En medio de una recesión económica que continúa resintiendo el consumo y asfixiando al comercio minorista, las familias salteñas enfrentaron en septiembre un nuevo y duro impacto en la canasta familiar. De acuerdo con el relevamiento «Changuito Federal» realizado por la consultora Analytica, llenar el carrito del supermercado para una familia tipo (dos adultos y dos niños) en Salta costó $993.897, lo que representó un incremento del 4% mensual (+$57.913 respecto a agosto).

El informe, que mide los mismos productos, marcas y presentaciones en las plataformas online de los supermercados de todo el país, reveló que Salta se ubicó en el noveno lugar del ranking nacional, superando en costo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($982.749), el Conurbano Bonaerense ($979.140), Córdoba ($973.655) y la vecina provincia de Tucumán ($960.994). En el extremo más económico se posicionó Mendoza ($919.551), con una brecha de más de $74.000 respecto a los precios salteños, mientras que la lista nacional fue encabezada por las provincias patagónicas, que superaron el millón de pesos debido a sus mayores escalas salariales.

Entre los alimentos con subas más marcadas en septiembre se destacaron las verduras, con la cebolla liderando los incrementos con saltos de entre el 30% y el 60%, seguida por lácteos como la leche, que mostraron alzas de hasta un 5%.

Ventas en caída real

El encarecimiento constante de la canasta básica se refleja de forma directa en el consumo. Según la encuesta de supermercados del INDEC, aunque la facturación nominal en Salta alcanzó los $46.150 millones en julio, al descontar la inflación interanual se registró una caída real del 5,5% en las ventas. Pese a la contracción del volumen comprado, el ticket promedio en los supermercados salteños se ubicó en $39.555, marcadamente por encima de la media nacional de $34.981, confirmando la pesada carga que representa la alimentación en el presupuesto de los hogares salteños.

En el marco del reordenamiento de directivas y tras los graves episodios de violencia registrados en el norte provincial, el Ministerio de Seguridad de Salta ratificó de forma institucional su respaldo al personal policial que interviene en procedimientos para preservar el orden público y proteger la vida de la ciudadanía.

A través de un pronunciamiento oficial, la cartera que encabeza el ministro Nicolás Avellaneda precisó que ante escenarios de riesgo inminente que puedan derivar en lesiones graves o la muerte de ciudadanos o efectivos, el Estado provincial respalda el uso legítimo de la fuerza, incluido el empleo del arma reglamentaria provista por la institución. Las intervenciones deberán ajustarse a la escala gradual y progresiva fijada por la Resolución J.P. N° 11267/11, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, el Ministerio confirmó una medida clave para la contención del personal de calle: todo efectivo que actúe en legítima defensa o en cumplimiento del deber contará con el patrocinio jurídico gratuito y la asistencia directa de abogados civiles y de las áreas legales de la fuerza. La disposición se complementará con la intensificación de las jornadas de la Dirección de Entrenamiento Policial en técnicas de reducción, defensa personal y manejo responsable de armamento.

Luego del grave episodio ocurrido sobre la Ruta Nacional 34 en el acceso norte de Tartagal —donde dos efectivos resultaron heridos tras ser atacados por un sujeto armado con un cuchillo—, el Ministerio de Seguridad de Salta dispuso un paquete de medidas de aplicación inmediata en los 14 Distritos de Prevención de la provincia. La resolución busca ajustar los criterios de legítima defensa y respuesta ante situaciones donde la vida de terceros o de los propios agentes se encuentre en riesgo inminente.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, confirmó oficialmente que la provincia impulsará la compra de pistolas Taser y dispositivos disuasivos para dotar a la Policía de Salta de herramientas de control electrónico frente a agresiones a corta distancia, aunque por el momento no se precisaron montos de inversión, cantidades ni plazos de entrega.

En paralelo, la Jefatura de Policía transmitió que los cursos de formación técnica e intervención ante amenazas con armas blancas pasarán a ser estrictamente obligatorios y constituirán un requisito excluyente para los ascensos en todas las jerarquías policiales. «Ajustaremos la respuesta a la proporcionalidad del ataque recibido», indicaron fuentes policiales, al explicar la aplicación progresiva del uso de la fuerza frente al escaso tiempo de reacción que representan las agresiones dentro del radio de los siete metros.