En la política salteña existe una máxima no escrita pero implacable: las crisis no se resuelven, se tapan con el paso de los días. A medida que la efervescencia mediática del Mundial 2026 fue quedando atrás, el escándalo que involucra al senador provincial por el departamento Metán, Daniel D’Auria, pareció evaporarse del temario público. Sin embargo, el hecho sigue allí, impune y sin respuesta formal, representando un antecedente peligrosísimo para la ética pública provincial.
Cabe recordar la trama que el oficialismo busca dejar en el olvido: D’Auria admitió abiertamente haber viajado a Estados Unidos para presenciar la Copa del Mundo gracias a un paquete «atención VIP» otorgado por el Banco Macro. Lo que en el sector privado puede venderse como «fidelización corporativa», en la función pública roza el delito de admisión de dádivas (Art. 259 del Código Penal y Ley Nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en su Art. 18), dado que el Banco Macro no es un comercio cualquiera, sino el Agente Financiero exclusivo de Salta —administrador de la totalidad de las cuentas públicas, depósitos judiciales y sueldos de la administración estatal—.
El indignante contraste no tardó en golpear a la opinión pública al recordarse el caso de Raúl Américo Soruco, el humilde empleado municipal de Salvador Mazza que ganó legítimamente un paquete en el sorteo abierto del banco y vio frustrado su sueño por trabas burocráticas. Mientras al ciudadano común se le exigió hasta el último papel, al legislador metanense se le garantizó un circuito corporativo privilegiado.
Un pacto de silencio en el recinto
Pero más allá de la conducta individual de D’Auria, lo que resulta alarmante en este punto es el comportamiento colectivo de la Cámara de Senadores de Salta. Absolutamente ningún senador ha levantado la voz. Ni una sola declaración pública exigiendo explicaciones, ni una sola moción para evaluar la conducta ética de su par.
El ensordecedor silencio que reina en las bancas deja al descubierto un corporativismo defensivo: la premisa no declarada de que «hoy es por él, mañana puede ser por cualquiera de nosotros». Frente a un hecho que compromete la imparcialidad del Poder Legislativo, el cuerpo prefirió apelar a la amnesia colectiva y dejar correr los días hasta que el tema salga de la agenda periodística.
Una votación millonaria a la vuelta de la esquina
El debate no puede ni debe diluirse por una razón contundente de calendario legislativo. El contrato que une al Estado salteño con el Banco Macro como Agente Financiero tiene en el horizonte cercano la necesidad de una prórroga y renovación. El Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura el pliego del nuevo Convenio de Vinculación para que los senadores discutan y voten en el recinto.
¿Con qué autoridad moral y libertad de criterio votará Daniel D’Auria un contrato de miles de millones de pesos luego de haber aceptado un regalo de lujo por parte de la misma entidad bancaria? Y más aún: ¿con qué legitimidad el resto de los senadores avalará su votación sabiendo el antecedente que pesa sobre sus espaldas?
El conflicto no ha desaparecido; simplemente ha sido barrido debajo de la alfombra del Senado. Traerlo de vuelta a la mesa no es un capricho mediático, es una exigencia de transparencia mínima para con el pueblo salteño.