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El Galpón

La Auditoría General advirtió graves irregularidades en el municipio de El Galpón

Un informe oficial sobre el ejercicio 2020 expuso pagos sin destinatarios verificables, $160 millones en gastos «sin definir» y la cesión de un crédito millonario a una empresa antes de ser formalmente contratada.

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Un lapidario informe técnico emitido por la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS) expuso un profundo descontrol administrativo, financiero y legal en la Municipalidad de El Galpón durante el ejercicio 2020. Tras evaluar la Cuenta General del Ejercicio presentada por el intendente Federico Sacca, el organismo de control determinó que ninguno de los estados financieros ni presupuestarios refleja de manera razonable la realidad económica del municipio, desaconsejando la confiabilidad de sus números.

Entre las anomalías más graves detectadas, el informe resalta una alarmante falta de transparencia, maniobras contables deficientes y la omitting total de los mecanismos legales obligatorios de contratación y control interno.

Los puntos más críticos del informe

  • Contrataciones «a dedo» y fuera de la ley: El municipio omitió aplicar de forma sistemática la Ley Provincial de Contrataciones N° 8072 y su Decreto Reglamentario 1319/18. Se realizaron compras directas millonarias —como $8,2 millones en combustible o $2,5 millones en otros bienes de consumo— sin legajos de contratación, sin pliegos de condiciones y sin compulsa de precios que garantice la transparencia o la libre competencia.

  • Casi un 70% del gasto «Sin Definir»: En la Ejecución Presupuestaria de Gastos por Finalidad y Función, la comuna registró $160.231.954,67 bajo la categoría «Sin Definir», lo que representa un exorbitante 69,92% del total de los egresos ejecutados en el año ($229,9 millones), impidiendo conocer el destino real de los fondos públicos.

  • Inexistencia de Escala Salarial y pagos informales: La AGPS señaló que el municipio no posee una escala salarial aprobada, lo que imposibilitó verificar la legalidad de los $105,9 millones destinados a «Gastos en Personal». Además, se detectaron $10,4 millones imputados como personal permanente que correspondían a contrataciones informales sin instrumentos legales, sin cobertura de ART y, en varios casos, mediante pagos con cheques o retiros que no contaban con ningún tipo de documentación respaldatoria.

  • Irregularidades en el Programa de Empleo: En el «Programa Fortalecimiento del Empleo» ($11,8 millones) no se presentaron contratos, fichas de inscripción ni nóminas de beneficiarios. Se comprobó que el municipio utilizó este esquema para sostener trabajadores en relación de dependencia encubierta (cumpliendo tareas habituales y personalísimas para el estado local) bajo el ropaje de un subsidio social.

  • Falta de publicación de Ordenanzas: Incumpliendo la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 8126), la gestión comunal no publica sus ordenanzas ni actos de gobierno en el Boletín Oficial, vulnerando el principio constitucional de publicidad de los actos públicos.

  • Incompleto y sin Estado de Bienes: La Municipalidad ni siquiera presentó el Estado de Situación de los Bienes del Municipio al cierre de 2020, omitiendo detallar el patrimonio real, insumos o equipamiento con los que cuenta la comunidad.

  • Distorsiones en Obras Públicas y Convenios: Más del 50% de los montos expuestos en la Ejecución Analítica de la Obra Pública fueron registrados erróneamente. Obras ejecutadas mediante convenios con el IPV o Vialidad provincial (donde el municipio actuó como contratista) se imputaron de forma equivocada, justificando pagos millonarios mediante simples notas internas, sin certificados de obra, facturas o recepción formal de materiales.

Informe completo: https://agps.salta.gob.ar/assets/informes/zips/242-8520-22.pdf

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En su dictamen final, el equipo de auditores concluyó que la gestión financiera de la Municipalidad de El Galpón no se encuentra ajustada a las normas legales ni contables vigentes. La falta total de un sistema de control interno adecuado imposibilita garantizar la transparencia en el uso de las arcas públicas, por lo que se emitieron duras recomendaciones de reestructuración administrativa e institucional que deberán ser elevadas al Concejo Deliberante para su análisis.

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