En un giro inesperado pero forzado por la Justicia Federal, el Gobierno Nacional anunció que acatará la medida cautelar que ordena reinstalar el programa «Volver al Trabajo». La decisión se conoció hoy a través de una resolución de la Secretaría de Trabajo, luego de la fuerte presión ejercida por organizaciones sociales y presentaciones judiciales que cuestionaron la baja masiva del plan.

Hace un mes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había dispuesto la baja del programa que otorga un subsidio de $78.000 mensuales a trabajadores informales que participan en proyectos socioproductivos y de formación. Esta medida impactaba directamente sobre casi un millón de argentinos.

La respuesta no se hizo esperar: las organizaciones sociales iniciaron un plan de lucha que combinó cortes de ruta y ollas populares con una estrategia legal. El pasado 21 de abril, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, emitió una cautelar a favor de un amparo colectivo, ordenando al Ejecutivo suspender el recorte.

Para nuestra provincia, la noticia tiene una relevancia económica mayúscula. Según datos oficiales:

• Beneficiarios: Alcanza a poco más de 52.000 salteños.

• Inyección económica: El programa representa un flujo de 4.114 millones de pesos mensuales que circulan en Salta.

• Dinamismo local: Estos fondos son vitales para el consumo en comercios barriales y las economías regionales.

Si bien el Gobierno Nacional confirmó que efectuará las gestiones para cumplir con la manda judicial, también adelantaron que apelarán la cautelar para intentar sostener su política de ajuste.

Desde Libres del Sur Salta, celebraron el logro pero advirtieron que la lucha continúa: «El derecho se conquista en la justicia, pero se defiende en la calle». Por ahora, la resolución garantiza que los 900 mil trabajadores informales del país vuelvan a percibir el beneficio mientras se dirime la cuestión de fondo en los tribunales.

Si hubiera un programa de «viajero frecuente» para presidentes, Javier Milei ya tendría millas suficientes para llegar a la Luna. Su tercer arribo a Israel desde que asumió el mando vuelve a encender una alarma que va más allá de la diplomacia: la creciente sospecha de que la agenda oficial de la Argentina está siendo moldeada por las inclinaciones místicas y personales del hombre que conduce el país.

La imagen del domingo fue, por decir poco, pintoresca. El Presidente de una nación con el 50% de pobreza fue filmado arriba de un escenario en Jerusalén, ensayando el clásico “Libre” de Nino Bravo junto a estrellas del pop israelí.

¿Es necesario que un Jefe de Estado, en medio de una crisis económica asfixiante, dedique tiempo de su agenda oficial a ensayar dotes de cantor para una fiesta patria ajena? Para muchos, este «costado rockstar» de Milei no hace más que profundizar la sensación de desconexión con un interior argentino que padece el parate de la obra pública y el encarecimiento de la vida diaria.

El itinerario de la visita refuerza la duda del título: recibió un Doctorado Honoris Causa, visitó una academia de estudios talmúdicos, mantuvo un encuentro con rabinos, cantó «Libre» en los ensayos por el Día de la Independencia de Israel, y como si fuera poco visitó el Santo Sepulcro y volvió nuevamente al Muro de los Lamentos.

Resulta difícil encontrar en este cronograma reuniones que apunten a destrabar exportaciones de carne salteña o atraer inversiones industriales que generen empleo inmediato. En cambio, parece una travesía diseñada para la satisfacción intelectual y religiosa del mandatario, financiada —claro está— por el erario público.

El gran anuncio económico del domingo fue la confirmación de vuelos directos de la empresa El Al entre Buenos Aires y Tel Aviv para noviembre. Es paradójico: en un país donde la clase media lucha para llenar el tanque de nafta para ir a trabajar, el Presidente celebra una ruta aérea de 16 horas que solo podrá disfrutar una ínfima minoría.

Más allá de lo espiritual, Milei ratificó la mudanza de la embajada a Jerusalén y firmó los «Acuerdos de Isaac». En términos de política exterior, esto es jugar con fuego en un polvorín. El Presidente está rompiendo una tradición histórica de neutralidad argentina que nos protegía de conflictos lejanos. Al alinearse de forma tan personal y estridente, no solo compromete al Estado nacional, sino que expone al país a represalias geopolíticas en un escenario internacional cada vez más inestable.

Mientras tanto, en Salta y el resto de las provincias, el «ancla» sigue siendo el ajuste. Pareciera que para el Presidente, la libertad es un concepto que se canta mejor en Jerusalén que el que se gestiona en las rutas y escuelas del norte argentino.

El Gobierno Nacional parece haber encontrado un nuevo responsable para la crisis del sistema de salud: los propios jubilados por vivir «demasiado». En el marco del AmCham Summit, el titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, lanzó una frase que desató una ola de indignación al quejarse de la cantidad de octogenarios y centenarios que pertenecen al PAMI.

Para el ministro Lugones, el hecho de que un millón de afiliados superen los 80 años y otros 6.000 hayan cruzado la barrera de los 100 es, textualmente, una “carga muy grande”. Con un tono de queja, sentenció: «Ya hay abuelos, hijos y nietos en Pami», intentando explicar así el desfinanciamiento de la obra social más grande de Latinoamérica.

Estas declaraciones se dan en un contexto de extrema fragilidad, donde el funcionario admitió no tener la última palabra sobre el dinero: «Me dijeron que estaban pagando», respondió con vaguedad, confirmando que el manejo de los fondos de salud está bajo el control total del ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene pisados los giros para sostener el superávit fiscal.

Mientras en los despachos de Buenos Aires se habla de los jubilados como «cargas», en las farmacias del interior el panorama es desolador. Según datos del sector farmacéutico, lo que el Gobierno está pagando con cuentagotas apenas cubre prestaciones de enero y febrero, dejando un rojo financiero que las farmacias ya no pueden absorber.

En Salta, la situación es crítica. El mecanismo es perverso: las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos cortos para recibir medicamentos, pero el PAMI les debe meses de facturación. Sin dinero para reponer, el stock comienza a faltar y son los abuelos quienes, receta en mano, rebotan de mostrador en mostrador sin poder acceder a sus tratamientos.

El «cataclismo» que mencionan los prestadores no es solo económico, sino humano. A la falta de medicamentos se suma la amenaza de los médicos de abandonar la atención tras los recortes del 50% en sus ingresos impuestos por la nueva gestión.

La postura de Lugones deja en claro la hoja de ruta del Ejecutivo: un ajuste ortodoxo donde la variable de ajuste es la salud de quienes aportaron durante décadas. Para el Gobierno, la longevidad no es un logro de la medicina o la calidad de vida, sino un problema contable que desequilibra las arcas del Estado.