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Ajuste de tarifas de luz y gas: el Gobierno decretó la emergencia energética

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La decisión del Poder Ejecutivo fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Se mantiene la intervención de los entes de control

El Gobierno Nacional decretó este lunes la emergencia energética con el objetivo de comenzar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas.

El Decreto 55/2023 fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete de Ministros.

En efecto, la emergencia declarada en el sector energético “hasta el 31 de diciembre de 2024″ abarca “a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

La medida instruye a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, que a su vez funciona bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, “para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.

Tras dar por iniciada la revisión tarifaria, el Gobierno de Milei estableció que a entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.

A su vez, se dispuso la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1° de enero de 2024, y hasta la designación de los miembros del Directorio.

Los interventores que designe el Ministerio de Economía están facultados a realizar los procesos de revisión de tarifas y hasta que estén definidas podrán “aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria”.

Para la conformación de los directorios del ENRE y del ENARGAS, la Secretaría de Energía cuenta con un plazo de 180 días.

La decisión fue ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional mientras suceden diversos cortes masivos a raíz del temporal que azotó a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, en los considerando, se justificó la publicación del decreto señalando que “la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación”.

“Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes”, planteó la Secretaría de Energía, que a su vez advirtió que “de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios”.

En este marco, el Gobierno se excusó haciendo referencia a la herencia recibida de la administración de Alberto Fernández, con lo cual enfatizó que “es necesario adoptar aquellas medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el adecuado suministro a toda la población del país”.

Mientras tanto, de acuerdo al último informe, más de 110 mil usuarios de Edesur y más de 70.000 clientes de Edenor seguían este domingo por la noche sin energía eléctrica después de las consecuencias del temporal que afectó ayer a la madrugada a la región del AMBA.

Según las cifras sobre el estado del servicio eléctrico informado en la página oficial del ENRE, pasadas las 22 había 113.280 clientes de Edesur sin suministro eléctrico y 70.428 de Edenor. Las zonas de concesión de Edesur más afectadas por la falta de suministro a las 22.30 eran las localidades bonaerenses de Adrogué, Longchamps, Rafael Calzada, Sarandí, Villa Domínico, Berazategui y Cañuelas.

Asimismo, estaban con interrupción de suministro Monte Grande, Florencia Varela y Remedios de Escalada, Lavallol, Temperley y Alejandro Korn, entre otras.

En la Ciudad de Buenos Aires, los más afectados eran los clientes de Edesur en los barrios de Recoleta, Montserrat y San Telmo. En tanto, a las 22.45 había 70.428 clientes de la distribuidora de energía Edenor si suministro eléctrico debido a las consecuencias del temporal.

Las localidades bonaerenses más afectadas en el área de Edenor eran Tres de Febrero, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Malvinas Argentinas, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y San Miguel. En tanto, no había cortes de clientes de Edenor en la Ciudad de Buenos Aires.

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Milei convoca a los Gobernadores «Dialoguistas» tras el triunfo electoral

El presidente Javier Milei convocó este jueves a las 17:00 hs. en Casa Rosada solo a los gobernadores «dialoguistas» que adhirieron al Pacto de Mayo, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta). Quedan excluidos los mandatarios de la oposición más dura, buscando el Ejecutivo nacional afianzar el apoyo para la agenda legislativa post-elecciones.

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El presidente Javier Milei ha convocado a la primera reunión con gobernadores tras el resultado de las elecciones legislativas, que vieron un notable crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). El encuentro, que busca afianzar lazos para la gobernabilidad, será este jueves a las 17:00 horas en Balcarce 50, pero estará limitado a los mandatarios considerados «dialoguistas» que firmaron el Pacto de Mayo en julio pasado.

La Casa Rosada optó por un formato selectivo, excluyendo a los gobernadores más confrontativos de la oposición. Por lo tanto, se descarta la presencia de los mandatarios peronistas de línea dura: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados directos de la Casa Rosada en los recientes comicios:

  • Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
  • Alfredo Cornejo (Mendoza)
  • Leandro Zdero (Chaco)
  • Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)

También fueron convocados los gobernadores que representan el espacio Provincias Unidas y que han mantenido un diálogo fluido con el Ejecutivo nacional:

  • Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
  • Martín Llaryora (Córdoba)
  • Gustavo Valdés (Corrientes)
  • Carlos Sadir (Jujuy)
  • Ignacio Torres (Chubut)

La invitación se extendió a otros mandatarios considerados claves por su alineamiento o por ser voces provinciales fuertes:

  • Rolando Figueroa (Neuquén)
  • Alberto Weretilneck (Río Negro)
  • Claudio Poggi (San Luis)
  • Hugo Passalacqua (Misiones)
  • Gustavo Sáenz (Salta)

Finalmente, el encuentro incluirá a figuras del peronismo que resultaron victoriosas el domingo o que tienen un peso político regional fundamental:

  • Osvaldo Jaldo (Tucumán)
  • Raúl Jalil (Catamarca)
  • Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

La reunión de este jueves será crucial para la agenda del Gobierno, que busca obtener el respaldo necesario en el Congreso para sus reformas, en un escenario parlamentario donde LLA, si bien creció, sigue dependiendo de alianzas para alcanzar el quórum.

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El Congreso Post-Elecciones Legislativas 2025: Un nuevo mapa de poder y desafíos para el quórum

Con un crecimiento histórico, LLA se consolida como segunda fuerza tanto en Diputados (80 bancas) como en Senadores (18), desafiando el poder del Peronismo (99 y 28 respectivamente). El nuevo Congreso estará fragmentado y la aprobación de cualquier ley dependerá de amplios acuerdos entre el oficialismo y bloques provinciales.

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Los resultados de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 han reconfigurado drásticamente la composición de las Cámaras de Senadores y Diputados, mostrando un nuevo escenario político que obligará a intensas negociaciones para alcanzar consensos.

La Cámara Alta, compuesta por 72 bancas, presenta una configuración altamente fragmentada, con el quórum establecido en 37.

  • Peronismo (Primera Minoría): Conserva la mayor cantidad de escaños con 28 bancas. Sin embargo, queda lejos de alcanzar el quórum por sí mismo, obligándolo a buscar aliados para cada votación.
  • La Libertad Avanza (LLA): Consigue un bloque significativo de 18 bancas. Su crecimiento es clave, ya que se consolida como la segunda fuerza más importante en el Senado.
  • PRO y UCR: El PRO obtiene 6 bancas y la UCR consigue 10 bancas. Si bien son bloques menores que en Diputados, su capacidad de alinearse con LLA o con el Peronismo será fundamental para definir mayorías.
  • Otros: El bloque «Otros» suma 10 bancas, manteniendo su peso decisivo en el equilibrio de fuerzas.

El Peronismo (28) podría bloquear cualquier ley si se une a un grupo minoritario. Por su parte, el oficialismo de LLA (18) deberá tejer una alianza muy amplia, probablemente con el PRO (6), la UCR (10) y parte de «Otros» (10), sumando un mínimo de 44 bancas (18+6+10+10), para alcanzar una mayoría estable. La dinámica del Senado dependerá de los acuerdos puntuales que LLA logre cerrar con los bloques provinciales y opositores.

Por su parte, en la Cámara Baja, el cambio más significativo es el crecimiento exponencial de La Libertad Avanza (LLA). El partido, que en la «Cámara Actual» contaba con 37 bancas, proyecta alcanzar 80 bancas en la «Próxima Cámara», sumando un impresionante diferencial de 43 diputados. Este salto los convierte en la segunda fuerza más grande, casi duplicando su representación y posicionándose como un actor ineludible en cualquier discusión parlamentaria. Su desafío será transformar este crecimiento numérico en capacidad de gobernabilidad, requiriendo alianzas y negociaciones constantes.

El Peronismo logra mantener su posición como la primera minoría con 99 bancas, sin registrar cambios respecto a la Cámara actual. Si bien conservan un bloque numeroso, la cifra de 99 diputados los deja por debajo del quórum de 129, lo que significa que necesitarán de otras fuerzas para aprobar leyes cruciales. Su capacidad de negociación y articulación con bloques más pequeños será clave para su agenda legislativa.

Los partidos tradicionales de centro y centro-derecha sufren un retroceso. El PRO pasa de 35 a 24 bancas (-11), mientras que la UCR disminuye de 14 a 6 bancas (-8). Incluso, la «UCR Disidente» reduce su presencia de 12 a 3. Esta tendencia de achicamiento de los bloques tradicionales fragmenta aún más el centro del espectro político, haciendo más compleja la construcción de mayorías estables. El desdibujamiento de estas fuerzas podría favorecer la polarización o, por el contrario, obligar a una mayor flexibilidad y negociación multipartidaria.

Surgen con más fuerza «Provincias Unidas» (antes 24, ahora 8 bancas), aunque sufre una caída de 16, y «Encuentro Federal» (de 15 a 8 bancas (-7)), que también experimenta un retroceso. El bloque de «Izquierda» se mantiene relativamente estable con 4 bancas (+1). El apartado «Otros» se reduce significativamente de 40 a 25 bancas (-15), lo que sugiere una reabsorción de algunos legisladores en los bloques más grandes o la desaparición de agrupaciones menores.

El Desafío del Quórum: Un Congreso de negociación constante

El principal corolario de esta nueva configuración es la dificultad para alcanzar el quórum de 129 diputados. Ninguna fuerza política, por sí sola o incluso en alianzas directas obvias, lo logra holgadamente.

  • El Peronismo (99 bancas) necesitará sumar al menos 30 diputados de otros bloques.
  • La Libertad Avanza (80 bancas) requerirá de al menos 49 diputados adicionales para lograr quórum propio, lo que implica una negociación con el PRO, quizás «Encuentro Federal» y otros bloques.

Este escenario predice un Congreso mucho más fragmentado, donde la aprobación de cada ley será el resultado de arduas negociaciones, consensos y concesiones entre las diversas fuerzas políticas. La capacidad de diálogo, el pragmatismo y la habilidad para construir puentes serán habilidades esenciales para los líderes de cada bloque en esta «Próxima Cámara».

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Milei y Quintar: cómo manejan el PAMI mientras los jubilados pagan el precio

El manejo del PAMI por parte de Milei y Quintar genera preocupación entre sectores sociales y políticos. Denuncias y documentos señalan que decisiones estratégicas en la designación de cargos y la gestión de servicios esenciales podrían beneficiar intereses privados, mientras jubilados y personas con discapacidad enfrentan demoras y obstáculos en el acceso a sus derechos.

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Lo que durante meses circulaba como rumor en ámbitos políticos y administrativos de Jujuy, hoy se confirma con documentos y testimonios: la distribución discrecional de cargos en organismos nacionales y provinciales se habría convertido en una práctica consolidada, con el PAMI y la ANSES como escenarios centrales.

Fuentes oficiales señalan que Martín y Lule Menem habrían intervenido directamente en la designación de funcionarios, favoreciendo allegados y estructuras de confianza, dejando en evidencia una red de influencia que compromete la transparencia del sistema previsional.

En el ámbito local, el diputado Manuel Quintar aparece como beneficiario de estas decisiones. Según denuncias recibidas por este medio, Quintar habría colocado como director del PAMI provincial a Evaristo Bautista, administrador de su propia clínica privada, Los Lapachos. La movida generaría un evidente conflicto de intereses, al concentrar el control del servicio público y la gestión de su negocio particular en un mismo espacio.

Las irregularidades alcanzan también a la emisión de certificados de la ANDIS, requisito indispensable para que personas con discapacidad accedan a pensiones. Informes internos indican que dichos certificados provienen de la clínica de Bautista, generando un circuito cerrado que beneficia directamente al diputado, mientras los beneficiarios enfrentan demoras y trabas burocráticas que afectan sus derechos.

El panorama se completa con la participación del senador Ezequiel Atauche, quien según allegados a la gestión provincial habría respaldado estas designaciones, reforzando la percepción de complicidad política en torno a estas decisiones.

Consultados por este medio, voceros de PAMI y ANSES se limitaron a señalar que todas las designaciones se ajustan a la normativa vigente, sin entrar en detalles sobre los posibles conflictos de intereses ni la gestión de recursos destinados a jubilados y personas con discapacidad.

Las denuncias plantean interrogantes sobre la administración de fondos públicos y la ética en la designación de funcionarios, poniendo en el centro del debate la necesidad de mecanismos de control más estrictos y transparentes, que garanticen que los recursos destinados a los sectores más vulnerables no sean utilizados para favorecer intereses privados.

Mientras tanto, jubilados y beneficiarios continúan sufriendo retrasos en trámites y servicios, evidenciando una brecha entre las decisiones políticas y las necesidades reales de la población.

El caso promete derivar en investigaciones más profundas, tanto administrativas como judiciales, para determinar si los designios políticos han comprometido el derecho a la salud y a la seguridad social de los ciudadanos de Jujuy.

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