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Salta

Habeas corpus en contra de la «Operación Roca» de Patricia Bullrich, que enciende alertas en Bolivia

Organismos de Derechos Humanos salteños advirtieron que la Casa Rosada habilitó a las Fuerzas Armadas para realizar seguridad interior, lo que «pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y el debido proceso». Quejas desde Tarija y Yacuiba.

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Organismos de Derechos Humanos de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo en contra de la «Operación Roca», que pusieron en marcha los ministros de Seguridad Nacional y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, para reforzar la vigilancia en la frontera norte. Pidieron que se ordene al Gobierno abstenerse de «aplicar las normas y disposiciones que habilitan la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva». En forma paralela, desde Tarija y Yacuiba, Bolivia, se señaló que la relación bilateral entre ambos países podría verse afectada por la habilitación de la Casa Rosada a detener a civiles en situación de flagrancia en las zonas fronterizas.

La acción se presentó ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, que tiene jurisdicción sobre los departamentos salteños Orán, San Martín y Rivadavia, en donde el Gobierno comenzó a desplegar tropas de las fuerzas armadas para que realicen tareas de vigilancia y control en zonas de fronteras, en el marco del Plan Güemes. Se señala que serían alrededor de 10.000 los miembros de varias fuerzas que serán apostados en esas zonas.

El recurso judicial, presentado con el patrocinio del abogado Martín Plaza, cuestiona la constitucionalidad de los DNU 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior. «Ambos instrumentos vulneran derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, el debido proceso y la garantía del juez natural», sostuvo Plaza, en una conferencia de prensa junto a referentes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta y el Comité Contra la Tortura de Salta, que se realizó este último martes 27.
Uno de los puntos más preocupantes, según la Mesa de DDHH, radica en que la normativa vigente permitiría la detención de civiles en situaciones de presunta flagrancia por parte de personal militar. «Queremos prevenir cualquier detención ilegítima o arbitraria, especialmente en una región donde hay muchos trabajadores informales y comunidades vulnerables», detalló el abogado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional CABA, acompañó esta acción y de acuerdo al secretario general Daniel Catalano, el plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al narcotráfico», señaló en una entrevista. «El nuevo marco jurídico pretende legitimar el uso de las fuerzas armadas para la represión de la población civil, en zonas inhóspitas, sin regulación clara, con objetivos reservados, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni límites definidos», remarcó.

Malestar en Bolivia

La militarización de la frontera norte del país también generó la reacción de referentes de distintas organizaciones de las ciudades de Bolivia que colindan con la provincia de Salta. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, solicitó a la Cancillería de su país que solicite información a su par argentino sobre la «Operación Roca», para evitar una tensión diplomática entre ambos países. «Respetamos la decisión argentina y esperamos que no haya excesos contra civiles bolivianos que cruzan las fronteras por razones de trabajo o actividad comercial», señalo Gira, en diálogo con el medio boliviano El Deber.

Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, coincidió con Gira, en que una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra, la delincuencia. Para el referente, el narcotráfico es la «madre» de los delitos y se realiza por más de 100 pasos ilegales que existen con Salvador Mazza. El abogado Esteban Ortuño, miembro de esta organización, consideró que la militarización «es parte de una demagogia del gobierno del presidente Javier Milei». Agregó que espera que la medida del Gobierno argentino no tensione la relación bilateral. Desde la Cancillería boliviana se informó que un pronunciamiento se difundirá en breve.

En las últimas horas, el presidente del Comité Cívico Potosinista, Alberto Pérez, pidió a las autoridades gubernamentales de ambos países que se constituya una mesa de diálogo para evitar un posible deterioro de la relación bilateral.

En su opinión, es necesario que los presidentes o cancilleres se reúnan por el temor a que surjan problemas con el despliegue de los efectivos militares argentinos.

/Ámbito

Salta

Crisis en PAMI: Médicos de cabecera en alerta y servicios esenciales al borde del colapso

La quita de incentivos económicos a profesionales y una deuda acumulada desde enero con prestadores locales profundizan la incertidumbre para miles de jubilados. Denuncian que la falta de pagos ya afecta la entrega de medicamentos oncológicos y tratamientos de alta complejidad.

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El sistema de asistencia social para los jubilados y pensionados atraviesa uno de sus momentos más críticos en la provincia. Según un relevamiento, la combinación de deudas millonarias y cambios en la estructura salarial de los profesionales de la salud amenaza con desmantelar la red de atención primaria en todo el territorio salteño.

La medida más reciente y preocupante es la eliminación de un plus salarial que percibían los médicos de cabecera. Este adicional permitía a muchos profesionales sostener sus consultorios privados frente al incremento de costos operativos e inflación.

Actualmente, cada médico tiene asignados entre 700 y 800 afiliados. Los trabajadores de la obra social advirtieron que, al volverse poco rentable, los médicos comenzarán a «desafiliarse» del sistema oficial, dejando a miles de adultos mayores sin su atención de referencia. Una caída masiva en la disponibilidad de turnos para consultas básicas y seguimiento de enfermedades crónicas.

A la crisis salarial se suma una deuda que el organismo nacional arrastra desde enero. Esta situación ha llevado a que diversos rubros esenciales comiencen a restringir la atención a los afiliados de PAMI:

  1. Farmacias y Ópticas: Informaron que la falta sostenida de pagos hace imposible el mantenimiento del stock y la prestación de servicios.

  2. Pacientes críticos: Se reportan retrasos críticos en la entrega de medicación oncológica y para pacientes con HIV, quienes pasan semanas sin recibir sus tratamientos esenciales.

  3. Alta complejidad: Existen demoras en la autorización de prácticas urgentes, como los controles de marcapasos y cirugías programadas.

Los empleados de PAMI en Salta han manifestado su preocupación por lo que consideran un vaciamiento progresivo del organismo. Sostienen que el sistema de atención primaria podría colapsar si no se regularizan los pagos y se garantiza una retribución justa para los profesionales.

Mientras tanto, los jubilados salteños quedan atrapados en medio de una disputa administrativa y financiera, viendo cómo derechos básicos como el acceso a la salud y a medicamentos vitales se ven cada vez más vulnerados.

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Salta

Ranking de Gobernadores: Gustavo Sáenz se consolida en el podio nacional con más del 55% de aprobación

El mandatario salteño escaló hasta el tercer puesto en el último relevamiento de CB Consultora Opinión Pública. En un escenario de saldos positivos para todos los gobernadores del país, Sáenz destaca entre los tres mejores valorados por sus coprovincianos.

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Los resultados de la encuesta mensual de CB Global Data correspondientes a abril trajeron noticias positivas para el Centro Cívico Grand Bourg. Según el estudio dirigido por el analista Cristian Buttié, el gobernador Gustavo Sáenz logró posicionarse en el top 3 de imagen positiva a nivel federal, reflejando un fuerte respaldo a su gestión en territorio salteño.

El relevamiento, realizado sobre más de 17.000 casos en todo el país, muestra una tendencia clara: los mandatarios locales retienen una valoración superior a las figuras nacionales en sus propios distritos. Los tres dirigentes con mejor imagen este mes son:

  • Hugo Passalacqua (Misiones): Lidera con un 55,8%.

  • Claudio Poggi (San Luis): Segundo con 55,3%.

  • Gustavo Sáenz (Salta): Completa el podio con un sólido 55,1%.

Mientras Sáenz y sus pares «independientes» o de fuerzas provinciales dominan la cima, el extremo opuesto de la tabla lo ocupan dirigentes con perfiles más vinculados a la interna nacional. Los peor calificados —aunque con registros superiores al 40%— fueron:

  • Ricardo Quintela (La Rioja): 42,8% (último lugar).

  • Alberto Weretilneck (Río Negro): 43%.

  • Axel Kicillof (Buenos Aires): 45,5%.

En cuanto a las variaciones, el estudio destacó el crecimiento de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y la caída más pronunciada en la aprobación de Carlos Sadir (Jujuy).

El informe de abril también evaluó a los jefes comunales de las ciudades más importantes de cada provincia. Los mejores: Jorge Jofré (Formosa) encabeza con un 60,4%, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) y Gustavo Sastre (Puerto Madryn). En el fondo se ubicaron Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) con el 35,9%, Julio Alak (La Plata) y Roy Nikisch (Resistencia).

El posicionamiento de Sáenz en el tercer lugar nacional ocurre en un contexto donde el gobernador ha mantenido una postura de defensa de los intereses provinciales frente al Gobierno Nacional, logrando capitalizar un apoyo que supera los 55 puntos. Este nivel de aprobación le permite encarar el segundo trimestre del año con un capital político fortalecido dentro de la liga de gobernadores del Norte Grande.

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Salta

Alerta por el aumento de ITS en Salta: «Hay una relajación en la población»

En el marco del aniversario del Hospital Del Milagro, el jefe de Epidemiología, Adrián Edelcopp, advirtió sobre el crecimiento sostenido de las infecciones de transmisión sexual. Señaló que la falta de educación y la pérdida del miedo al VIH tras la aparición de tratamientos efectivos han bajado la guardia en la prevención.

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El sistema de salud pública de la provincia enfrenta un desafío creciente: el aumento de casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Durante los actos por un nuevo aniversario del Hospital Del Milagro, el médico Adrián Edelcopp, jefe del programa de Epidemiología de dicha institución, brindó un crudo diagnóstico sobre la situación actual y la conducta de la sociedad frente a estas patologías.

Según el especialista, la tendencia al alza se profundizó tras el confinamiento. «Salta no escapa a lo que pasa a nivel nacional; las ITS van en aumento, sobre todo después del 2020», explicó. Actualmente, solo en lo que respecta al VIH, hay 4.000 personas bajo tratamiento en la provincia, convirtiéndose en uno de los principales motivos de consulta en los hospitales públicos.

Edelcopp analizó un fenómeno social particular: el cambio de percepción frente al VIH. Recordó que en los inicios de la enfermedad existía un temor generalizado por el desconocimiento, pero que la efectividad de los tratamientos actuales para evitar que el virus derive en SIDA ha generado un exceso de confianza.

«Hay una relajación en la población porque se sabe que hay un tratamiento. La sexualidad es parte del ser humano, pero hay que ser responsables en las prácticas», sentenció el profesional.

Uno de los puntos más firmes de su discurso fue la distinción entre conocer una enfermedad y actuar en consecuencia. Para Edelcopp, estar informado no garantiza la prevención si no hay un cambio de conducta.

  • El rol de la ESI: El médico instó a reforzar la Educación Sexual Integral en las escuelas, pero también en los hogares y medios de comunicación.

  • La práctica: «Uno puede saber que existe tal patología, pero si no lleva a la práctica las prevenciones, no sirve», subrayó, haciendo hincapié en el uso del preservativo como barrera fundamental.

Finalmente, el referente de Epidemiología insistió en que la conciencia colectiva es la única herramienta capaz de frenar una estadística que, lejos de amesetarse, continúa desafiando a la salud pública salteña.

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