Organizaciones de la diversidad de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán alertaron sobre una grave crisis sanitaria y de derechos humanos en la región debido a los ajustes del gobierno nacional. Denunciaron la falta de insumos básicos y el desmantelamiento progresivo de políticas públicas que afectan especialmente a personas con VIH, otras ITS, hepatitis, tuberculosis y a la población trans. «La situación es alarmante”, afirmaron en un parte de prensa difundido el fin de semana largo.

Ya el 25 de febrero la jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la provincia, Laura Caporaletti, en un informe enviado al presidente de la Fundación Orgullo Salta, Nelson López, daba cuenta de la falta de preservativos suficientes para atender la demanda, y de reactivos. 

La medicación para los tratamientos se entregaba en cantidad suficiente para tres meses, pero “ahora (la entrega) es mes a mes”, lo cual implica una dificultad extra para quienes viven en el interior de la provincia, dado que deberán trasladarse a la ciudad capital cada mes para poder contar con los medicamentos.

Nelson López dijo que la mayor preocupación radica en que saben que el presupuesto disponible la existencia de remedios alcanza solo hasta mitad de este año. “Al tener el presupuesto congelado no alcanza para todos los pacientes”, sostuvo.

Por estos y otros problemas que abundan en el sector, organizaciones de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán comenzaron un plan de lucha para reclamar garantías en los tratamientos y l llegada de los recursos para quienes viven con VIH.

Una compra de 8 mil preservativos

“Tenemos entendido que tras el crecimiento de la cantidad de casos de ITS (se informó de más de 200 casos de infecciones de transmisión sexual en dos meses), el mes pasado compraron 8.545 preservativos para toda la provincia. Duraron una semana y esa cantidad no llega a cubrir el microcentro” salteño, dijo López a Salta/12.

El referente sostuvo que entre los reclamos del sector, se encuentra la necesidad de que las cámaras legislativas de las provincias del NOA adhieran a la Ley nacional 27.675, «de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual -ITS- y tuberculosis -TBC-«.

Ante la falta de los reactivos necesarios para hacerse tests, desde 2023 “dos de cada tres personas tenían un diagnóstico tardío”, dijo López. La demora implica que la persona haya pasado al estado de enfermedad, que es el sida. El VIH puede ser tratado y cronificado si es detectado en su estadio temprano.

El informe de Caporaletti indicaba en febrero que “en los últimos cuatros meses hemos dejado de recibir los siguientes reactivos: HIV Elisa, test rápidos de VIH y Sífilis, VDRL, HBS, HVC, Anti Core HBc, HBe, HAv Igg, HVA Igm, Sífilis Elisa, Anti HBc, Test rápidos HBS y HVC. Carga Viral para confirmatorio y control, CD4 de controles. Preservativos, desde más de un año”.

Y aunque indicó que “desde Provincia se iniciaron procesos de compras», la funcionaria reconoció que «la demanda y cantidades no pueden cubrirse al 100%”.

López sostuvo que ante los reclamos ahora les dijeron que se convocó a licitación, que la compra está pedida y los insumos estarían disponibles en junio o julio.

Que se adhiera a la ley nacional

“A pesar de que el NOA es una de las regiones más afectadas por infecciones de transmisión sexual (con un preocupante aumento de sífilis y diagnósticos tardíos de VIH), casi ninguna de sus provincias ha adherido aún a la Ley nacional 27.675 de Respuesta Integral al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis”, dijeron los referentes del NOA en el comunicado que surgió tras un encuentro en Tucumán.

En Salta había dos proyectos de adhesión. Las iniciativas fueron presentadas en agosto de 2022 por el hoy intendente de General Güemes, Carlos Rosso, y por el senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler.

La ley nacional ya rige en toda la República Argentina. Pero en su artículo 4º invita “a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar para el ámbito de sus exclusivas competencias las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta ley”.

Las iniciativas de los legisladores salteños apuntaban a garantizar en Salta los recursos necesarios para el tratamiento integral de estas enfermedades. Pero, según sostuvo López, “perdieron estado parlamentario”.

Por su parte, la senadora nacional Nora Giménez presentó en 2024 un proyecto de declaración para manifestar su preocupación y rechazo al recorte dentro del programa de tratamiento de las enfermedades. Sostuvo que en 2023 se brindaron 66.893 tratamientos para personas con VIH, junto con 8.744 tratamientos de profilaxis pre exposición (PrEP) y 4.867 de profilaxis pos exposición (PEP). Sin embargo, “el Programa 22, correspondiente a la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, proyecta una cobertura de solo 66.500 tratamientos para 2025, lo que implica una reducción de 9.150 tratamientos respecto al último año completo registrado”.

La previsión, añadió, no contempla los 5.300 nuevos casos de VIH que se registran anualmente, ni el incremento de personas cuya atención podría recaer en el sistema público debido al agravamiento de la crisis económica y laboral.

La legisladora nacional agregó que el presupuesto actual de la Dirección de Respuesta al VIH se mantiene en 21 millones de pesos, monto aprobado para 2023, a pesar de una inflación interanual del 236 por ciento. “Aunque el presupuesto proyectado para 2025 se incrementa a 23 millones, este aumento es claramente insuficiente y equivale a un desfinanciamiento del 76 por ciento en términos reales, si se calcula en dólares”, explicó.

Este año Giménez presentó un “proyecto de comunicación”, con el fin de que la administración nacional informe sobre los métodos para actualizar el presupuesto y garantizar los recursos necesarios para prevenir y detectar las ITS.

La senadora afirmó que el recorte real fue de 75,72% “en el Programa 22 (VIH; Hepatitis Virales y Tuberculosis)”, y se prevé una reducción “en las metas de personas asistidas y la eliminación de los tratamientos preventivos en VIH que significan aproximadamente 19.920 tratamientos menos para personas con esta condición”.

Detalló que los hospitales públicos “enfrentan una alarmante escasez de insumos esenciales, como reactivos para medir cargas virales y preservativos, además de una inadecuada provisión de tratamientos para las personas viviendo con VIH”.

Las organizaciones que iniciaron los reclamos denunciaron que “los funcionarios locales priorizan obedecer al Gobierno Nacional por temor a perder fondos, antes que garantizar los derechos de sus comunidades”.

Sostuvieron que programaron un plan de lucha para visibilizar las falencias actuales y reafirmar su compromiso para con esta y otras causas. “No vamos a retroceder. Nuestra salud, nuestros derechos y nuestras vidas no son negociables”, sentenciaron.

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz participó de los homenajes realizados en memoria del Papa Francisco.

Primeramente asistió a la solemne misa oficiada por el arzobispo Mario Antonio Cargnello, en la Catedral Basílica de Salta, donde se elevó una oración por el eterno descanso del Sumo Pontífice.

Posteriormente, como muestra de respeto y reconocimiento a la figura del Vicario de Cristo, el Gobernador junto al intendente de Capital Emiliano Durand estuvo en Cabildo Histórico de la ciudad que se iluminó con los colores de la bandera pontificia. El edificio permaneció iluminada hasta las 3 de la mañana.

También participaron el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo Ricardo Villada, el presidente del Concejo Deliberante de Salta Darío Madile y  el coordinador de Relaciones Internacionales municipal, Bruno Masciarelli.

En contacto con los medios, el Gobernador expresó su profundo pesar por la pérdida: «Es inmenso dolor y tristeza para todos los argentinos y el mundo entero. Se nos fue un grande y era argentino. Era el Papa del pueblo, el Papa de la gente. Rescato de él  su humildad, sencillez, sensibilidad social”, expresó.

En tanto, Monseñor Cargnello  destacó “la vida y el pontificado del Papa Francisco, un argentino que guió la Iglesia durante 12 años y un poco más de un mes. Amó a esta patria con todo su ser, y estando en Roma no se olvidó de la Argentina”. Asimismo agradeció al gobierno de la provincia e Intendencia “este gesto de iluminar el Cabildo con los colores del Vaticano”.

La comunidad salteña se unió en oración y recogimiento para rendir homenaje a la memoria del Papa Francisco, recordando su legado de amor, humildad y servicio.

Con un despliegue permanente de 1300 efectivos en zonas rurales del norte del país, las Fuerzas Armadas pondrán en marcha la Operación Roca, anunciada por el ministro de Defensa, Luis Petri, para fortalecer el control y la vigilancia en la frontera. El plan se desarrollará hasta el 15 de diciembre próximo, aunque el plazo podría luego extenderse, y a lo largo del año involucrará a un total de 10.000 militares, pertenecientes en su mayoría a brigadas del Ejército.

Además de reivindicar la figura del militar que a fines del siglo XIX encabezó la Campaña del Desierto, la finalidad de la Operación Presidente Julio Argentino Roca es reforzar la seguridad en las zonas de frontera, para poner un freno al avance del narcotráfico y el crimen organizado, a través de controles en los espacios terrestre, aéreo y fluvial. Los militares irán con reglas de empeñamiento fijadas especialmente por el ministro Petri para estas operaciones, de acuerdo con el marco legal previsto en la ley de defensa nacional y en el decreto 1112/2024, que en diciembre pasado habilitó a las Fuerzas Armadas a actuar ante amenazas de organizaciones terroristas y colaborar en el control de las fronteras.

El despliegue comprenderá la más alta cantidad de efectivos militares movilizados en el país desde la Guerra de Malvinas. En los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández hubo operativos similares (Escudo Norte, Fortín I y II, Fronteras Seguras e Integración Norte, entre otros), pero con envíos de menor magnitud, entre 500 y 5000 efectivos, para tareas de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, que tienen a su cargo el combate al narcotráfico, y la asistencia a la población frente a catástrofes naturales y emergencias, como el terremoto que azotó en 2015 a la provincia de Salta.

De todos modos, voces castrenses advirtieron que el despliegue militar quedará sujeto a las posibilidades presupuestarias. “Al personal habrá que pagarle viáticos y ese gasto se incrementa en función del número, además del racionamiento y el combustible para los vehículos. No sabemos si habrá refuerzos de partidas”, estimó la fuente consultada. Mientras tanto, ya se llamó a licitación para comprar cascos y chalecos, los elementos más básicos que se requieren para las operaciones.

El plan oficial

“Las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas tanto para disuadir amenazas, como para actuar de manera efectiva frente a agresiones, siempre en el marco de proveer a la defensa nacional ante agresiones externas”, sostiene, al respecto la resolución 347/2025, firmada por el ministro Petri el martes pasado.

Los militares trabajarán, así, en colaboración con la Gendarmería nacional y la Prefectura Naval, que dependen del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. En los próximos días se definirán las ciudades en las que serán distribuidos los contingentes militares, aunque se prevé que podrían formar parte del plan las ciudades salteñas de Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza, donde el gobierno de Javier Milei lanzó en diciembre último el Plan Güemes, llevado adelante por las fuerzas de seguridad. También podría incluir la ciudad formoseña de Clorinda, donde Petri firmó en febrero último un acuerdo de cooperación con el ministro de Defensa de Paraguay, general retirado Oscar González, para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera.

En el Ministerio de Defensa, en tanto, informaron que la actuación de los militares se concentrará en zonas rurales “alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales”. Las acciones son coordinadas con el Ministerio de Seguridad y se busca “generar información estratégica para la defensa y las fuerzas federales”.

Vigilancia y control

La resolución de Petri señala que los operativos realizados en las gestiones anteriores no contribuyeron “al desarrollo sostenido de las capacidades de vigilancia y control de la Fuerzas Armadas, limitándose únicamente a las acciones de apoyo a la comunidad y la asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”.

Los militares utilizarán drones, radares móviles, helicópteros, comunicaciones y un avión Diamond para los relevamientos. Irán, según se informó, con equipos de protección individual.

Con este nuevo envío de efectivos a los límites geográficos del norte, el gobierno nacional apunta a considerar las zonas de frontera como puntos críticos y de máxima relevancia a los efectos de la defensa nacional”.

Además, se menciona el decreto 253/18, firmado por Mauricio Macri, que “redefine y modifica las zonas de seguridad de fronteras en las que el Estado es responsable de coordinar políticas públicas de seguridad y de defensa”.

Petri recordó en su resolución que el decreto 1112/2024, que reglamenta la ley de defensa nacional y elimina las restricciones impuestas en 2006 por Néstor Kirchner para la actuación de las Fuerzas Armadas frente a amenazas de origen externo, permite ahora a su cartera “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las zonas de seguridad de fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”. Dichas tareas incluyen la posibilidad de realizar actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al Sistema de Seguridad Interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias.

Entre otras medidas, el ministro de Defensa dispuso que “durante las operaciones militares, las actividades de adiestramiento operacional y otras tareas, los miembros de las Fuerzas Armadas se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones que pongan en riesgo la vida del personal o afecten gravemente el material y equipo necesarios para la defensa nacional”.

Fuente: La Nación