En una demostración de pragmatismo legislativo para blindar los intereses del sector financiero, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados montó una maniobra táctica para paralizar el tratamiento de los proyectos de ley que buscaban ponerle un freno a la crisis por el endeudamiento familiar en la Argentina. Con la complicidad de abstenciones clave —como las del bloque de Provincias Unidas referenciado en el cordobés Martín Llaryora—, la moción oficialista para devolver los dictámenes a comisión se impuso ajustadamente por 121 votos a favor contra 117 en contra.

La jugada del oficialismo se ejecutó al constatar que no contaba con los votos necesarios para aprobar su propio dictamen: una propuesta tibia centrada únicamente en dictar «cursos de educación financiera» y transparente información de costos, sin tocar una sola coma de los márgenes de ganancia bancarios. Manteniendo la premisa del presidente Javier Milei de que las deudas ahogantes son estrictamente «un problema entre privados», La Libertad Avanza rechazó rotundamente fijar topes de tasas o establecer reestructuraciones obligatorias, argumentando que regular el mercado crediticio «provocaría una retracción».

Por el contrario, las propuestas de la oposición —encabezadas por bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Argentina Federal— apuntaban a declarar la emergencia social y económica por endeudamiento. Entre las medidas frenadas figuraban la creación de programas de desendeudamiento para sectores vulnerables, topes a los intereses punitorios, cuotas que no superaran el 30% de los ingresos y tasas de refinanciación acordes a los plazos fijos mayoristas (TAMAR) o a la tasa de personas humanas del Banco Central.

Al no establecerse una fecha límite para emitir un nuevo dictamen, legisladores de la oposición denunciaron sin ambages que el pase a comisión busca simplemente «cajonear» y dilatar la discusión. Mientras la mora y las deudas para comprar alimentos o pagar servicios básicos continúan asfixiando a los hogares, la respuesta del Gobierno en el Congreso fue archivar el debate y dejar la resolución de la crisis a merced de la desregulación total del mercado.

La tensión en las rutas nacionales de la Argentina alcanzó un punto crítico. El descontento acumulado por el deplorable estado de la red vial, sumado a los recientes esquemas de aumentos, la imposición de sistemas digitales con recargos y la eliminación del pago en efectivo, desencadenó una reacción en cadena de usuarios, vecinos, intendentes y cámaras del transporte en diversos puntos del territorio nacional.

En el Norte, sobre la Ruta Nacional 9/34 y otros accesos del NOA, la controversia escaló tras denuncias ante Defensa del Consumidor y la presentación de acciones judiciales impulsadas por la aplicación de recargos del 100% por no usar TelePASE, la falta de mantenimiento básico y el reclamo de intendentes que exigen repavimentación urgente antes de habilitar el cobro.

En Cuyo y la Cordillera, rutas estratégicas como la RN 7 en Mendoza, camioneros y transportistas internacionales se volcaron a la protesta directa, avanzando con barreras bajas y cuestionando en las cabinas la legalidad de exigir peaje sobre tramos con grietas, deformaciones y falta de banquinas.

En la Región Pampeana y el Litoral, la bronca se replica sobre rutas de alto tránsito de carga pesada como la RN 3, la RN 11 y la RN 33, donde automovilistas y productores agropecuarios vienen denunciando de forma sistemática que el estado de la carpeta asfáltica pone en riesgo la seguridad vial diaria, convirtiendo el pago del peaje en una penalización injustificada.

Este escenario de conflicto se profundiza en el marco del freno total a la obra pública nacional dispuesto por el Gobierno de Javier Milei y su premisa de privatizar la totalidad de los corredores viales del país. El malestar social radica en la lógica del nuevo esquema privatizador: las empresas concesionarias desembarcan en las rutas e instalan los cobros o incrementan sustancialmente las tarifas de inmediato, pero sin realizar ningún tipo de mejora o inversión previa sobre la carpeta asfáltica. De este modo, la carga financiera recae directamente sobre el usuario, que debe pagar el doble por transitar por trazas destruidas mientras la inversión en infraestructura permanece completamente congelada.

El fenómeno de El Niño continúa generando un fuerte impacto en el territorio argentino con episodios de tormentas, precipitaciones intensas, nevadas e históricas crecidas de ríos. Las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas en la materia coinciden en que el pico máximo del evento se alcanzará entre el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027, con la posibilidad de que sus efectos se prolonguen hasta el otoño del año entrante.

La región del Litoral atraviesa la situación más crítica debido a la crecida extraordinaria del río Paraná y del río Uruguay, alimentados por las abundantes lluvias caídas en la Mesopotamia y en los estados del sur de Brasil. En la ciudad de Corrientes el nivel del río rozó los 7 metros, activando la fase de evacuación en localidades ribereñas como Itatí y Goya, mientras que en Chaco se declaró la alerta roja para los sectores ubicados fuera del sistema de defensas urbanas. Desde la entidad binacional Yacyretá explicaron que se trata de ciclos naturales extraordinarios que demandan un monitoreo constante de los embalses y descargas coordinadas con Itaipú.

En contraste con las inundaciones del noreste, el ingreso de aire frío e inestabilidad climática genera alertas por nevadas persistentes de 15 a 30 centímetros en la cordillera de Mendoza y San Juan, además de precipitaciones con acumulados significativos en Neuquén, La Pampa y la región pampeana. Asimismo, el marcado descenso térmico provocó heladas agronómicas tardías en la zona central del país, representando un severo riesgo para los cultivos en etapas de brote y floración.