El esquema de actualización tarifaria y la quita progresiva de subsidios nacionales impusieron un escenario insostenible para miles de hogares salteños. En San José de Metán, la combinación de subas en el precio mayorista, los ajustes autorizados a la distribuidora EDESA y el consumo propio de la temporada invernal derivaron en boletas que duplican y hasta triplican los valores del período anterior. La situación expone una realidad crítica: la brecha irreversible entre el costo de los servicios básicos y la pérdida de capacidad de pago del sector trabajador.
El caso de Brisa, una vecina de barrio el Jardín, refleja la dimensión del problema. Tras quedarse recientemente sin trabajo, acudió a retirar las facturas acumuladas del servicio eléctrico de su vivienda familiar, donde reside junto a sus dos hijas de 5 y 8 años y su suegra. La liquidación de tres facturas sumó un monto superior a los 2,5 millones de pesos, una cifra desproporcionada para un inmueble de uso residencial.
Con el único ingreso fijo del hogar representado por la pensión de su suegra —que ronda los 300 mil pesos—, la deuda resulta matemáticamente imposible de cancelar. Ante la falta de pago, la empresa prestadora aplicó la suspensión del suministro, dejando la casa de Brisa sin electricidad y comprometiendo incluso los escasos alimentos que tiene en la heladera.
El testimonio evidencia la vulnerabilidad de las familias frente a la rigidez de los esquemas de facturación. En un contexto marcado por la desocupación y el estancamiento de los ingresos, el acceso a los servicios esenciales se transforma en un problema social creciente que deja a barrios enteros expuestos al desamparo.