Lo que para muchos adolescentes comenzó como un «reto viral» de redes sociales, ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad pública en la provincia. El Procurador General, Pedro García Castiella, junto a los ministros Cristina Fiore (Educación) y Gaspar Solá Usandivaras (Seguridad), encabezaron un comité de crisis para frenar la ola de amenazas que afectó a diversos establecimientos educativos en la última semana.

El Ministerio Público Fiscal fue tajante respecto a las consecuencias de estos mensajes intimidatorios. Hasta el momento, las investigaciones por el delito de intimidación pública han arrojado cifras alarmantes:

• 135 actuaciones judiciales iniciadas.

• 17 personas demoradas.

• 6 detenciones efectivas.

Las autoridades aclararon que el rastreo de estos mensajes es posible gracias al trabajo de las unidades de delitos telemáticos, desarticulando la idea de «anonimato» que suelen creer los menores al replicar estos retos.

Por su parte, la ministra Cristina Fiore llevó tranquilidad al informar que el dictado de clases no se interrumpirá en ningún establecimiento. Sin embargo, advirtió que no habrá impunidad en el plano administrativo: se están evaluando medidas disciplinarias severas para los alumnos que resulten responsables.

Fiore recordó que la provincia cuenta con una normativa innovadora para el abordaje de la conflictividad social, que incluye protocolos específicos para casos de bullying y ciberacoso, violencia entre pares e intervención con padres o tutores, bajo el amparo de la Ley Nacional 26.892.

El ministro de Seguridad, Solá Usandivaras, puso el foco en el seno familiar. Más allá del despliegue policial preventivo en las puertas de los colegios, remarcó la responsabilidad legal de los padres o tutores. Ante una conducta delictiva de un menor, son los adultos a cargo quienes deben responder ante la justicia por la falta de supervisión y los daños causados.

Finalmente, el Procurador García Castiella resaltó que la estrategia no es solo punitiva, sino preventiva. Se planea la creación de una unidad de prevención específica y nuevas instancias de capacitación para docentes y fuerzas de seguridad, con el fin de detectar tempranamente estas conductas antes de que se conviertan en un delito penal.

El debate en el Senado de la Nación para regularizar la tenencia de armas de fuego en Argentina ha tenido un efecto inmediato en la provincia. Según referentes del sector, cada vez más ciudadanos buscan salir de la irregularidad y avanzar en la trazabilidad de su armamento, aprovechando que los tiempos administrativos del Estado parecen haber despertado de un largo letargo.

El propietario de una armería en Salta confirmó en diálogo con Radio LUP que el movimiento en el rubro aumentó significativamente. «Hay un 40% más de gente que se acerca, pregunta, consulta y hace su credencial o compra alguna arma», detalló el comerciante.

A pesar de que los requisitos siguen siendo estrictos, Yamin destacó una mejora en la burocracia estatal: «Antes había que esperar seis meses para un trámite. Ahora se aceleró bastante, pero las exigencias no cambiaron». Esta agilidad es vista como un incentivo para que aquellos que poseen armas heredadas o sin registrar decidan ponerse a derecho.

La presencia de armas en los hogares de la provincia parece ser una realidad extendida y cotidiana. «Un gran porcentaje de los salteños tiene armas en la casa», aseguró el comerciante, dividiendo el uso principalmente en dos grandes grupos: los que las utilizan para la actividad cinegética (caza) y aquellos que buscan defensa personal.

En cuanto a las preferencias del mercado local, el ranking de ventas lo encabezan las pistolas 9 milímetros, carabinas calibre .22 y escopetas.

Ingresar al mundo del legítimo usuario no es económico. Según los valores actuales del mercado, una arma corta parte desde los $400.000, mientras que los modelos de armas largas pueden superar los $600.000.

En una sesión cargada de tensión y posturas encontradas, la Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de Reforma Electoral que ahora aguarda su tratamiento en el Senado. La iniciativa, que modifica sustancialmente el sistema de votación para legisladores e intendentes, se convirtió en el epicentro de una polarización política que divide aguas entre quienes ven una actualización necesaria y quienes alertan sobre una distorsión de la voluntad popular.

El nuevo esquema establece que los votos de las distintas listas que integran un mismo frente se sumarán para definir al espacio ganador en las categorías locales. Entre los puntos principales se destacan:

• Acumulación de votos: Las listas internas (hasta cuatro por frente) suman para el espacio común.

• Sin pisos mínimos: Se eliminan los porcentajes de votos requeridos para ingresar a la distribución de cargos por sistema D’Hondt.

• Ficha Limpia y Salud: Se incorpora la obligatoriedad del narcotest para los candidatos.

• Unificación: Se sintetiza la instancia interna y la general en un solo acto electoral.

Para los legisladores del bloque mayoritario, la reforma es la respuesta lógica tras la derogación de las PASO. El diputado Gustavo Dantur defendió la medida argumentando que permitirá «mayor claridad sobre las posturas políticas» y pidió no subestimar la capacidad de elección del ciudadano.

En la misma línea, la diputada Socorro Villamayor enfatizó que el proyecto termina con la «selección a dedo» de candidatos. «Se limita la cantidad de listas por frente, lo que facilita la comprensión del electorado y amplía la participación ciudadana», puntualizó, rechazando que el sistema sea un regreso a la cuestionada Ley de Lemas.

Desde la otra vereda, el rechazo fue rotundo por parte de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), la UCR y el Bloque de la Reconquista. La principal crítica radica en que el sistema de sumatoria de votos podría beneficiar a candidatos que no fueron los más votados individualmente, emulando la Ley de Lemas derogada en 2002.

• Retroceso democrático: La radical Soledad Farfán advirtió que la ley centraliza las decisiones en las cúpulas partidarias y debilita la participación.

• Impacto económico: El diputado José Gauffín cuestionó la oportunidad de la reforma en un contexto de crisis: «Habrá mayor pobreza; esto va a costar una fortuna», alertó.

• Cuestionamientos legales: Desde LLA, Franco Lastra calificó la medida de «anticonstitucional» y «poco transparente», mientras que María Elena Dadis denunció un tratamiento apresurado que no permitió un debate plural con especialistas.

• Antecedentes: Guillermo Durand Cornejo recordó los riesgos de reinstaurar mecanismos donde «un voto podía terminar beneficiando a otro candidato».

Con la media sanción obtenida por mayoría, el debate se traslada ahora a la Cámara Alta. El oficialismo confía en convertir el proyecto en ley para aplicar las nuevas reglas en los próximos comicios, mientras que la oposición insiste en que la reforma busca «blindar» al poder de turno ante un escenario electoral incierto.