Salta
Salta: Denuncian al diputado Daniel Segura por contratos millonarios y ocultamiento de bienes
El presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, presentó una grave denuncia penal ante el Procurador General. Acusa al legislador de negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y de ocultar que su empresa familiar facturó más de $674 millones al Estado provincial.
El escenario político provincial se sacudió en las últimas horas tras una gravísima presentación judicial que involucra directamente a la Legislatura salteña. El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia, denunció penalmente al diputado provincial Daniel Alejandro Segura por la presunta comisión de múltiples delitos contra la administración pública.
La denuncia presentada ante la Procuración General de la Provincia apunta a figuras penales de extrema gravedad: omisión maliciosa de declaración jurada de bienes, negociaciones incompatibles con el cargo, tráfico de influencias y coacción agravada contra un funcionario.
Presiones y amenazas de «campaña de desprestigio»
De acuerdo a lo expresado por Saravia, el legislador viene desplegando presiones públicas ilegales con el aparente objetivo de condicionar las decisiones del Ente Regulador. El titular del organismo afirmó que, de manera previa, otro legislador le había anticipado la amenaza de iniciar una campaña de desprestigio en los medios en represalia por haber mencionado públicamente las actividades comerciales de la firma “Miguel Segura S.A.”, acciones de hostigamiento que, según denunció, se siguen ejecutando.
El eje del conflicto radica en que el diputado Daniel Segura posee una participación del 25% en dicha sociedad anónima, la cual le generaría millonarias ganancias indirectas a través de contrataciones con el propio Estado provincial, las cuales percibe de forma paralela a su dieta mensual como legislador.
Para respaldar la acusación, Saravia entregó al Procurador General las declaraciones juradas presentadas por Segura ante la Escribanía de Gobierno en los años 2020 y 2024. Según el denunciante, estos documentos demostrarían que el diputado ocultó deliberadamente a los organismos públicos su porcentaje societario, su condición de contratista estatal y la realización de gestiones impropias con funcionarios.
Cabe destacar que tanto la Ley de Declaraciones Juradas N° 3382 como la Ley de Contrataciones Provincial N° 8072 prohíben taxativamente a los funcionarios sostener intereses económicos contrarios a la Administración Pública, buscando evitar que los procesos de compra se direccionen por influjo político o personal.
A pesar de que el diputado Segura había asegurado públicamente que su familia nunca obtuvo dinero del Estado Provincial, la investigación expone que la firma familiar concretó diez millonarias contrataciones en cuatro años por un total de $674.558.810, destinadas principalmente al abastecimiento de módulos alimentarios y víveres secos a distintas áreas de asistencia social.
Como contrapartida y ante las dudas que los sectores acusados intentaron instalar, el propio Carlos Saravia tomó la iniciativa de presentar su propia Declaración Jurada de bienes ante la Procuración General para que sea exhaustivamente analizada, desmarcándose de cualquier tipo de irregularidad. La justicia salteña deberá determinar ahora el curso de esta millonaria y explosiva denuncia.
