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El DNU de Milei ya entró en vigencia

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Decidido a avanzar en tiempo récord con sus reformas, Javier Milei se reúne y habla a diario con este grupo para definir la estrategia. Cada uno tendrá un rol puntual, aunque se avizoran superposiciones

Javier Milei junto a parte de su Gabinete en el balcón de la Casa Rosada

Tan apasionado de la economía como renuente a la negociación política, Javier Milei formó una pequeña tropa de dirigentes que tendrán asegurado el contacto directo con el Ejecutivo y, con sus instrucciones, se ocuparán de dar personalmente la batalla del Gobierno en el Congreso por el DNU de desregulación de la economía, que entro en vigencia este viernes, y la ley Ómnibus. Del éxito de esas gestiones, que ocupan el primer lugar de la lista de prioridades del Presidente, dependerá el capital político de los libertarios en el inicio de la nueva administración.

En el embrionario esquema para impulsar la estrategia legislativa desde el Ejecutivo, cuatro jugadores tendrán fuerte protagonismo durante el mes que viene, cuando tomará velocidad el período de sesiones extraordinarias: el ministro del Interior, Guillermo Francos, la presidenta provisional del Senado Victoria Villarruel; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el recién llegado secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, Omar de Marchi.

No tienen una tarea fácil. Desde el inicio de su mandato Milei demostró rechazo hacia el Parlamento, al “darle la espalda” a los legisladores en la ceremonia de jura; con la presentación de un DNU como primera medida de peso; y al acusarlos, aunque sin dar nombres, por recibir dádivas a cambio de ceder sus voluntades.

De todas formas, el Presidente se encargó de armar una estrategia con los cuatro espadachines, con quienes habla seguido y a quienes ya recibió individualmente, con mayor o menor grado de publicidad, según el tipo y el estado de la relación. Por separado, con Menem y De Marchi hizo las puestas en escena más cuidadas, en el hotel Libertador y en la Casa Rosada. Con Francos y Villarruel, con quien tiene mayor confianza, apenas hubo fotos juntos y mantuvieron los diálogos en privado. El último en pisar Balcarce 50 fue el líder de Unión Mendocina, que se acaba de incorporar al gobierno y fue convocado anteayer por el Jefe de Estado en su despacho, con foto y mensaje de bienvenida en redes incluidos.

Durante los últimos diez días los cuatro dirigentes mantuvieron frecuentes reuniones entre sí, en general secretas, de a dos y tres, y con los jefes de los bloques -aunque todavía nunca en conjunto-, para definir sus roles y la estrategia. Cada uno tendrá una tarea específica, aunque se vislumbran superposiciones que, dicen, intentarán sortear sobre la marcha.

Martín Menem y Guillermo Francos

Los miembros del escuadrón Ejecutivo-Legislativo se conocen hace poco. Los tres primeros son libertarios de pura cepa, que entraron en contacto entre sí bien entrada la campaña electoral. El último es un ex dirigente de las filas del PRO de Mendoza, que rompió con los amarillos y los radicales para armar su propia fuerza y tiene muy mala relación con varios referentes duros del partido que fundó Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, y con los correligionarios de la línea del gobernador Alfredo Cornejo, que se impuso en las últimas elecciones pero por un margen más estrecho del que esperaba, justamente por la incidencia de De Marchi en el resultado.

En Gobierno aseguran que los cuatro están decididos a trabajar en equipo y que procurarán evitar superponerse en el vínculo con los legisladores, los gobernadores, los sindicatos y los líderes de los partidos, centrales para sacar las leyes o evitar que les veten el DNU. La semana pasada, Francos se reunió con Villarruel y con Menem en el Congreso. Y al día siguiente los recibió nuevamente en la Casa Rosada. En paralelo, el ministro le dio la bienvenida a De Marchi, que acababa de desembarcar en su despacho del salón Martín Fierro, en el primer piso del palacio, donde trabajará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Como es habitual, los libertarios no dejaron trascender casi nada sobre el encuentro. “Fue un diálogo productivo para empezar a trabajar juntos”, dijeron en la cartera política.

El contacto es cada vez más frecuente. Ayer Francos estuvo nuevamente en el Senado, esta vez para encontrarse con Villarruel y con los jefes de los bloques, que le plantearon su incomodidad con las acusaciones por “coimeros” de parte del propio Milei y por “poner palos en la rueda”, según el vocero presidencial, Manuel Adorni. El mismo día, De Marchi estuvo en el mismo despacho para presentarse a Villarruel. “Se puso a disposición para trabajar juntos, no mucho más”, se limitaron a transmitir en el entorno de la vicepresidenta, que acaba de lograr un acuerdo con el arco no kirchnerista para formar una especie de interbloque informal de 39 senadores. Ese número les permitiría alcanzar la mayoría simple si sumaran eventuales nuevos apoyos cuando se terminen de definir -es inminente- las composiciones de las comisiones y sus respectivas presidencias, monedas de cambio fundamentales en la negociación parlamentaria.

Menem y Villarruel, en simultáneo, participaron en la mayor parte de los encuentros del Gabinete que se realizaron todos los días en la Casa de Gobierno durante las primeras semanas y empezaron a espaciarse desde ayer. En todas tuvieron sendos contactos con Javier Milei, que tiene vínculo más aceitado con el presidente de Diputados y con Francos. Son conocidas las diferencias con la abogada, de quien se distanció en el tramo final de la campaña para dar lugar a una relación tensa, muy distinta de la que sostuvieron durante los dos primeros años de carrera política, cuando trabajaron codo a codo como compañeros de banca en la Cámara baja. Hoy se comunican a diario principalmente por chat.

En los respectivos entornos de los espadachines con oficinas en Balcarce 50 y en el Palacio del Congreso, De Marchi y Francos, aseguran que no se pisarán en sus funciones e interlocutores, y están decididos a evitar los roces. El jueves pasado se encontraron en la Casa Rosada para entrar en sintonía, y en sus oficinas fueron especialmente cuidadosos, ante la consulta de este medio, de no herir susceptibilidades a la hora de explicar sus respectivos roles en la estrategia legislativa.

Francos no trabajará en el “poroteo” sino en la estrategia “macro”, en las reuniones con los gobernadores -fue quien organizó el encuentro con los 24 mandatarios y el Presidente- y “las figuras políticas más importantes” o de mayor peso, así como en la “articulación” general. El ministro político tiene llegada directa con el Presidente, a quien puede visitar a diario con sólo subir un piso, lo cual le otorga un poder excepcional frente al resto de la dirigencia. Pero en el ajuste del Gobierno perdió herramientas de negociación con la eliminación de la obra pública y de los aportes discrecionales que dispusieron Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En términos económicos, le quedaron, al menos, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Aunque se impuso cierta incertidumbre en las provincias sobre quién es actualmente el nexo en el Gobierno para pedirlos, desde que el titular de Hacienda dispuso traspasar a su propia órbita cualquier decisión administrativa sobre esas erogaciones. En Interior aseguraron que, como Wado, es Francos el encargado de recibir los pedidos y trasladarlos a Hacienda. Pero según pudo saber Infobae, algunos gobernadores se contactaron también, directamente, con Caputo. “No cambia nada. Antes Interior también tenía que hablar con Economía para pedir los fondos. A lo sumo cambiará que el expediente lleve la firma de los dos, pero no mucho más”, le restó importancia a la modificación administrativa un funcionario.

Javier Milei junto a Omar De Marchi

El perfil de De Marchi promete darle mayor protagonismo a la Secretaría de Relaciones con el Parlamento, que fue comandada durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández por el referente de Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, que estaba más pendiente de los planes sociales que del vínculo con el Congreso. La inactividad de esa dependencia se profundizó aún más en 2021 con el reemplazo de Santiago Cafiero por Juan Manzur, que tenía relación previa con los gobernadores; y por el vínculo excluyente que mantenía el titular de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con la presidenta del Senado, Cristina Kirchner.

De Marchi, dijeron en la Casa Rosada, sería una especie de doble agente, con un papel formal o “duro”; y otro informal o “blando”. Por un lado, se encargará de la trazabilidad parlamentaria sobre los proyectos que ingresan, la preparación de las respuestas a los pedidos de informe que lleguen desde el Parlamento y el envío de los mensajes del Ejecutivo al Congreso, sean proyectos o notas, y la elaboración de los informes de Posse. Por otro, se centrará en darle cohesión al bloque, trabajará en los roles de cada diputado y las vocerías; en el relacionamiento político -según aclararon, en sintonía con Francos, Menem y Villarruel-, con reuniones “constantes” con diputados rasos y autoridades. “Estamos tratando de generar el camino para que las cosas sucedan. El Presidente nos pidió que seamos ejecutivos”, deslizaron.

Victoria Villarruel (REUTERS)

De Marchi fue importado por LLA por su larga experiencia -fue diputados por doce años y comandó desde la vicepresidencia la Cámara baja- y en los pocos días que lleva en el cargo ya visitó a varios legisladores, principalmente los propios. Pero tiene una relación complicada con el PRO y la UCR en su provincia, de quienes se apartó para competir con su propia fuerza este año. También discutió duramente con Patricia Bullrich cuando era candidata a presidenta de JxC. Y aquellos resquemores, que siguen vigentes, podrían dificultarle al líder de Unión Mendocina las relaciones con los diputados “bullrichistas”: Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmetech, Alberto Asseff, Silvina Giudici, Alejandro Bongiovani, Patricia Vaquez, Sergio Capozzi y Gerardo Milman, de quienes depende, en buena parte, el caudal que pueda reunir el oficialismo para avanzar con sus proyectos.

En Gobierno admitieron que el propio Milei quiso darle un lugar en el Gobierno como retribución a su apoyo durante las elecciones. Especialmente luego de dejarlo fuera de la Secretaría de Educación que le habían prometido en los primeros días post-balotaje. “Omar había trabajado mucho en la campaña de Mendoza en temas educativos y era el más adecuado, pero lo borraron”, se sinceraron en la provincia en estricto off the record. Sin embargo, oficialmente, en su entorno dijeron que aquel nombramiento nunca estuvo firme y que “sólo era una versión más, entre tantas” sobre la conformación del Gabinete. Algunos rumores indicaron que fue el propio Cornejo el que puso trabas a ese desembarco, pero en todos los sectores involucrados lo negaron tajantemente. “Son operaciones”, aseguraron.

En las fuerzas aliadas en el Congreso aseguran que la interlocución con el Gobierno es aún “desordenada”. “A diferencia de otros esquemas políticos, este aparece más atomizado”, se sinceró un diputado de PRO. “En el gobierno de Mauricio hablábamos con (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio y con (el presidente de la Cámara, Emilio) Monzó. Y el que contactaba a los diputados era Monzó. Ese era el camino y estaba claro. En el gobierno anterior, Cecilia (Moreau) y Germán (Martínez) hicieron algo similar, y estaba Wado. Hoy no sabemos bien quiénes son los interlocutores en Casa Rosada y está siendo desordenado. Todos hablamos con todos”, compararon. No obstante, se mostraron pacientes y dispuesto a dar margen hasta que el sistema del nuevo gobierno se organice: “Es lógico, están empezando. Pero no está claro con quién tenemos que hablar. Yo me comunico con dos de ellos en particular, y todavía no sabemos cuál va a ser el rol de De Marchi”, agregaron en el bloque amarillo.

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Milei metió el tercer viaje a Israel: ¿Es política exterior o una agenda espiritual personal?

Entre ensayos musicales, doctorados y visitas al Muro de los Lamentos, el Presidente Javier Milei cumple una nueva y extensa estadía en Jerusalén. Mientras los gobernadores del interior cuentan monedas para pagar sueldos, el mandatario parece haber encontrado su «lugar en el mundo», aunque este quede a 12.000 kilómetros de la Casa Rosada.

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Si hubiera un programa de «viajero frecuente» para presidentes, Javier Milei ya tendría millas suficientes para llegar a la Luna. Su tercer arribo a Israel desde que asumió el mando vuelve a encender una alarma que va más allá de la diplomacia: la creciente sospecha de que la agenda oficial de la Argentina está siendo moldeada por las inclinaciones místicas y personales del hombre que conduce el país.

La imagen del domingo fue, por decir poco, pintoresca. El Presidente de una nación con el 50% de pobreza fue filmado arriba de un escenario en Jerusalén, ensayando el clásico “Libre” de Nino Bravo junto a estrellas del pop israelí.

¿Es necesario que un Jefe de Estado, en medio de una crisis económica asfixiante, dedique tiempo de su agenda oficial a ensayar dotes de cantor para una fiesta patria ajena? Para muchos, este «costado rockstar» de Milei no hace más que profundizar la sensación de desconexión con un interior argentino que padece el parate de la obra pública y el encarecimiento de la vida diaria.

El itinerario de la visita refuerza la duda del título: recibió un Doctorado Honoris Causa, visitó una academia de estudios talmúdicos, mantuvo un encuentro con rabinos, cantó «Libre» en los ensayos por el Día de la Independencia de Israel, y como si fuera poco visitó el Santo Sepulcro y volvió nuevamente al Muro de los Lamentos.

Milei llegó a Israel y su primera actividad fue la visita al Muro de los  Lamentos en Jerusalén | Perfil

Resulta difícil encontrar en este cronograma reuniones que apunten a destrabar exportaciones de carne salteña o atraer inversiones industriales que generen empleo inmediato. En cambio, parece una travesía diseñada para la satisfacción intelectual y religiosa del mandatario, financiada —claro está— por el erario público.

El gran anuncio económico del domingo fue la confirmación de vuelos directos de la empresa El Al entre Buenos Aires y Tel Aviv para noviembre. Es paradójico: en un país donde la clase media lucha para llenar el tanque de nafta para ir a trabajar, el Presidente celebra una ruta aérea de 16 horas que solo podrá disfrutar una ínfima minoría.

Más allá de lo espiritual, Milei ratificó la mudanza de la embajada a Jerusalén y firmó los «Acuerdos de Isaac». En términos de política exterior, esto es jugar con fuego en un polvorín. El Presidente está rompiendo una tradición histórica de neutralidad argentina que nos protegía de conflictos lejanos. Al alinearse de forma tan personal y estridente, no solo compromete al Estado nacional, sino que expone al país a represalias geopolíticas en un escenario internacional cada vez más inestable.

Mientras tanto, en Salta y el resto de las provincias, el «ancla» sigue siendo el ajuste. Pareciera que para el Presidente, la libertad es un concepto que se canta mejor en Jerusalén que el que se gestiona en las rutas y escuelas del norte argentino.

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El Ministro de Salud calificó de «carga» a los jubilados mayores de 80 años

En una declaración que generó repudio inmediato, el Ministro de Salud de la Nación apuntó contra la longevidad de los afiliados como la causa del déficit de la obra social. Mientras tanto, en Salta, las farmacias advierten que el «déficit cero» de Milei está dejando a los abuelos sin sus medicamentos básicos.

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El Gobierno Nacional parece haber encontrado un nuevo responsable para la crisis del sistema de salud: los propios jubilados por vivir «demasiado». En el marco del AmCham Summit, el titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, lanzó una frase que desató una ola de indignación al quejarse de la cantidad de octogenarios y centenarios que pertenecen al PAMI.

Para el ministro Lugones, el hecho de que un millón de afiliados superen los 80 años y otros 6.000 hayan cruzado la barrera de los 100 es, textualmente, una “carga muy grande”. Con un tono de queja, sentenció: «Ya hay abuelos, hijos y nietos en Pami», intentando explicar así el desfinanciamiento de la obra social más grande de Latinoamérica.

Estas declaraciones se dan en un contexto de extrema fragilidad, donde el funcionario admitió no tener la última palabra sobre el dinero: «Me dijeron que estaban pagando», respondió con vaguedad, confirmando que el manejo de los fondos de salud está bajo el control total del ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene pisados los giros para sostener el superávit fiscal.

Mientras en los despachos de Buenos Aires se habla de los jubilados como «cargas», en las farmacias del interior el panorama es desolador. Según datos del sector farmacéutico, lo que el Gobierno está pagando con cuentagotas apenas cubre prestaciones de enero y febrero, dejando un rojo financiero que las farmacias ya no pueden absorber.

En Salta, la situación es crítica. El mecanismo es perverso: las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos cortos para recibir medicamentos, pero el PAMI les debe meses de facturación. Sin dinero para reponer, el stock comienza a faltar y son los abuelos quienes, receta en mano, rebotan de mostrador en mostrador sin poder acceder a sus tratamientos.

El «cataclismo» que mencionan los prestadores no es solo económico, sino humano. A la falta de medicamentos se suma la amenaza de los médicos de abandonar la atención tras los recortes del 50% en sus ingresos impuestos por la nueva gestión.

La postura de Lugones deja en claro la hoja de ruta del Ejecutivo: un ajuste ortodoxo donde la variable de ajuste es la salud de quienes aportaron durante décadas. Para el Gobierno, la longevidad no es un logro de la medicina o la calidad de vida, sino un problema contable que desequilibra las arcas del Estado.

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¿Venganza o Justicia? El proyecto que busca terminar con las falsas denuncias de género

El proyecto que avanza en el Senado reabre la discusión sobre las garantías procesales. Sus defensores sostienen que las falsas denuncias no solo destruyen vidas de inocentes, sino que también deslegitiman las causas reales de violencia, saturando un sistema judicial que ya está colapsado.

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El dictamen favorable al proyecto de la senadora Carolina Losada para endurecer las penas contra las falsas denuncias ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda pero necesaria de debatir: el uso de la estructura judicial como herramienta de revancha o estrategia en litigios familiares. La iniciativa propone penas de hasta 6 años de cárcel cuando se mienta sobre delitos de violencia de género o abuso, buscando preservar el principio de inocencia y la verdad jurídica.

Quienes apoyan la medida argumentan que una falsa denuncia no es un error administrativo, sino un delito que genera daños irreparables. El señalado suele enfrentar el «escrache» social, la pérdida del empleo y, en muchos casos, el alejamiento forzado de sus hijos antes de que exista una sentencia firme.

«La justicia no puede ser utilizada como un arma» , sostienen sectores que impulsan la ley. Argumentan que, al no haber consecuencias severas para quien miente, se incentiva la instrumentalización de las leyes de protección, perjudicando directamente a quienes sí están en peligro real y necesitan que los recursos del Estado no estén ocupados en causas inventadas.

En Salta, con un promedio de 100 denuncias diarias solo en el Distrito Centro, el sistema judicial trabaja al límite de sus capacidades. En este contexto, cada denuncia falsa representa:

  • Desvío de recursos: Policías, peritos y jueces pierden tiempo valioso que debería destinarse a casos de riesgo de vida.

  • Desconfianza social: La proliferación de relatos que luego se demuestran falsos genera un manto de duda sobre las víctimas reales, debilitando la lucha legítima contra la violencia de género.

El debate central radica en cómo proteger a la mujer sin desproteger al ciudadano ante una posible acusación falaz. Para los sectores críticos del sistema actual, el endurecimiento de las penas es un paso hacia la igualdad ante la ley y una advertencia para quienes pretenden utilizar la vulnerabilidad de las normativas vigentes para fines personales.

«Castigar la mentira no es atacar a la víctima, es proteger la transparencia de la justicia» , aseguran los impulsores del proyecto. De aprobarse, la justicia contaría con una herramienta más para garantizar que los procesos por violencia sean espacios de búsqueda de la verdad y no escenarios de injusticias derivadas de testimonios sin sustento.

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