El fiscal penal N.º 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia flexible y multipropósito en la que se arribó a un acuerdo de juicio abreviado para Enzo Nahuel Sosa Frías, tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado.

El juez de Garantías Mario Dilascio homologó el acuerdo presentado por las partes y condenó a Sosa Frías a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva. La sentencia lo declaró autor de los delitos de robo agravado por el uso de armas y daños, en concurso real, acumulando además causas anteriores por tentativa de hurto, robo y lesiones, hurto y robo.

El hecho principal por el cual se llegó a la condena ocurrió durante la jornada del pasado 30 de agosto, cuando el imputado irrumpió en un establecimiento comercial ubicado en la esquina de las calles 9 de Julio y Santa Fe.

Sosa Frías ingresó empuñando un arma blanca con la que amedrentó a los empleados, exigiéndoles la entrega inmediata del dinero acumulado en la caja registradora. Ante la negativa de los trabajadores, el delincuente intentó avanzar hacia la zona de cobro.

En una rápida accionar, los empleados lograron salir al exterior y bloquear la puerta del local desde afuera, dejando al asaltante atrapado en el interior. Desesperado por escapar, el sujeto rompió el cristal de la puerta de acceso y logró salir a la vía pública.

A los pocos metros, personas que circulaban por las inmediaciones advirtieron la maniobra y lograron reducir al delincuente hasta la llegada de los patrulleros policiales. En el lugar del procedimiento, los efectivos lograron recuperar la totalidad del dinero sustraído e incautaron el cuchillo utilizado en el atraco y una motocicleta en la que se desplazaba.

Con la homologación del juicio abreviado, el juzgado ordenó el inmediato traslado de Enzo Nahuel Sosa Frías al Servicio Penitenciario para el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

El fiscal penal N.º 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó provisionalmente a un hombre de 23 años como presunto autor del delito de robo (artículo 164 del Código Penal). Tras la audiencia de imputación, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente al Juzgado de Garantías de turno que el acusado mantenga su condición de detenido mientras se completan las diligencias investigativas.

El ilícito fue perpetrado durante las primeras horas del pasado 7 de octubre en un establecimiento gastronómico situado sobre la calle José Manuel Estrada al 81. La alerta se activó a partir de la denuncia del propietario del comercio, quien fue notificado del hecho por sus propios empleados al momento de la apertura.

Al ingresar al local, el personal advirtió que una ventana corrediza se encontraba abierta y constató la sustracción de un teléfono celular, un morral negro, un manojo de llaves y dinero en efectivo.

El avance del caso fue posible gracias a las cámaras de seguridad del propio comercio y del sector. En los registros fílmicos se observó el ingreso furtivo de un sujeto durante la madrugada, quien tras permanecer unos minutos se retiró con los elementos robados en su poder.

A partir del análisis de las imágenes y las tareas de campo ejecutadas por personal policial, se logró ubicar al sospechoso en la vía pública. Al momento de su aprehensión, el joven vestía prendas idénticas a las registradas en el video de seguridad y llevaba dinero en efectivo entre sus pertenencias.

Por otra parte, los efectivos lograron recuperar el teléfono celular robado, el cual ya había sido vendido a un vecino de la zona. Al enterarse del origen ilícito del aparato, el comprador lo entregó voluntariamente a las autoridades, quedando incautado como prueba clave para la causa.

En el marco de la profunda crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas argentinas, la Sede Regional Sur de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) enfrenta un duro revés. Su oferta académica se vio severamente resentida tras la decisión de suspender temporalmente las inscripciones para la carrera de Ingeniería Agronómica, la única propuesta de grado con la que contaba la sede en Metán.

En diálogo con Salta Sur, la directora de la Sede Sur, Patricia Nayar, abordó la compleja situación institucional provocada por las dificultades económicas que impiden garantizar los recursos necesarios para la docencia.

La desacreditación y la asfixia económica

La suspensión de las inscripciones responde a que la carrera se encuentra en un prolongado proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Sin embargo, el obstáculo de fondo es el agudo desfinanciamiento que impide financiar y ampliar los cargos docentes, un requisito indispensable para cumplir con los estándares normativos exigidos.

«De manera preventiva no podemos realizar las inscripciones para no estafar a los alumnos, ya que la política académica exige inscribir únicamente si la carrera está acreditada. La gran dificultad radica en el financiamiento de los cargos docentes. Nos exigen ajustar y adecuar el sistema, pero no podemos subir dedicaciones ni financiar nuevos profesores. Estamos entre una situación crítica y la obligación de salir a pelear por nuestros derechos», explicó Nayar.

Aunque las autoridades buscan alternativas para reprogramar un cursado intensivo de cara a 2027 si se logra revertir la medida, por el momento la carrera queda paralizada en el asiento Metán, frustrando las expectativas de decenas de jóvenes de la región.

Un impacto directo en el desarrollo del interior

El freno a Ingeniería Agronómica resulta sumamente perjudicial para el sur de la provincia. En una zona eminentemente productiva y agrícola, la carrera garantizaba una rápida inserción laboral y movilidad social para los sectores más vulnerables.

A pesar de que se mantienen activas las tecnicaturas en Producción Ganadera (Joaquín V. González), Electrónica Universitaria, Tecnología de Alimentos (Metán), Administración y el Profesorado de Matemática (Rosario de la Frontera), la pérdida de la única oferta de grado pleno representa un preocupante retroceso en la autonomía y la equidad educativa del interior salteño.

Ante esta realidad, Nayar confirmó que la comunidad universitaria de la Sede Sur marchará este 15 de octubre en la ciudad de Salta en defensa del presupuesto universitario y el cumplimiento de las leyes de financiamiento. «No se trata de colores políticos, sino de defender la ley y evitar el cierre de espacios fundamentales para el desarrollo de la provincia», sentenció.