses para sumar ingresos al hogar, una cifra que creció 12 puntos respecto al año pasado (28%). Si se toma el total de los hogares relevados, en el 55% al menos un integrante recurrió a un segundo empleo o changa, porcentaje que trepa al 61% entre quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Endeudamiento para comer y salud postergada

El reporte de la agencia de la ONU detalla las principales estrategias que adoptaron las familias para afrontar la falta de ingresos:

  • Restricción de consumos: El 60% compra alimentos de menor precio y el 43% directamente debió dejar de comprar algún producto alimenticio por falta de dinero. Además, el 29% de los adultos y el 9% de los niños tuvieron que saltearse alguna comida diaria.

  • Deudas para lo básico: La mitad de los hogares (50%) tiene al menos una deuda activa. El uso de la tarjeta de crédito para financiarse se duplicó en un año (pasó del 16% al 32%), siendo la compra de alimentos el principal motivo de endeudamiento (42%), seguido por el pago de servicios y vivienda (26%).

  • Atrasos en servicios: El 44% de las familias dejó de pagar algún servicio en el último semestre, encabezando la lista las tarjetas de crédito (23%), la electricidad (13%) e internet (11%).

  • Salud en pausa: El ítem de postergación de atención sanitaria alcanzó el punto máximo de toda la serie histórica: el 36% de los hogares dejó de ir al médico o al dentista por falta de dinero y el 21% suspendió la compra de medicamentos.

Preocupación por la salud mental adolescente

El estudio incluyó un apartado sobre la realidad de los jóvenes de entre 13 y 17 años, donde se observó un crecimiento sostenido desde 2022 en problemáticas emocionales y de convivencia: el 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Asimismo, el bullying escolar alcanzó al 17% de los encuestados (unos 400.000 adolescentes) y el 38% aseguró conocer a algún par que realiza apuestas online.

Entre los temas que más preocupan a los jóvenes argentinos figuran el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%), la salud mental (43%), la violencia (40%) y la falta de oportunidades laborales (36%).

Recomendaciones y postura oficial Ante este escenario, desde Unicef solicitaron priorizar presupuestariamente a la infancia, proteger los comedores escolares y sostener la actualización de las transferencias sociales, advirtiendo que la Prestación Alimentar perdió capacidad de compra frente a la inflación.

Por su parte, los datos oficiales del Indec del primer semestre ubicaron la pobreza general en el 32,3% y la pobreza infantil en el 44,5%. Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación señalaron que el repunte de los últimos meses responde a un efecto «transitorio» y destacaron que, en comparación con el pico del primer trimestre de 2024, 1,8 millones de niños y adolescentes salieron de la pobreza y 1,5 millones de la indigencia.

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Nacionales

El Senado sancionó la ley de discapacidad con actualización mensual por inflación

Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, la Cámara Alta convirtió en ley el régimen definitivo que reemplaza a la emergencia que vence a fin de año. Tras el impacto de la visita del papa León XIV y fuertes tironeos internos en el oficialismo, la oposición advirtió que vigilará la reglamentación y el cumplimiento efectivo de los fondos por parte del Ejecutivo.

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En una extensa sesión parlamentaria, el Senado de la Nación sancionó por unanimidad —con 71 votos a favor y ninguno en contra— la ley que establece un régimen permanente para el sector de la discapacidad, dejando atrás el esquema de emergencia que caduca a fin de año. La norma, que ya había cosechado un amplio respaldo en Diputados con 237 avales, busca regularizar las prestaciones, garantizar el financiamiento y saldar los atrasos con los prestadores.

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Ahora el texto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y reglamentación. Si bien el Gobierno conserva la facultad constitucional de aplicar un veto total o parcial, el abrumador consenso legislativo alcanzado en ambas cámaras —sumado al protagonismo de espadas oficialistas como Patricia Bullrich en el Senado y María Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo en Diputados— deja a la Casa Rosada con escaso margen político para frenar la iniciativa, más aún tras el antecedente del veto anterior que fue rechazado por el Congreso y terminó judicializado.

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El eco del papa León XIV y las desconfianzas de la oposición El debate estuvo fuertemente atravesado por las palabras pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole: «El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes».

En las bancadas opositoras persiste una marcada desconfianza respecto a la voluntad real del Gobierno nacional de ejecutar la norma. El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó lo que calificó como un «repentino y simulado interés» oficialista y advirtió: «Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad».

Las dudas opositoras se apoyan también en las recientes contradicciones dentro del propio oficialismo: días atrás, el Ejecutivo había enviado el proyecto de Presupuesto 2027 con artículos que derogaban precisamente la actualización automática de aranceles que negociaban sus propios legisladores, un cortocircuito que desató la furia pública de Patricia Bullrich contra la mesa política nacional («No me tomen por tonta»).

Los puntos centrales de la nueva ley

  • Actualización por inflación y nomenclador: garantiza la actualización mensual automática por inflación del nomenclador universal de prestaciones, blindando el valor real de los aranceles frente a la suba de precios.

  • Cancelación de deudas a prestadores: obliga al Ejecutivo a presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y fija un plazo máximo de 90 días para saldar las compensaciones adeudadas.

  • Pensiones e Incluir Salud: fija por ley los requisitos de acceso a las pensiones por discapacidad (contar con el Certificado Único de Discapacidad, evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos) y asegura a todos los titulares de pensiones por invalidez las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.

  • Blindaje presupuestario y empleo: mantiene vigente la Ley 26.816 de empleo protegido y habilita el uso de fondos del Tesoro Nacional en caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes.

En el inicio de la misma jornada, el bloque peronista también logró acordar que en la próxima sesión del jueves 26 de noviembre —donde el oficialismo buscará tratar la suspensión de las PASO— se incorporen al temario el proyecto con media sanción para prevenir la ludopatía y la prórroga del Estatuto del Periodista.

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Nacionales

Insólito: una diputada salteña pidió asistencia estatal para salvar a las clínicas privadas

Se trata de María Gabriela Flores, legisladora nacional por La Libertad Avanza. Durante un plenario de comisiones, defendió una iniciativa destinada a sanear las deudas que sanatorios y laboratorios privados mantienen con el Estado, argumentando que «el sector público siempre sigue funcionando», mientras que el privado «corre el riesgo de desaparecer».

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Un llamativo planteo protagonizó en el Congreso de la Nación la diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, quien en abierta contradicción con la doctrina ortodoxa de libre mercado y «no intervención estatal» que pregona el oficialismo nacional, impulsó un proyecto de ley para que el Estado auxilie y sanee las cuentas del sector privado de la salud.

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La intervención tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí, la legisladora salteña sostuvo que resulta urgente rescatar financieramente a clínicas, sanatorios y laboratorios privados bajo el argumento de que, sin ellos, el sistema sanitario no podría atender a toda la población.

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La insólita comparación entre el sistema público y el privado

En uno de los pasajes más controvertidos de su exposición, Flores minimizó la crisis presupuestaria que atraviesan los hospitales públicos y aseguró que el verdadero riesgo de desaparición recae sobre las empresas privadas del sector: «Es urgente y necesario tomar de frente cuál es la situación que tiene el sector privado dentro de la salud. Porque el sector público siempre, de una u otra manera, sigue funcionando; el sector privado corre el riesgo de desaparecer», afirmó.

Acto seguido, la diputada libertaria reconoció el deterioro en la capacidad de respuesta de los hospitales estatales para justificar el salvataje al ámbito privado: «Escuchamos muchas veces a distintos institutos que pertenecen a hospitales o sanatorios privados, incluso universitarios, con descubrimientos y nuevos tratamientos que se empiezan a gestionar desde lo privado ante una salud pública que está un poco colapsada en la atención», sostuvo.

Para fundamentar el alcance de la iniciativa legislativa, Flores apeló a una metáfora médica al señalar que el sector sanitario privado lleva 25 años de prórrogas de emergencia sin solución definitiva, y propuso iniciar el rescate aliviando sus compromisos fiscales y financieros con las arcas públicas: «¿Qué pasaría si colaboramos con que el sector privado —y ese es el objetivo de esta ley— pueda sanear lo más urgente de esta emergencia? Vamos a empezar por lo más grave que le sucede, quizás son sus cuentas con el Estado, a solucionar eso para después poder ir avanzando en otras soluciones», concluyó.

Las declaraciones de la representante salteña generaron inmediata repercusión y cuestionamientos en redes sociales y ámbitos políticos. Desde sectores críticos del Gobierno nacional señalaron tanto la contradicción ideológica de reclamar intervención y auxilio estatal para empresas privadas como el hecho de advertir sobre el colapso de la salud pública sin atribuirlo al recorte presupuestario y a las políticas de ajuste impulsadas por el propio Estado nacional y el espacio político que la legisladora representa.

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