Existe una contradicción brutal en el corazón de la política económica nacional. Por un lado, el Gobierno nacional celebra con entusiasmo los números récord de producción, exportación y divisas que genera el yacimiento de Vaca Muerta, presentándolo ante el mundo como la gran salvación financiera del país. Por el otro, la infraestructura vial básica que permite conectar ese motor económico con el resto del territorio nacional se encuentra reducida a lo que vecinos y conductores describen francamente como una zona de guerra.
La Ruta Nacional 151, arteria neurálgica por donde transita la logística pesada del sector hidrocarburífero, presenta un paisaje desolador. Pozos de profundidades alarmantes, asfalto destruido, banquinas descalzadas y una ausencia total de mantenimiento convierten cada kilómetro en un verdadero campo minado. Mientras la riqueza fluye hacia las arcas del Estado nacional, quienes transitan diariamente por esta traza arriesgan sus vidas en un trayecto inviable que se cobra tragedias fatales con frecuencia.
Esta realidad no es un hecho aislado ni casual; es la consecuencia directa de una decisión política. Desde la llegada del gobierno de Javier Milei y la posterior parálisis absoluta de la obra pública, el mantenimiento de las rutas nacionales cayó en un abandono sin precedentes. Proyectos de repavimentación licitados quedaron completamente frenados y los equipos de conservación de la Dirección Nacional de Vialidad fueron desmantelados o privados de recursos elementales.
El negocio de Vaca Muerta se multiplica para los números de la macroeconomía, pero la factura del «ajuste cero» en infraestructura la pagan los ciudadanos con la vida. El contraste resulta insostenible: un país que pretende liderar la producción energética mundial pero mantiene su ruta más estratégica convertida en un corredor de la muerte.