Con una partida de más de 23 mil millones de pesos, el oficialismo busca bajar la edad de imputabilidad esta misma semana. Mientras el Gobierno insiste con los 13 años para frenar a las «bandas que usan menores», la oposición dialoguista planta bandera en los 14.
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Redacción
El Congreso de la Nación se prepara para una semana de máxima tensión. El Gobierno nacional envió este lunes el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil, con una diferencia clave respecto al intento fallido del año pasado: esta vez hay plata. Con una asignación específica de $23.739.155.303,08, el Ejecutivo busca acallar las críticas sobre la falta de infraestructura y especialistas, proponiendo un sistema donde niños de 13 años puedan recibir penas de hasta 20 años de prisión por delitos graves como homicidios, violaciones o secuestros.
Aunque el texto oficial insiste en el piso de los 13 años, en los pasillos de Diputados el consenso parece estancado en los 14 años. Bloques como el PRO y la UCR ya adelantaron que no acompañarán la baja a los 13, lo que obligará al oficialismo a negociar si quiere dictaminar este mismo miércoles para sesionar el jueves 12 de febrero.
El proyecto plantea un régimen diferenciado del de los adultos. Los puntos centrales incluyen:
Centros especializados: Prohibición absoluta de convivencia con presos mayores.
Personal capacitado: Equipos médicos y docentes especializados en adolescencia y adicciones.
Penas máximas: Hasta 20 años de encierro, sin posibilidad de reclusión perpetua.
Medidas alternativas: Para delitos menores (penas de hasta 3 años), se priorizarán tareas comunitarias y reparación del daño.
El argumento del Gobierno es pragmático: evitar que las redes criminales utilicen a menores como «mano de obra barata» aprovechando su actual inimputabilidad. «Es darle una respuesta a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes», reza el proyecto.
Sin embargo, las voces críticas no tardaron en aparecer. ¿Tiene el Estado la capacidad real de «resocializar» a un niño de 13 años en un instituto de menores? ¿O estamos simplemente adelantando el ingreso de los chicos al sistema carcelario?
Un punto que busca generar consenso es el refuerzo de los derechos de las víctimas. El proyecto les garantiza patrocinio gratuito, asistencia psicológica y el derecho a ser escuchadas en todo el proceso, algo que hoy muchas familias sienten como una deuda pendiente de la justicia.
El miércoles se sabrá si hay dictamen y si el jueves Argentina amanece con un nuevo paradigma para su juventud en conflicto con la ley.
