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Malvinas: los detalles del plan para concluir la identificación de los soldados enterrados en las islas

El Plan de Proyecto Humanitario permitió la identificación de 122 soldados que fueron sepultados en Darwin. Cómo es la tercera fase del plan y en qué consistirán las tareas. El informe del británico Geoffrey Cardozo y el pedido de justicia de las familias: “No voy a bajar los brazos hasta identificar a los que quedan”, asegura Julio Aro, excombatiente e impulsor de la investigación.

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A 43 años de la Guerra de Malvinas, aún resta identificar los restos de al menos cinco soldados argentinos que murieron en las Islas. Excombatientes y especialistas explican qué tumbas quedan por analizar y de qué se ocupará la nueva fase del plan humanitario. Cómo fue el proceso de identificación de la fase 1 y 2 y la importancia del trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja junto al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Este 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, fecha en la que las tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago. Tras 74 días de combate, 649 soldados argentinos murieron en combate. Pero al finalizar el conflicto bélico, el silencio indigno de la dictadura militar cubrió el destino de los caídos. Ante la negativa argentina de «repatriar» al continente a los soldados muertos en combate —no había forma de hacerlo porque ya estaban en suelo argentino —, Gran Bretaña decidió darles un nuevo lugar en las islas, tras un pedido de los isleños.

Esta tarea se le encomendó a Geoffrey Cardozo, un oficial británico que llevó a cabo un trabajo meticuloso: exhumó cada cuerpo argentino, lo cubrió con bolsas plásticas para su conservación y los inhumó con sus pertenencias —anillos, fotos, trozos de uniforme—. En cada tumba, dejó una nota detallando marcas, cicatrices, contextura, rasgos y todo aquello que sirviese para su identificación futura. Seis meses después, Gran Bretaña inauguró el Cementerio Argentino de Darwin. En total, se enterraron 237 cuerpos: 126 sin identificación y –muchos de ellos– en tumbas colectivas.

Cómo es el cementerio de Darwin

El cementerio fue creado en un lugar alejado y caprichosamente elegido por los británicos para esconderlo bajo la alfombra del disimulo. A 89 kilómetros de Puerto Argentino y a 7 de Pradera del Ganso, se lo ve a lo lejos como una mancha blanca que resalta entre tanto gris y que rompe con la monotonía de un paisaje dominado por la turba malvinera, el viento y los rebaños de ovejas.

Solo se accede en camionetas por un camino descuidado y rodeado de horizontes que todavía guardan en su memoria los sonidos de la guerra. A pesar de las dificultades para llegar, desde su inauguración recibe a cientos de argentinos que todos los meses les rinden homenaje a sus héroes con rosarios, retratos y banderas celestes y blancas.

Con el tiempo, se convirtió en lugar sagrado que vive como un monumento al valor de los argentinos y al amor por su país. Por eso es habitual que los isleños vigilen celosamente a quienes lo visitan para denunciar cualquier manifestacion de argentinidad.

El cementerio de Darwin está alejado del centro de Puerto Argentino. Crédito: Valentino Vitolla.

El plan de identificación de los caídos

En 2008, durante un encuentro de excombatientes argentinos en Londres, Geoffrey Cardozo ofició como traductor de Julio Aro, quien durante la guerra formó parte del Regimiento 6 de Mercedes. La última noche, en la intimidad de una conversación dentro de un taxi, Cardozo le contó que los registros de los cuerpos de los soldados caídos no estaban en archivos olvidados ni en manos ajenas: los tenía el Estado argentino, que nunca los entregó a las familias.

Antes de despedirse, el excombatiente argentino recibió un sobre de papel madera, pesado no por su tamaño, sino por lo que contenía. “Sabrás qué hacer con esto”, le dijo Cardozo, según reconstruyó la periodista Leila Guerriero en su libro La otra guerra (Anagrama, 2021). «Me partió el alma saber que esos eran mis compañeros y que muchos estaban en tumbas que decían ‘Soldado argentino sólo conocido por Dios’», asegura emocionado a Página|12 Julio Aro. “Me generó impotencia saber que ese informe se había entregado mucho tiempo atrás”, agrega.

De regreso en el país, el excombatiente argentino tradujo la información y, entre los datos, encontró un número de DNI junto a un cuerpo sin identificar. Lo chequeó en el padrón y obtuvo un nombre: Gabino Ruíz Díaz. Tras visitar a su familia, este soldado dejó de ser un desconocido y, por primera vez, una madre supo con certeza dónde estaba enterrado su hijo. El obsesivo informe de Cardozo y el trabajo de Aro comenzaban a dar sus primeros frutos.

El acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña

“El caso de Ruiz Díaz impulsó una serie de viajes que hice con Gabriela Cociffi -ex directora de Revista Gente e Infobae– en busca de las historias de las familias de los caídos, dice Aro, que hoy preside la fundación “No me olvides”. Este camino de la identificación avanzó en 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó formalmente la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El acuerdo entre Argentina y el Reino Unido no se firmó hasta diciembre de 2016.

“La acción humanitaria necesitaba el compromiso de todas las partes, que debían dejar de lado los conflictos ideológicos y burocráticos en pos de reconocer los cuerpos”, relata casi una década más tarde Virginia Urquizu, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en una entrevista con Página|12. La organización –reconocida mundialmente por su trabajo para identificar a víctimas de la dictadura militar– recolectó más de 370 muestras en un banco de datos, que fueron enviadas a un laboratorio para obtener un perfil genético. “El informe de Cardozo fue tremendamente detallado y permitió avanzar en la investigación forense preliminar”, cuenta Urquizu.

La tarea no fue sencilla. A la dificultad económica de localizar a cada familia, se sumó la oposición férrea de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Temían que aquel plan humanitario fuera, en el fondo, un pretexto para retirar los cuerpos de las islas, situación que generaría “un festival de huesos”. “Les inventaron historias a las familias para que no den las muestras”, asegura Aro. “Había una incertidumbre generalizada –agrega la antropóloga– que no colaboraba en el proceso, que por su comienzo tardío siempre iba a contrarreloj”. A pesar de las trabas, en seis años –y tras dos fases del Plan– se lograron identificar 122 cuerpos.

Para muchas familias significó el fin de lo que parecía un eterno luto. El trabajo realizado por el EAAF –junto al CICR, Aro y Cardozo– permitió que los soldados argentinos pasaran de ser una coordenada a tener nuevamente un nombre. Ese acto de justicia trajo consigo algo de paz. Aunque el proceso no está exento de dolor: las muestras de ADN que dieron negativo dejaron a algunas familias esperando una respuesta que parece no llegar nunca: “Tuvimos que entregar informes de exclusión, que implica que sus familiares no se encuentran dentro de los cuerpos exhumados en Darwin”, explica la integrante del equipo de antropología.

Una nueva fase de búsqueda e identificación

Gracias a la primera fase del Plan de Proyecto Humanitario, sólo seis soldados aún son nombrados con la frase insignia “sólo conocido por Dios” en las cruces que se erigen sobre sus tumbas. Uno de esos cuerpos ya está identificado, pero, por decisión de parte de su familia, no se puso su apellido en la placa. “En el resto de los casos –explica Virginia Urquizi– no hay voluntad de las familias para dar las muestras o ya no quedan descendientes vivos para realizarlas”.

En septiembre de 2024, la entonces Canciller Diana Mondino confirmó un acuerdo con Gran Bretaña para comenzar con el Plan de Proyecto Humanitario 3. Esta etapa prevé la exhumación de la tumba B-416, que lleva el nombre de todos los tripulantes del LearJet 35 T-24, avión derribado el 7 de junio de 1982: Juan José Falconier, Guido Marizza, Marcelo Lotufo, Francisco Luna y Rodolfo de la Colina. Informes de antropología estiman que no todos los cuerpos se encuentran allí, por lo que se compararán esos restos con otros encontrados en la Isla Borbón.

Especialistas estudian también la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, que incluirían drones y aparatos que detectan movimientos del suelo. Pero, a pesar de los anuncios y las promesas de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, el proyecto sigue sin concretarse: “Estamos a la espera de los acuerdos diplomáticos porque es un trabajo perfectamente realizable desde lo técnico”, anticipa Urquizu a Página|12.

En tanto, desde la Cruz Roja son cautos y explican que la fase 3 del Plan Humanitario aún no se ha puesto en marcha. «Son las partes quienes deben definir los próximos pasos», respondieron ante la consulta de este diario, y aclararon que se encuentran «a disposición de los gobiernos de Argentina y del Reino Unido para apoyar esta labor».

Así, los 237 caídos que se encuentran en el Cementerio Militar Argentino de Darwin podrían tener finalmente una placa con su nombre “No voy a bajar los brazos hasta lograrlo”, dice Aro, quien no descarta futuros rastrillajes. Es que –según afirma a este diario– “no existe una cifra exacta de muertos”: se estima que hubo 649 soldados caídos, 237 de ellos enterrados en Darwin. De la cifra restante, hay 323 tripulantes del ARA General Belgrano, hundido el 2 de mayo de 1982 por las tropas británicas. “Con encontrar restos pequeños de un soldado ya se puede trabajar y cerrar la herida de muchas familias”, confía.

Cuarenta y tres años después, el proceso de sanación está lejos de terminar. Aún quedan soldados por ser identificados, aunque la promesa de justicia y reparación persiste. Julio Aro concluye: «Mis amigos serán inmortales mientras haya argentinos que se acuerden de ellos». La guerra no terminó, por lo menos mientras no haya paz completa para todos.

/Página12

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Milei metió el tercer viaje a Israel: ¿Es política exterior o una agenda espiritual personal?

Entre ensayos musicales, doctorados y visitas al Muro de los Lamentos, el Presidente Javier Milei cumple una nueva y extensa estadía en Jerusalén. Mientras los gobernadores del interior cuentan monedas para pagar sueldos, el mandatario parece haber encontrado su «lugar en el mundo», aunque este quede a 12.000 kilómetros de la Casa Rosada.

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Si hubiera un programa de «viajero frecuente» para presidentes, Javier Milei ya tendría millas suficientes para llegar a la Luna. Su tercer arribo a Israel desde que asumió el mando vuelve a encender una alarma que va más allá de la diplomacia: la creciente sospecha de que la agenda oficial de la Argentina está siendo moldeada por las inclinaciones místicas y personales del hombre que conduce el país.

La imagen del domingo fue, por decir poco, pintoresca. El Presidente de una nación con el 50% de pobreza fue filmado arriba de un escenario en Jerusalén, ensayando el clásico “Libre” de Nino Bravo junto a estrellas del pop israelí.

¿Es necesario que un Jefe de Estado, en medio de una crisis económica asfixiante, dedique tiempo de su agenda oficial a ensayar dotes de cantor para una fiesta patria ajena? Para muchos, este «costado rockstar» de Milei no hace más que profundizar la sensación de desconexión con un interior argentino que padece el parate de la obra pública y el encarecimiento de la vida diaria.

El itinerario de la visita refuerza la duda del título: recibió un Doctorado Honoris Causa, visitó una academia de estudios talmúdicos, mantuvo un encuentro con rabinos, cantó «Libre» en los ensayos por el Día de la Independencia de Israel, y como si fuera poco visitó el Santo Sepulcro y volvió nuevamente al Muro de los Lamentos.

Milei llegó a Israel y su primera actividad fue la visita al Muro de los  Lamentos en Jerusalén | Perfil

Resulta difícil encontrar en este cronograma reuniones que apunten a destrabar exportaciones de carne salteña o atraer inversiones industriales que generen empleo inmediato. En cambio, parece una travesía diseñada para la satisfacción intelectual y religiosa del mandatario, financiada —claro está— por el erario público.

El gran anuncio económico del domingo fue la confirmación de vuelos directos de la empresa El Al entre Buenos Aires y Tel Aviv para noviembre. Es paradójico: en un país donde la clase media lucha para llenar el tanque de nafta para ir a trabajar, el Presidente celebra una ruta aérea de 16 horas que solo podrá disfrutar una ínfima minoría.

Más allá de lo espiritual, Milei ratificó la mudanza de la embajada a Jerusalén y firmó los «Acuerdos de Isaac». En términos de política exterior, esto es jugar con fuego en un polvorín. El Presidente está rompiendo una tradición histórica de neutralidad argentina que nos protegía de conflictos lejanos. Al alinearse de forma tan personal y estridente, no solo compromete al Estado nacional, sino que expone al país a represalias geopolíticas en un escenario internacional cada vez más inestable.

Mientras tanto, en Salta y el resto de las provincias, el «ancla» sigue siendo el ajuste. Pareciera que para el Presidente, la libertad es un concepto que se canta mejor en Jerusalén que el que se gestiona en las rutas y escuelas del norte argentino.

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El Ministro de Salud calificó de «carga» a los jubilados mayores de 80 años

En una declaración que generó repudio inmediato, el Ministro de Salud de la Nación apuntó contra la longevidad de los afiliados como la causa del déficit de la obra social. Mientras tanto, en Salta, las farmacias advierten que el «déficit cero» de Milei está dejando a los abuelos sin sus medicamentos básicos.

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El Gobierno Nacional parece haber encontrado un nuevo responsable para la crisis del sistema de salud: los propios jubilados por vivir «demasiado». En el marco del AmCham Summit, el titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, lanzó una frase que desató una ola de indignación al quejarse de la cantidad de octogenarios y centenarios que pertenecen al PAMI.

Para el ministro Lugones, el hecho de que un millón de afiliados superen los 80 años y otros 6.000 hayan cruzado la barrera de los 100 es, textualmente, una “carga muy grande”. Con un tono de queja, sentenció: «Ya hay abuelos, hijos y nietos en Pami», intentando explicar así el desfinanciamiento de la obra social más grande de Latinoamérica.

Estas declaraciones se dan en un contexto de extrema fragilidad, donde el funcionario admitió no tener la última palabra sobre el dinero: «Me dijeron que estaban pagando», respondió con vaguedad, confirmando que el manejo de los fondos de salud está bajo el control total del ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene pisados los giros para sostener el superávit fiscal.

Mientras en los despachos de Buenos Aires se habla de los jubilados como «cargas», en las farmacias del interior el panorama es desolador. Según datos del sector farmacéutico, lo que el Gobierno está pagando con cuentagotas apenas cubre prestaciones de enero y febrero, dejando un rojo financiero que las farmacias ya no pueden absorber.

En Salta, la situación es crítica. El mecanismo es perverso: las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos cortos para recibir medicamentos, pero el PAMI les debe meses de facturación. Sin dinero para reponer, el stock comienza a faltar y son los abuelos quienes, receta en mano, rebotan de mostrador en mostrador sin poder acceder a sus tratamientos.

El «cataclismo» que mencionan los prestadores no es solo económico, sino humano. A la falta de medicamentos se suma la amenaza de los médicos de abandonar la atención tras los recortes del 50% en sus ingresos impuestos por la nueva gestión.

La postura de Lugones deja en claro la hoja de ruta del Ejecutivo: un ajuste ortodoxo donde la variable de ajuste es la salud de quienes aportaron durante décadas. Para el Gobierno, la longevidad no es un logro de la medicina o la calidad de vida, sino un problema contable que desequilibra las arcas del Estado.

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¿Venganza o Justicia? El proyecto que busca terminar con las falsas denuncias de género

El proyecto que avanza en el Senado reabre la discusión sobre las garantías procesales. Sus defensores sostienen que las falsas denuncias no solo destruyen vidas de inocentes, sino que también deslegitiman las causas reales de violencia, saturando un sistema judicial que ya está colapsado.

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El dictamen favorable al proyecto de la senadora Carolina Losada para endurecer las penas contra las falsas denuncias ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda pero necesaria de debatir: el uso de la estructura judicial como herramienta de revancha o estrategia en litigios familiares. La iniciativa propone penas de hasta 6 años de cárcel cuando se mienta sobre delitos de violencia de género o abuso, buscando preservar el principio de inocencia y la verdad jurídica.

Quienes apoyan la medida argumentan que una falsa denuncia no es un error administrativo, sino un delito que genera daños irreparables. El señalado suele enfrentar el «escrache» social, la pérdida del empleo y, en muchos casos, el alejamiento forzado de sus hijos antes de que exista una sentencia firme.

«La justicia no puede ser utilizada como un arma» , sostienen sectores que impulsan la ley. Argumentan que, al no haber consecuencias severas para quien miente, se incentiva la instrumentalización de las leyes de protección, perjudicando directamente a quienes sí están en peligro real y necesitan que los recursos del Estado no estén ocupados en causas inventadas.

En Salta, con un promedio de 100 denuncias diarias solo en el Distrito Centro, el sistema judicial trabaja al límite de sus capacidades. En este contexto, cada denuncia falsa representa:

  • Desvío de recursos: Policías, peritos y jueces pierden tiempo valioso que debería destinarse a casos de riesgo de vida.

  • Desconfianza social: La proliferación de relatos que luego se demuestran falsos genera un manto de duda sobre las víctimas reales, debilitando la lucha legítima contra la violencia de género.

El debate central radica en cómo proteger a la mujer sin desproteger al ciudadano ante una posible acusación falaz. Para los sectores críticos del sistema actual, el endurecimiento de las penas es un paso hacia la igualdad ante la ley y una advertencia para quienes pretenden utilizar la vulnerabilidad de las normativas vigentes para fines personales.

«Castigar la mentira no es atacar a la víctima, es proteger la transparencia de la justicia» , aseguran los impulsores del proyecto. De aprobarse, la justicia contaría con una herramienta más para garantizar que los procesos por violencia sean espacios de búsqueda de la verdad y no escenarios de injusticias derivadas de testimonios sin sustento.

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