Un grave caso de presunto acoso cibernético y hostigamiento contra un estudiante de 14 años sacude al municipio de El Quebrachal, en el departamento Anta. La denuncia apunta directamente contra un docente de la Escuela de Educación Técnica N° 3.126 y exfuncionario de la Secretaría de Eventos, Protocolo y Ceremonial durante la gestión del intendente Rolando Rojas.

La causa se originó cuando los padres del adolescente descubrieron que el profesor mantenía contactos frecuentes con el menor fuera del horario escolar mediante llamadas, mensajes de texto y el envío de fotografías íntimas con configuración de lectura única. Ante el hallazgo, la familia radicó la denuncia penal en la Comisaría N° 2, dándole intervención a la Fiscalía Penal de la zona.

Cámara Gesell y el dramático testimonio de la madre

En el marco de la investigación judicial, el menor fue sometido a una pericia en Cámara Gesell, donde ratificó los hostigamientos que venía sufriendo. La situación impactó de manera severa en la salud mental del adolescente y en la contención familiar.

En declaraciones periodísticas, la madre de la víctima expuso el calvario que atraviesan: «Llegué a pensar que mi hijo se iba a quitar la vida. Sale poco, no lo dejo salir mucho para evitar todo esto. De a poco, con el psicólogo, va a ir enfrentando a la sociedad. A mí como madre, y a él también, nos cayó muy mal». Asimismo, la mujer señaló que existen versiones sobre presuntos antecedentes similares con otros alumnos que jamás llegaron a la justicia.

A nivel administrativo, tras activarse el protocolo de protección contra el maltrato y abuso infantil, el Ministerio de Educación emitió una disposición conjunta apartando al docente de sus 39 horas cátedra frente a alumnos. Sin embargo, la medida de reubicación desató una profunda indignación familiar.

Por recomendación psicológica, el alumno fue traslado a la Escuela Técnica N° 3.147, establecimiento donde su madre se desempeña como preceptora. Pese a que sobre el acusado pesa una orden de restricción perimetral de 200 metros a favor de la víctima y su familia, las autoridades educativas enviaron al denunciado a cumplir funciones administrativas exactamente a la misma institución educativa.

«Soy preceptora en la técnica y no podía permitir que esto se tape. Quiero que se determine esto de una sola vez y que no quede en nada», recriminó la madre, exigiendo la intervención urgente de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la restricción judicial y la seguridad de su hijo.

El departamento Anta sumó un paso clave en materia de infraestructura y prevención del delito. En una jornada de fuerte trascendencia institucional, el ministro de Seguridad de la Provincia, Gaspar Solá Usandivaras, presidió el acto oficial de inauguración de las flamantes obras ejecutadas en el edificio del exhospital de El Quebrachal, predio donde a partir de ahora funciona la dependencia policial local, la cual fue formalmente recategorizada al rango de Comisaría.

La transformación del espacio físico representa una mejora sustancial para el desempeño de la fuerza y la atención vecinal. El nuevo complejo policial fue diseñado bajo criterios modernos de funcionalidad y dispone de una amplia sala de espera, oficinas administrativas para trámites y denuncias, sanitarios, cocina, patio interno y un salón de usos múltiples (SUM) destinado a capacitaciones y reuniones comunitarias.

Uno de los sectores que demandó mayor inversión técnica fue el área destinada al alojamiento de personas privadas de la libertad. Para ponerlo en funcionamiento bajo las normativas vigentes, la Policía de Salta equipó las celdas con colchones ignífugos de alta seguridad y mobiliario específico diseñado para garantizar el resguardo físico tanto de los internos como del personal de guardia.

Asimismo, la seguridad del ala de detención se reforzó con la instalación de un sistema de monitoreo interno permanente con cámaras de alta definición, cuyas imágenes son controladas en tiempo real desde una sala auxiliar de la propia comisaría, permitiendo una vigilancia constante y efectiva.

Durante su discurso, el ministro Solá Usandivaras ratificó la política estatal de seguir robusteciendo los recursos de seguridad en el suelo anteño. En ese marco, el funcionario lanzó un importante anticipo: la próxima creación de una nueva dependencia policial en el paraje El Vencido. Esta futura base es considerada por la cúpula policial como un punto estratégico fundamental para blindar la presencia preventiva y potenciar los operativos de control sobre la Ruta Provincial 46.

El Ministro recordó además que estas acciones forman parte de un plan integral que ya incluyó, en los últimos meses, la entrega de nuevos patrulleros cero kilómetro en diversas localidades del departamento y la incorporación de una importante tanda de nuevos efectivos destinados al Distrito de Prevención N° 5.

Por su parte, el intendente local expresó su profundo agradecimiento a las autoridades y felicitó especialmente el compromiso de los propios agentes policiales que colaboraron activamente con la mano de obra para concretar la remodelación del edificio, destacando los beneficios del trabajo articulado entre el municipio y la Provincia.

La inauguración contó con un marco político e institucional de gran relevancia para el sur y este salteño. Estuvieron presentes el jefe de Policía, Diego Bustos; el subjefe, Walter Toledo; y el director del Distrito de Prevención 5, Carlos Teseyra. El ámbito judicial estuvo representado por el juez de Garantías de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán, y miembros del Ministerio Público Fiscal.

Un dato que evidenció el interés regional por la seguridad en los corredores viales fue el acompañamiento de varios intendentes vecinos, entre ellos Domingo Aguirre (Joaquín V. González), Fernando Alabi (Las Lajitas) y Carlos Funes (Embarcación), quienes compartieron el corte de cintas junto a las familias y vecinos de El Quebrachal.

La fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, informó que en el marco de una causa que tramita en su Fiscalía, tras la denuncia realizada en contra de los miembros de la comunidad originaria por usurpación, se realiza este miércoles una audiencia de mediación entre las partes, como una posibilidad de alcanzar una resolución alternativa al conflicto.

Encabeza la audiencia, la mediadora penal del Ministerio Público Fiscal, Viviana Sosa, participan las partes y en representación del área de Asuntos Indígenas de la Provincia, Sandra Ruiz.

El conflicto se debe a la denuncia del propietario registral de las tierras a miembros de la comunidad originaria de la etnia wichi, «Isidro Moreno» de El Quebrachal por la supuesta comisión del delito de usurpación.

García Pisacic destacó que la mediación, como método de resolución alternativa de conflictos, ofrece en la faz penal una valiosa oportunidad para las partes de lograr un acuerdo evitando la instancia judicial.

Desde la reforma del Código Procesal Penal, Salta fue una de las pocas provincias que incorporó en su Código la mediación como método de resolución alternativo y a partir de esto, el Ministerio Público Fiscal puso en funcionamiento en las fiscalías penales descentralizadas del distrito Centro y en la mayoría del interior de la provincia, oficinas de Mediación para acercar esta posibilidad a las partes.