La indignación y el dolor de Luis Armando Aguirre tras la liberación de Elías Fernando Reales, acusado de abuso sexual con acceso carnal, se transformaron en una denuncia pública que pone en cuestión la efectividad de la justicia en Metán. Aguirre, en un testimonio desgarrador, expuso la situación de su hija y la negligencia que, según él, ha caracterizado el tratamiento judicial del caso. En sus palabras, reflejó la bronca contra un sistema que considera corrupto y alejado de la justicia que espera.

El caso de Reales, quien también tiene antecedentes por tráfico de drogas y desobediencia judicial, fue uno de los focos de su denuncia. A pesar de contar con pruebas del abuso, afirmó que la liberación del acusado fue facilitada por la jueza Carolina Poma, quien habría considerado insuficientes los elementos para mantenerlo detenido. Según Aguirre, esto refleja una serie de irregularidades en el proceso judicial, que incluyen la falta de apoyo legal a su esposa y la constante obstrucción a la justicia.

«Es indignante, tengo una bronca, una herida muy grande, muy difícil de sanar, pero mi bronca radica en la justicia», expresó Aguirre. Durante todo el tiempo que duró el proceso, sostuvo que su esposa se enfrentó a obstáculos para contar con un abogado defensor, y que, a pesar de los testimonios y pruebas presentados, las autoridades judiciales nunca actuaron de manera adecuada.

El exgendarme Elías Fernando Reales, detenido por tráfico de marihuana en Paso El Durazno, fue beneficiado con prisión domiciliaria en diciembre del año pasado, después de que el juez Sebastián Fucho le otorgara esta medida, a pesar de las evidencias en su contra. Según Aguirre, Reales violó las condiciones de su domiciliaria en varias ocasiones, lo que solo profundizó la frustración de la familia. Sin embargo, esta decisión resultó en un comportamiento aún más alarmante por parte del acusado, quien también habría provocado una trifulca en su domicilio, lo que llevó a la intervención policial, pero no fue suficiente para revocar la prisión domiciliaria. La situación culminó con un nuevo incidente de desobediencia judicial, cuando Reales agredió a otros detenidos en El Galpón, un hecho que agravó su historial delictivo.

El traslado a Río Piedras fue una decisión que permitió al acusado seguir involucrado en comportamientos problemáticos. En este destacamento, un policía permitió que saliera a robar, un hecho que fue ampliamente difundido en los medios locales. A pesar de estos incidentes, Reales fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de Metán, en lo que Aguirre considera un “premio” a su comportamiento y sus influencias dentro del sistema penitenciario.

El enojo de Aguirre llegó a su punto máximo cuando, tras acudir a la Fiscalía a reclamar respuestas, el fiscal Nicolás Gómez Amado le comunicó que la jueza Poma había liberado a Reales debido a que no se encontraron pruebas suficientes. «Le pidió solo seis años por una violación, no solo la violación, también tiene antecedentes por tráfico de drogas. Pero la jueza lo dejó libre», denunció Aguirre con un tono cargado de indignación.

La situación no solo dejó a Aguirre y su familia en un estado de desesperación, sino que también cuestionó la integridad del sistema judicial local. Aguirre acusa de corrupción a los funcionarios que han intervenido en el caso, señalando que existe un manejo arbitrario de los procedimientos, que favorece a los acusados a costa de las víctimas.

«Ellos son más delincuentes que los delincuentes que andan en la calle», sentenció Aguirre, haciendo alusión a lo que considera una manipulación de la justicia en beneficio de los acusados. Según él, se ha permitido que Reales siga libre y continúe afectando a su hija y a su familia, mientras los responsables de la administración de justicia actúan sin consecuencias.

Aguirre, que ha manifestado su disposición de llevar este caso a los medios nacionales y recurrir a instancias superiores, se comprometió a no descansar hasta obtener justicia. «Voy a llegar hasta lo último. Si no consigo que la justicia tome carta en el asunto, voy a dejar un recuerdo en metán que no se lo van a olvidar», afirmó. Para él, la liberación de Reales ha sido un golpe devastador que afecta no solo a su familia, sino también a su fe en la justicia.

En medio de su dolor, también compartió el sufrimiento de su hija, quien se encuentra en un proceso de sanación después de los terribles hechos vividos. «Mi hija estaba envuelta en lágrimas cuando me enteré de la liberación de este tipo», relató. Con voz quebrada, agregó que la situación ha tenido un impacto profundo en su vida, alterando su bienestar emocional y psicológico.

«Es muy difícil vivir con esto. No duermo, me despierto sobresaltado a cada rato. Lo único que pido es justicia», sostuvo Aguirre, quien a sus 58 años considera que su lucha por su hija y por un sistema judicial más justo es ahora su razón de vida.

«Me da lo mismo estar vivo que estar muerto. Mis hijos ya son grandes, ya he hecho una vida entera, ya no me importa. Ya he cumplido, creo en la vida, con todo lo que he tenido que cumplir. Y si tengo que cumplir con una injusticia, también voy a cumplir. No me interesa ya. Pero esto, que lo sepan ellos, los señores. Lo único que te digo es que lo que nadie ha conseguido acá en Metán lo voy a conseguir yo. Es una vergüenza. Una vergüenza total», finalizó, con su voz llena de rabia contenida.