A tres años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, los datos de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) realizada por la Universidad de San Andrés reflejan un marcado deterioro en el clima social y un descontento generalizado frente a las políticas del Gobierno nacional. Con una desaprobación del 60% y apenas un 36% de aval a la gestión, el estudio expone el impacto del ajuste sobre los sectores populares y la clase media.

El diagnóstico es especialmente sombrío respecto de la economía de bolsillo: el 52% de los encuestados afirmó que su situación personal empeoró durante el último año, mientras que un contundente 54% señaló que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir la canasta básica. Ante esta pérdida de poder adquisitivo, el 35% debió recurrir a recortes de gastos drásticos o al uso de ahorros, y un 19% admitió haber caído en el endeudamiento para subsistir.

Asimismo, las prioridades del oficialismo se encuentran desconectadas de las urgencias ciudadanas. Mientras la falta de trabajo (39%), los salarios insuficientes (35%) y la pobreza (31%) encabezan las mayores preocupaciones del país, las áreas clave de gestión estatal sufren el fuerte reproche del público. Obras públicas e infraestructura, salud y educación registran un 72% de insatisfacción cada una, dejando en evidencia las secuelas del repliegue estatal en los servicios esenciales.

La percepción sobre el rumbo económico nacional atraviesa un escenario de marcado pesimismo y desaprobación generalizada. De acuerdo con los datos de la edición de septiembre del informe Latam Pulse, elaborado de forma conjunta por la consultora AtlasIntel y la agencia Bloomberg, el 71% de los consultados calificó como “mala” la situación económica de la Argentina.

El relevamiento, realizado sobre un universo de 2.067 encuestados, mostró un saldo de opiniones desfavorables que impacta de lleno en el presupuesto cotidiano y en las proyecciones a corto plazo:

• Economía familiar: El 60% la definió como mala, frente a un 20% que la consideró buena y otro 20% que la calificó como normal.

• Mercado de trabajo: Registró el peor indicador del estudio, con un 75% de evaluación negativa frente a solo un 13% de miradas favorables.

• Proyección a seis meses: El 55% estimó que la economía empeorará en el próximo semestre, un 57% proyectó una caída en las oportunidades laborales y el 48% previó un deterioro en los ingresos de su hogar.

En cuanto al comportamiento de consumo, el 58,5% de los participantes afirmó que reducirá las compras de bienes durables en los próximos meses, lo que representa un incremento de 11,3 puntos porcentuales en el nivel de cautela respecto al mes de agosto.

El sondeo midió además las principales problemáticas que perciben los ciudadanos. La corrupción encabezó las respuestas con el 50,3%, seguida muy de cerca por el desempleo (44%), la impunidad y el sistema judicial (34,6%), la coyuntura económica general (32,2%) y los altos precios e inflación (27,8%).

El marco legal que regula la atención de la salud mental en la Argentina se encamina a una profunda transformación. Tras un prolongado debate en comisiones, el proyecto de reforma de la Ley 26.657 obtuvo dictamen para ser tratado en el recinto del Senado, impulsando modificaciones estructurales en la abordaje de cuadros agudos y adicciones.

El eje central de la iniciativa radica en la revisión del criterio para ordenar una internación involuntaria. El texto actual exige la presencia de un «riesgo cierto e inminente» (interpretado habitualmente en las guardias como un peligro inmediato o «del aquí y ahora»), requisito que es reemplazado por la figura de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros. Con este cambio, los profesionales podrán disponer la internación evaluando antecedentes y conductas de riesgo previas, sin la necesidad de esperar a que la emergencia sea inminente.

Entre los principales aspectos técnicos que introduce la reforma se destacan:

• Evaluación profesional: La indicación de internación deberá ser firmada por un médico (preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental) junto a otro profesional (preferentemente psicólogo), además de notificarse a la Justicia en un plazo que se extiende de 10 a 24 horas.

• Diagnóstico y terminología: Reemplaza la denominación «padecimiento mental» por «afección o trastorno de salud mental», revalorizando la evaluación médica para descartar patologías orgánicas con sintomatología psíquica antes de determinar el tratamiento.

• Sustancias y adicciones: Reafirma la inclusión de las adicciones dentro del campo de la salud mental e incorpora explícitamente a la ludopatía.

• Directivas anticipadas y egreso: Permite a los pacientes dejar expresado qué tratamientos aceptan o rechazan de antemano y exige la confección de un plan interdisciplinario con seguimiento posterior al alta.

El proyecto también reabrió el debate sobre la infraestructura del sistema sanitario. Mientras diversos sectores psiquiátricos señalan las dificultades que generó la meta fijada en 2010 para el cierre de los hospitales monovalentes (como el Borda) y reclaman redes diferenciadas con instituciones especializadas para cuadros severos, el texto normativo consensuado mantiene la prohibición de las instituciones de encierro de tipo manicomial, promoviendo la atención en hospitales generales y el control judicial periódico de las medidas.