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Salta

Habeas corpus en contra de la «Operación Roca» de Patricia Bullrich, que enciende alertas en Bolivia

Organismos de Derechos Humanos salteños advirtieron que la Casa Rosada habilitó a las Fuerzas Armadas para realizar seguridad interior, lo que «pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y el debido proceso». Quejas desde Tarija y Yacuiba.

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Organismos de Derechos Humanos de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo en contra de la «Operación Roca», que pusieron en marcha los ministros de Seguridad Nacional y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, para reforzar la vigilancia en la frontera norte. Pidieron que se ordene al Gobierno abstenerse de «aplicar las normas y disposiciones que habilitan la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva». En forma paralela, desde Tarija y Yacuiba, Bolivia, se señaló que la relación bilateral entre ambos países podría verse afectada por la habilitación de la Casa Rosada a detener a civiles en situación de flagrancia en las zonas fronterizas.

La acción se presentó ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, que tiene jurisdicción sobre los departamentos salteños Orán, San Martín y Rivadavia, en donde el Gobierno comenzó a desplegar tropas de las fuerzas armadas para que realicen tareas de vigilancia y control en zonas de fronteras, en el marco del Plan Güemes. Se señala que serían alrededor de 10.000 los miembros de varias fuerzas que serán apostados en esas zonas.

El recurso judicial, presentado con el patrocinio del abogado Martín Plaza, cuestiona la constitucionalidad de los DNU 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior. «Ambos instrumentos vulneran derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, el debido proceso y la garantía del juez natural», sostuvo Plaza, en una conferencia de prensa junto a referentes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta y el Comité Contra la Tortura de Salta, que se realizó este último martes 27.
Uno de los puntos más preocupantes, según la Mesa de DDHH, radica en que la normativa vigente permitiría la detención de civiles en situaciones de presunta flagrancia por parte de personal militar. «Queremos prevenir cualquier detención ilegítima o arbitraria, especialmente en una región donde hay muchos trabajadores informales y comunidades vulnerables», detalló el abogado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional CABA, acompañó esta acción y de acuerdo al secretario general Daniel Catalano, el plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al narcotráfico», señaló en una entrevista. «El nuevo marco jurídico pretende legitimar el uso de las fuerzas armadas para la represión de la población civil, en zonas inhóspitas, sin regulación clara, con objetivos reservados, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni límites definidos», remarcó.

Malestar en Bolivia

La militarización de la frontera norte del país también generó la reacción de referentes de distintas organizaciones de las ciudades de Bolivia que colindan con la provincia de Salta. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, solicitó a la Cancillería de su país que solicite información a su par argentino sobre la «Operación Roca», para evitar una tensión diplomática entre ambos países. «Respetamos la decisión argentina y esperamos que no haya excesos contra civiles bolivianos que cruzan las fronteras por razones de trabajo o actividad comercial», señalo Gira, en diálogo con el medio boliviano El Deber.

Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, coincidió con Gira, en que una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra, la delincuencia. Para el referente, el narcotráfico es la «madre» de los delitos y se realiza por más de 100 pasos ilegales que existen con Salvador Mazza. El abogado Esteban Ortuño, miembro de esta organización, consideró que la militarización «es parte de una demagogia del gobierno del presidente Javier Milei». Agregó que espera que la medida del Gobierno argentino no tensione la relación bilateral. Desde la Cancillería boliviana se informó que un pronunciamiento se difundirá en breve.

En las últimas horas, el presidente del Comité Cívico Potosinista, Alberto Pérez, pidió a las autoridades gubernamentales de ambos países que se constituya una mesa de diálogo para evitar un posible deterioro de la relación bilateral.

En su opinión, es necesario que los presidentes o cancilleres se reúnan por el temor a que surjan problemas con el despliegue de los efectivos militares argentinos.

/Ámbito

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Salta

El Poder Judicial de Salta subastará de forma electrónica 12 motocicletas y 28 lotes de ruedas

La puja digital se desarrollará entre el 26 y el 30 de octubre a través del portal oficial. El catálogo estará disponible desde el día 19 y habrá exhibiciones presenciales de las unidades en Orán y Salta Capital.

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El Poder Judicial de la Provincia de Salta llevará adelante una nueva subasta pública electrónica a través de su plataforma digital oficial. El procedimiento, dispuesto mediante la Acordada 14.766 y bajo la conducción del martillero Juan Carlos Balbi, comprenderá el remate de doce motocicletas y 28 lotes de ruedas completas y cubiertas en el estado en que se encuentran.

El cronograma prevé que el catálogo digital con fichas técnicas, imágenes y condiciones generales se publique el lunes 19 de octubre. En tanto, la recepción de ofertas formales se iniciará el lunes 26 de octubre a las 9:00 horas y finalizará el viernes 30 de octubre, con cierres escalonados y prórrogas automáticas ante nuevas posturas.

Entre los rodados a subastar se destacan:

  • Honda XR 150 L (2016): Base de $1.000.000.

  • Rouser 220 (2014): Base de $600.000.

  • Rouser 135 (2018) y Zanella ZR 250 (2018): Base de $500.000 cada una.

  • Gilera Smash 125 (2018) y Motomel CX150 (2017): Base de $400.000.

  • Unidades de 110 cc y 150 cc: Modelos Motomel y Zanella con bases que parten desde los $150.000 hasta los $300.000.

Exhibición presencial de los bienes

Los interesados podrán verificar el estado de los bienes el día miércoles 28 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas:

  • Motocicletas (Lotes 1 al 12): Depósito de Bienes Secuestrados de San Ramón de la Nueva Orán (J. C. Bischara esquina Rivadavia).

  • Ruedas y cubiertas (Lotes 13 al 40): Depósito de Bienes Secuestrados en Ciudad Judicial (calle Lateral Oeste s/n, Salta Capital).

Para participar y realizar ofertas es requisito estar registrado y haber validado la identidad en el sitio web subastas.justiciasalta.gov.ar.

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Rio Piedras

Río Piedras: la intendenta Moira Dantur celebró la llegada de un nuevo médico y mejoras en salud para la zona

Tras un desayuno de trabajo entre la jefa comunal, el ministro de Salud Federico Mangione y vecinos de la localidad, se anunció la incorporación del Dr. Gerez al centro de salud local, servicio de enfermería 24 horas para Lumbreras y el proyecto de un hospital virtual.

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En el marco de una jornada de trabajo junto a la comunidad, la intendenta de Río Piedras, Moira Dantur, confirmó importantes avances para el sistema de atención sanitaria del municipio luego de recibir al ministro de Salud Pública de la Provincia, Dr. Federico Mangione, al secretario de la cartera y a sus equipos técnicos.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede municipal, las autoridades compartieron un desayuno abierto con ciudadanos de la zona, quienes expusieron de primera mano sus principales inquietudes, necesidades y demandas en materia de salud pública.

Como respuesta concreta a los requerimientos planteados, Dantur anunció la llegada del Dr. Gerez, quien asumirá la atención médica en el centro de salud local. Su incorporación devuelve la tranquilidad a la población tras un prolongado período sin contar con un profesional permanente en el pueblo.

Asimismo, la reunión permitió acordar la presencia de una enfermera con guardia activa las 24 horas para la comunidad de Lumbreras y el compromiso de implementar a futuro un hospital virtual, herramienta que facilitará el acceso a consultas médicas especializadas sin necesidad de que los pacientes deban trasladarse a otros centros urbanos.

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Salta

Cárceles de Salta: la Fiscalía de Derechos Humanos investiga de oficio el brote de tuberculosis en las unidades penales

La fiscal Claudia Geria abrió una actuación de oficio tras los dichos del ministro de Salud, Federico Mangione, sobre contagios en los penales. Emplazó a la Alcaidía y a las Unidades Carcelarias 1 y 4 a presentar informes epidemiológicos en un plazo de 24 horas y citó a declarar al personal de Sanidad.

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La Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta, a cargo de Claudia Geria, inició una actuación de oficio para determinar el alcance y la situación sanitaria en los establecimientos penitenciarios de la provincia, luego de que tomaran estado público las declaraciones del ministro de Salud Pública, Federico Mangione, confirmando un brote de tuberculosis en la población carcelaria.

Si bien el titular de la cartera sanitaria aseguró que los pacientes detectados se encuentran bajo el tratamiento médico correspondiente, la fiscalía busca verificar de forma directa el estado de salud de las personas privadas de la libertad, evaluar las condiciones de aislamiento y constatar el cumplimiento de los protocolos de contención epidemiológica dentro de los penales.

A través de un decreto firmado por la fiscal Geria, se dio un plazo perentorio de 24 horas a la Alcaidía General y a las Unidades Carcelarias N° 1 (Villa Las Rosas) y N° 4 (Cárcel de Mujeres) para remitir informes pormenorizados sobre la situación epidemiológica de sus pabellones.

En los reportes, las autoridades penitenciarias deberán precisar la cantidad de internos con diagnóstico confirmado de tuberculosis durante el presente semestre, así como el número de personas aisladas por presentar sintomatología compatible.

En paralelo, la fiscalía citó a declarar al personal del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y a un profesional médico del ámbito penitenciario. Asimismo, se dio intervención al Cuerpo Especial de Investigadores (CEI) para que recabe información en los hospitales públicos donde se encuentren internados aquellos privados de la libertad que hayan requerido hospitalización por esta patología.

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