En un contundente fallo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del exintendente de Coronel Juan Solá (Rivadavia Banda Norte – Morillo), Atta Miguel Gerala, y lo condenó por el desmantelamiento sistemático y contrabando de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano. La decisión de los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo (con la disidencia de Alejandro Slokar) dio lugar al recurso impulsado por el Ministerio Público Fiscal tras la absolución dictada en abril pasado por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta.

La investigación judicial, iniciada en agosto de 2023, al descubierto una estructura criminal dedicada a la sustracción de rieles ferroviarios trasladados en camiones hacia la frontera con Bolivia y cruzados en balsas de goma. Por esta causa ya fueron condenados mediante juicios abreviados el hijo del exjefe comunal, José Miguel “Yopi” Gerala, y el comerciante David Medina a 6 años de prisión, además de personal de Gendarmería Nacional.

Para la mayoría del tribunal de alzada, la valoración previa de las pruebas fue arbitraria y fragmentada. Casación remarcó que Gerala condujo los destinos del municipio durante casi tres décadas, lo que le otorgaba un pleno control territorial e institucional sobre la zona donde, a plena luz del día y durante ocho meses, se saquearon las vías públicas utilizando incluso vehículos particulares del funcionario y mano de obra de comunidades originarias locales. Asimismo, en su vivienda particular y taller municipal se habían incautado 15 rieles ilegales y herramientas de corte.

Ante este cuadro indiciario, el máximo tribunal penal declaró a Atta Miguel Gerala partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la intervención de tres o más personas, su condición de funcionario público y el valor de los bienes (superiores a los $558 millones), en concurso real con robo agravado en despoblado y en banda. Las actuaciones retornaron al TOF N° 2 para que fije la sanción cuantitativa correspondiente. En la misma resolución, Casación ratificó la condena a 3 años de prisión en suspenso contra el comisario Mauro Rodríguez por exigir coimas para habilitar el paso de los cargamentos.

Fuente: Infobae

La Secretaría de Gobierno de la Provincia de Salta y la Municipalidad capitalina anunciaron la realización de la segunda edición de la feria “Futuros Egresados”. Se trata de una propuesta diseñada para acompañar a estudiantes de nivel superior que desarrollan proyectos productivos como vía de generación de ingresos para sostener sus trayectorias educativas.

Tras el antecedente de su primera edición realizada el pasado 9 de mayo en el Parque del Bicentenario, el evento regresa para ofrecer a los jóvenes un espacio de exhibición, promoción y venta directa al público. La convocatoria para participar como expositores ya se encuentra abierta y los interesados tendrán plazo hasta el 22 de octubre para registrarse a través del formulario digital disponible en el Instagram oficial de la Secretaría de Gobierno (@gobiernosalta) o mediante el enlace: [https://forms.gle/34wf8QNFFfMwqZAJ7](https://forms.gle/34wf8QNFFfMwqZAJ7).

La nueva edición se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, de 17:00 a 22:00 horas, en la Plaza España de la ciudad de Salta, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos comerciales, adquirir productos elaborados por los alumnos y respaldar el emprendedurismo joven en la provincia.

La Justicia de Salta lleva adelante una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas en la Unidad Educativa N° 7160, conocida públicamente como la «escuela fantasma». La causa se inició tras la denuncia formal presentada por la docente Celia Alancay junto a su abogado Nicolás Vedia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), conducida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

Según consta en la denuncia, el organismo judicial investiga la designación de más de 300 personas dentro de una estructura que originalmente fue concebida mediante el Decreto 795/2004 con únicamente 22 cargos. Las actuaciones señalan que el establecimiento carecería de una sede física operativa y presentaría superposiciones de funciones con sobresueldos que oscilarían entre $1 millón y $1,5 millones mensuales por empleado. Ante esta situación, el Ministerio de Economía de Salta, a cargo de Roberto Dib Ashur, junto con la cartera de Educación, ordenaron de manera preventiva frenar las liquidaciones de los nombramientos que se encuentran bajo revisión.

El caso de Pablo Marcial y las dobles liquidaciones

En el marco del expediente judicial y de las revisiones administrativas sobre la nómina de personal, se constató la situación particular del dirigente político Pablo Marcial. Según los registros observados en la misma Unidad Educativa N° 7160, Marcial figura percibiendo dos remuneraciones de forma simultánea: una bajo el cargo de asistente escolar y otra como docente especial.

Marcial cuenta con un recorrido en la función pública que incluye un contrato en 2013 en la Gobernación para servicios generales, así como su paso por la Municipalidad de Salta como coordinador general de Asuntos Vecinales. La aparición de su nombre y de más de 300 contratos bajo la lupa genera fuertes cuestionamientos en el ámbito político e institucional respecto a los mecanismos de supervisión y validación de nóminas dentro de la gestión conducida por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales.