Este martes 8 de julio, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 461/2025 la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo fundado en 1932 que se encargaba del mantenimiento y fiscalización de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida, que afecta a más de 5.000 trabajadores en todo el país -189 en el caso del Distrito 5, Salta-, forma parte del plan de reestructuración del sistema de transporte impulsado por el Ejecutivo nacional. La reacción en Salta no se hizo esperar: gremios en alerta, funcionarios provinciales que expresaron su preocupación, senadores opositores en estado de denuncia permanente y trabajadores con el corazón en la boca ante la amenaza inminente de despidos.

El desmantelamiento de Vialidad Nacional es mucho más que una reestructuración administrativa, puesto que se trata de una de las avanzadas más duras -hasta ahora- del Gobierno nacional sobre la infraestructura estatal. El organismo no solo cumplía una función esencial en la planificación, mantenimiento y fiscalización de rutas nacionales, sino que también encarnaba una red de trabajo federal que sostenía, con mayor o menor eficacia, la conectividad territorial del país. Su eliminación, mediante el decreto firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un antes y un después en la historia del Estado argentino.

En Salta, donde la red vial ya venía mostrando un deterioro alarmante, la noticia cayó como un balde de agua fría. El Distrito 5 de Vialidad Nacional representa un componente fundamental para mantener operativas las rutas que conectan centros urbanos con zonas productivas, comunidades rurales y pasos internacionales.

«Vamos a quedar aislados»

Con las nuevas decisiones, la realidad de las rutas salteñas se torna mucho más crítica. Lo reconocen incluso desde el oficialismo provincial. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, señaló en una entrevista con Radio Nacional Salta que las rutas son fundamentales para el desarrollo y para la vida de la gente. «Hoy nuestras rutas troncales nacionales son un peligro. La ruta 34, la 9, la 51, la 68: todas están en mal estado. La falta de infraestructura también mata”, expresó.

De los Ríos sostuvo que «con Vialidad funcionando, nuestras rutas ya eran de la muerte», por lo que «si ahora la eliminan, no se ve cómo va a mejorar». También aseguró que el sistema de peajes no va a funcionar en Salta: «la tasa de tránsito no da para amortizar la inversión. Vamos a quedar aislados”. 

La medida forma parte de un paquete más amplio de “reorganización” que incluye la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Junta de Seguridad en el Transporte y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. En su lugar, se creará una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.

Lo que dicen los trabajadores

Walter Villegas, secretario general de la Unión de Trabajadores Viales de Salta (Utravis), expresó ante Salta/12 su preocupación ante la disolución de Vialidad Nacional, una decisión que -según advirtió- “afecta directamente a los 189 trabajadores del Distrito 5 y a toda la ciudadanía”. Denunció que la medida implica avanzar hacia un modelo de privatización de rutas con peajes cada 50 o 100 kilómetros, lo que volverá inviable la movilidad diaria de los sectores populares. “Hoy hay un solo peaje en Salta. Con esta medida, para ir a Cerrillos o a La Merced vas a tener que pagar dos peajes de ida y dos de vuelta”, alertó.

Villegas remarcó que el decreto no garantiza continuidad laboral ni aclara qué pasará con los bienes estatales: “Se habla de transferencias, pero son bienes del Estado, no de Vialidad. Son de todos”. También cuestionó la paralización de obras que ya se venía profundizando desde diciembre de 2023 y la incertidumbre que enfrentan tanto trabajadores como empresarios del rubro de la obra pública. “La corrupción no es culpa de los trabajadores. Si hay corrupción, viene de arriba, no de los que sostenemos las rutas”, enfatizó.

Por último, advirtió que los empleados están en alerta y que podrían acudir a la Justicia para frenar el decreto, aunque reconoció que el nuevo marco legal complica las medidas de protesta, ya que «podés ser sumariado por manifestarte». «Hay mucho miedo, y las familias están atravesando momentos muy duros”, lamentó.

Por su parte, Verónica Verlasso, secretaria general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional (SPVN), coincidió con Villegas en el diagnóstico, y dijo que los «dejaron sin ninguna respuesta, sólo incertidumbre”. Confirmó a este diario que se evalúan medidas a nivel nacional de forma conjunta con otros gremios y señaló que el único modelo que parece viable para el Gobierno es imponer peajes en todas las rutas, “pero eso tendrá un enorme impacto social y económico”.

Verlasso denunció además el deterioro creciente de las condiciones laborales, contó que no tienen aumentos salariales desde octubre de 2024, con derechos vulnerados y con un clima general de miedo e indefensión. “Somos los más perjudicados”, afirmó.

La lógica de la desregulación ya ha demostrado sus límites. Las rutas concesionadas, como la 9/34, son prueba de que la participación privada no garantiza mantenimiento ni seguridad. De hecho, muchas de las rutas con peaje están entre las más deterioradas del país. 

Por lo que también está en juego la lógica misma de la infraestructura como derecho. «Si moverse por el país se vuelve un lujo, si las rutas no se mantienen o se fragmentan según la rentabilidad que ofrezcan a las empresas, el federalismo queda reducido a una ficción», sostuvieron las entidades gremiales. Es por eso que el sector llamó a la ciudadanía a la reflexión y a la acción. “Esto no es solo una pelea sindical, es una lucha por el derecho a circular, a vivir, a producir. El Estado no es el problema. Es la herramienta. Y nos la están arrancando”, dijo Verlasso.

Con el gobierno de Milei queda demostrado que la historia se repite con acento neoliberal. Como en los 90, cuando la privatización de los ferrocarriles condenó al olvido a cientos de pueblos del interior, ahora el vaciamiento de la infraestructura vial amenaza con empujar a Salta -y al norte argentino en general- a un nuevo ciclo de exclusión y dependencia.

“Cada vez que perdemos un organismo del Estado, perdemos un derecho. Lo que quieren es un país donde el que tiene paga, y el que no, se queda al costado del camino”, sintetizó Leavy. Queda por ver si el Congreso rechaza el decreto, si la justicia lo frena, o -como señalaron los gremios- si la resistencia popular logra detener lo que parece un destino anunciado.

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