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Anta

Desarticulan un operativo de usurpación, abigeato y desmonte en un mega campo de Talavera

Tras tres días de allanamientos a metros del límite con Santiago del Estero, la Justicia salteña detuvo a siete personas pertenecientes a una banda acusada de apoderarse de 2.500 hectáreas. El grupo montó campamentos armados, extorsionó a productores rurales, taló miles de quebrachos e instaló retenes ilegales en la zona.

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Un megaoperativo conjunto entre la Policía de Salta y el Ministerio Público Fiscal irrumpió en un predio de 11.800 hectáreas ubicado en Talavera (departamento Anta), muy cerca de la frontera con Santiago del Estero. El despliegue, que duró tres días e involucró a 40 efectivos en camionetas y motos, permitió desmantelar una compleja red delictiva dedicada a la usurpación de tierras, abigeato, extorsión a productores y deforestación ilegal de montes nativos.

La investigación se inició tras la denuncia de los administradores de la finca Santa Rita (perteneciente a la firma Agrosol S.A.), quienes alertaron que desde principios de 2026 una banda armada se apoderó ilegalmente de unas 2.500 hectáreas. Una vez asentados, los delincuentes rompieron alambrados, cerraron caminos públicos e instalaron retenes con gente armada y chalecos para controlar el paso en la zona.

Armas, secuestros y detenciones

Al ingresar a los dos campamentos clandestinos montados en el monte, las fuerzas de seguridad detuvieron a siete personas y secuestraron dos pistolas, hachas, motosierras, motoguadañas, un camión con rastra, maquinaria pesada y cientos de postes de quebracho colorado y blanco cortados sin autorización ambiental. 

Por resolución del juez de Garantías Héctor Guzmán, cuatro de los implicados —Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45)— quedaron alojados bajo prisión preventiva por abigeato y portación de armas. En tanto, Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) continúan imputados pero en libertad. La fiscal penal Celeste Pisacic no descartó ampliar los cargos al analizar los peritajes de entre 8 y 10 teléfonos celulares incautados.

Extorsiones millonarias, trata laboral y usucapión como fachada

La causa sacó a la luz un modus operandi aceitado que se repite en varias provincias del NOA. Una vez que la banda ocupa el predio, inicia demandas de usucapión en la Justicia civil para obtener medidas cautelares de «no innovar». Así, aprovechan la demora de los procesos judiciales para arrebatar ganado a los vecinos y explotar la madera del bosque nativo.

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Según consta en el expediente, los imputados exigían el 50% del ganado a los productores colindantes o solicitaban coimas de entre $3.000.000 y $10.000.000 a cambio de no robarles los animales o arrearlos a la fuerza hacia el terreno usurpado.

Además, en el marco de la investigación intervino la Justicia Federal por una causa de posible trata de personas con fines de explotación laboral, al hallarse a 20 trabajadores (incluido un menor de edad) viviendo en cuatro puestos en condiciones sumamente precarias dentro del monte.

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