Salta
El Senado prorroga la emergencia de género mientras las cifras de violencia baten récords
Ante el inminente vencimiento de la Ley 7.857, la Cámara Alta provincial firmó el dictamen para prorrogar por dos años más la Emergencia por Violencia de Género. Entre estadísticas alarmantes, desembolsos presupuestarios que no alcanzan y municipios que desarman sus áreas de contención, el Senado opta por renovar la declaración de emergencia en lugar de exigir un control riguroso sobre la eficacia de las políticas públicas.
Una vez más, el Senado de la Provincia de Salta recurre al trámite expeditivo de la prórroga para tapar con parches legislativos una realidad sangrienta que los datos no dejan de enrostrar. A días de que expire la vigencia de la Ley 7.857 —sancionada en 2014—, las comisiones de la Mujer y de Legislación General apuraron el dictamen para extender por otros dos años la Declaración de Emergencia por Violencia de Género en el territorio provincial.
El plenario realizado en la Cámara Alta contó con las exposiciones de funcionarias del Ejecutivo y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM). Sin embargo, la reunión dejó al descubierto que, tras doce años de vigencia del marco de emergencia, los indicadores lejos de retraerse continúan en un ascenso dramático.
Cifras que desnudan la ineficiencia del sistema
Las estadísticas presentadas por el propio Observatorio resultan lapidarias para una gestión parlamentaria que se limita a levantar la mano cada dos años:
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Femicidios en aumento: En apenas siete meses de 2026, la provincia igualó la cifra total de femicidios de todo el 2025 (siete casos confirmados).
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Denuncias fuera de control: Entre 2016 y 2025, las denuncias en la Oficina de Violencia Familiar y de Género treparon casi un 93%. Hoy, 3 de cada 10 casos en el Sistema Único de Denuncias corresponden a violencia familiar o de género.
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El abandono municipal: Menos del 50% de las intendencias salteñas sostienen áreas específicas de género, habiendo absorbido o diluido estos espacios dentro de las secretarías de Acción Social.
A pesar de que el informe técnico advierte sobre la «sobreoferta estatal» que se agota en la denuncia inicial y abandona a las víctimas en el seguimiento judicial y sanitario, el debate senatorial no profundizó en auditorías ni en exigencias de rendición de cuentas a las carteras responsables.
Renovar partidas sin medir resultados
El proyecto promovido por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro faculta nuevamente al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias. No obstante, poco se cuestionó en el recinto sobre cómo se ejecutan esos recursos cuando la propia Subsecretaría de Género admite que las fuerzas de seguridad —primer eslabón de auxilio— aún carecen de la capacitación especializada indispensable para evitar la revictimización.
En lugar de diseñar un sistema integral de evaluación de impacto que determine por qué los juzgados especializados, los botones antipánico y los programas territoriales no logran disuadir a los agresores, los senadores salteños optaron por la vía cómoda: firmar un nuevo cheque en blanco normativo para estirar la emergencia hasta 2028 y desentenderse del problema hasta la próxima caducidad.
