En una jornada de alta temperatura política que coincidió con el paro general de la CGT, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. El triunfo oficialista fue celebrado desde los palcos por figuras clave del Ejecutivo, como Karina Milei y Manuel Adorni, aunque el texto deberá volver a la Cámara Alta para su ratificación final.

El resultado de 135 votos positivos se consolidó gracias a una alianza entre La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales. Fue determinante el acompañamiento de legisladores de Misiones y Salta (Innovación Federal), así como de sectores que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Incluso un sector del interbloque Provincias Unidas, liderado por la santafesina Gisela Scaglia, terminó aportando votos favorables, descolocando a la oposición dura que esperaba un rechazo más amplio.

Los puntos más polémicos aprobados

A pesar de la resistencia de Unión por la Patria y la Izquierda, el oficialismo logró imponer artículos estructurales:

• Indemnizaciones: Se aprobó (130 a 117) la creación de un fondo de cese laboral para financiar despidos, punto crítico para el plan económico.

• Jornada laboral: Se habilita la extensión de la jornada hasta las 12 horas diarias (respetando el descanso de 12 horas entre días) y la creación de bancos de horas.

• Estatutos Profesionales: Se aprobó la derogación de varios estatutos, incluido el del periodista, con una votación ajustada de 126 a 119.

• Justicia Laboral: El proyecto contempla la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de funciones a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La única modificación que impidió la sanción definitiva fue la eliminación del artículo 44, el cual proponía reducir salarios durante licencias por enfermedad o accidentes. Tras un debate caldeado, el oficialismo aceptó quitarlo para asegurar la aprobación general, lo que obliga al Senado a ratificar este cambio el próximo viernes 27 de febrero.

El debate no estuvo exento de violencia verbal. Desde Unión por la Patria, la diputada Vanesa Siley tildó de «traidores» a los legisladores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca que apoyaron la ley. Por su parte, el sindicalista Sergio Palazzo calificó la reforma como «la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales».

Desde el oficialismo, Lisandro Almirón defendió la norma argumentando que el marco actual «expulsa a las personas de la formalidad» y que es necesario modernizar las leyes para generar empleo genuino.

El Gobierno tiene una «obsesión» cronológica: que la ley esté sancionada antes del 1° de marzo, para que el Presidente pueda exhibirla en la apertura de sesiones ordinarias. Para ello, Patricia Bullrich ya convocó a un plenario de comisiones en el Senado este viernes a las 10:00 hs, buscando emitir dictamen de inmediato.

En una conferencia de prensa brindada en la sede de la calle Azopardo, la cúpula de la CGT ratificó de forma unánime el paro general de 24 horas previsto para este jueves. La medida busca expresar un rechazo rotundo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional, la cual será tratada mañana en la Cámara de Diputados.

Los líderes de la central obrera hicieron hincapié en la gravedad de la situación sociolaboral actual, aportando cifras críticas sobre el estado del empleo en el país:

• Pérdida de empleo: Se denunció la caída de 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años.

• Cierre de empresas: La CGT vinculó directamente el cierre de la fabricante de neumáticos FATE y la pérdida de sus 920 empleos con el «fracaso del plan económico».

• Crisis PYME: Informaron la desaparición de más de 21.000 pequeñas y medianas empresas.

• Capacidad industrial: Advirtieron que la industria opera hoy con menos del 50% de su capacidad instalada.

Jorge Sola, integrante del triunvirato cegetista, detalló que el proyecto lesiona derechos individuales y colectivos, además de promover una transferencia de 6.000 millones de dólares anuales desde los trabajadores hacia los empleadores.

Desde la central aseguraron que el proyecto es inconstitucional debido a que atenta contra el principio de progresividad, el cual impide la reducción de derechos laborales ya adquiridos. «Esta es la promesa de creación de empleo a cambio de pérdida de derechos, una fórmula que ya ha fallado», expresaron.

La CGT anticipó que el paro será «contundente» y que el objetivo es que «no haya nadie en la calle» como señal de protesta. En este sentido, destacaron que la medida cuenta con el respaldo fundamental de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que garantizará la paralización del servicio de transporte público durante toda la jornada del jueves.

Finalmente, realizaron un llamado a los diputados para que actúen con «responsabilidad política» y representen los intereses de los trabajadores que los votaron, instándolos a no apoyar el proyecto oficial.

En las últimas horas, un video viral protagonizado por el comunicador Iñaki Gutiérrez ha encendido las alarmas y generado confusión en miles de beneficiarios de programas sociales. El mensaje, cargado de un tono tajante, asegura que «se terminaron todos los planes en Argentina». Sin embargo, tras un análisis de la normativa vigente, es necesario precisar qué hay de cierto y qué es, por ahora, una interpretación discursiva.

El foco del conflicto: Un solo plan en la mira

Es fundamental aclarar que esta medida no afecta a la totalidad de la asistencia social. La transformación anunciada impacta específicamente sobre el programa «Volver al Trabajo» (el antiguo Potenciar Trabajo).

Contrario a lo que se puede interpretar de versiones virales, programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar no están incluidos en este esquema de finalización por capacitación. La medida se centra en los aproximadamente 900.000 beneficiarios que forman parte del sistema de empleo, quienes a partir de mayo deberán migrar obligatoriamente a un esquema de formación.

Capacitación obligatoria: ¿Trabajar para cobrar?

El núcleo de la noticia es la implementación de vouchers educativos. Según el Decreto 198/2024, el beneficio monetario directo tiene fecha de vencimiento. Para continuar percibiendo el apoyo, los titulares deberán:

1. Inscribirse en cursos de formación profesional (oficios como pintura, gasistas o instalaciones eléctricas).

2. Cumplir con un 70% de asistencia.

3. Insertarse en el mercado laboral formal.

En nuestra región, esto plantea un desafío logístico y de infraestructura para que los centros de formación técnica locales puedan absorber la demanda de quienes hoy dependen de este ingreso.

¿Quién es el mensajero?

El video que circula pertenece a Iñaki Gutiérrez, una de las figuras más influyentes en la comunicación digital del Gobierno Nacional. Aunque su rol oficial ha sido objeto de idas y vueltas dentro de la estructura de comunicación de la Casa Rosada, Gutiérrez se mantiene como el principal «arquitecto» de la narrativa oficialista en redes sociales como TikTok e Instagram, especialmente dirigida al público joven.

Su mensaje, aunque alineado con las políticas de la ministra Sandra Pettovello, utiliza un lenguaje combativo que busca marcar un quiebre cultural: «Se acabó la Argentina de la joda», sentencia en el clip, refiriéndose a la transición del asistencialismo hacia la cultura del oficio.

Lo que el vecino del sur de Salta debe saber

Si usted es beneficiario de un plan de empleo, es vital entender que mayo no significa necesariamente el corte del pago, sino el inicio de la obligatoriedad educativa. No cumplir con las capacitaciones será, a partir de esa fecha, el motivo principal para la baja definitiva del beneficio.

Desde Salta Sur seguiremos de cerca cómo se implementarán estas ferias de empleo y cursos de oficio en el sur de la provincia para asegurar que la información llegue de manera clara a quienes más la necesitan.