En el marco de una audiencia flexible y multipropósito, el Poder Judicial del Distrito Sur dio un paso clave para garantizar la protección de la víctima: la jueza María Cecilia Corral Martin ordenó convertir en prisión preventiva la detención de un joven de 20 años, acusado de someter de manera sistemática a su vecina, una niña de apenas 12 años de edad.
El imputado, cuya identidad se reserva para resguardar por ley a la menor, enfrenta cargos severísimos bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso con el delito de corrupción de menores agravado y lesiones.
La pesadilla comenzó a salir a la luz en enero de este año, a raíz de la valentía y la atención de la madrastra de la víctima. Según consta en la denuncia formal, mientras compartían el desayuno, la mujer notó con preocupación una visible marca —un «chupón»— en el cuello de la niña.
Al ser interrogada sobre el origen de esa marca, la menor de 12 años rompió en un llanto desconsolado y se vio sumida en un estado de angustia que le impidió hablar en ese instante. Ante la gravedad de la reacción, la mujer decidió convocar de urgencia a la tía paterna de la niña.
Finalmente, al mediodía y en un entorno de mayor contención, la pequeña pudo confesar el calvario que venía soportando. Relató que el acusado, un joven que reside a escasos cien metros de su vivienda, aprovechaba la vulnerabilidad de las noches para ingresar a su habitación y obligarla a «hacer cosas que ella no quería».
El crudo relato en Cámara Gesell
El testimonio de la víctima fue ratificado y ampliado mediante el protocolo de Cámara Gesell, una prueba pericial determinante para la resolución judicial. Allí, la niña explicó ante los psicólogos del gabinete forense que los abusos habrían iniciado a fines del año pasado, estimativamente entre octubre y noviembre de 2025.
Con absoluta precisión, la víctima describió el acoso asfixiante al que era sometida: el sujeto la buscaba de manera constante, la perseguía e interceptaba en la vía pública cuando ella se dirigía a sus clases, y le enviaba reiterados mensajes intimidatorios y de contenido inapropiado a través de la aplicación WhatsApp. Asimismo, detalló que el último ultraje ocurrió el pasado 11 de enero, coincidiendo con la fecha en la que su madrastra descubrió las agresiones físicas.
Cárcel inmediata y restricción absoluta
Tras evaluar los elementos probatorios presentados por la fiscalía de graves atentados contra las personas, el riesgo de fuga y el peligro latente de entorpecimiento de la causa, la jueza Corral Martin no dudó en dictaminar la prisión preventiva del acusado.
En su resolución formal, la magistrada dispuso que el imputado de 20 años permanezca alojado de manera efectiva en el Destacamento Policial de la localidad de Los Rosales mientras avanza la etapa de investigación penal preparatoria rumbo al juicio.
Además, con el fin de resguardar de forma absoluta la integridad psicológica, la seguridad y el bienestar de la niña y de todo su entorno familiar, la jueza le impuso al detenido una estricta prohibición de acercamiento, ordenándole abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto —ya sea físico, telefónico o por plataformas digitales— con los allegados de la víctima. Una resolución judicial ejemplar que lleva un principio de resguardo a una familia metanense destruida por el horror.