La última medición de la consultora Analogías no deja lugar a interpretaciones complacientes: el Gobierno nacional transita su hora más oscura. Con una desaprobación que escala al 48,7% y una brecha negativa de más de 10 puntos, la gestión parece haber agotado el crédito de paciencia de una sociedad que ya no aguanta el ajuste ni las promesas vacías.

El dato más demoledor es, quizás, la percepción de corrupción, que trepa al 56,6%. Este número no es una cifra aislada; es el síntoma de una administración que, mientras exige «esfuerzos» a la clase trabajadora y a las Pymes, se ve envuelta en un manto de sospechas éticas que el ciudadano de a pie ya no está dispuesto a ignorar.

La reforma laboral funcionó como el detonante final. Lejos de ser la panacea que prometían los discursos oficiales, ha terminado de consolidar el malestar social. Los números hablan por sí solos: el 52,4% de los argentinos asegura que hoy vive peor que hace un año. La mitad del país (50,2%) califica con el puntaje más bajo posible el manejo de la economía.

La esperanza, combustible básico de cualquier administración, se ha esfumado. El pesimismo es total: la mitad de los consultados prevé un aumento del desempleo y la pobreza, mientras que más de la mitad anticipa que las familias deberán seguir endeudándose para poner un plato de comida en la mesa. Ante este escenario, la promesa de bajar la inflación parece un relato distante frente a la realidad de una economía que se desploma.

El Gobierno parece vivir en una realidad paralela. Mientras los índices de pobreza y la desaprobación presidencial (con un saldo neto negativo de 9 puntos, el peor desde mediados de 2025) marcan una crisis evidente, la Casa Rosada sigue operando bajo el supuesto de que el apoyo de los jóvenes de 16 a 29 años es un cheque en blanco eterno. Sin embargo, el contundente rechazo del sector femenino y de la amplia mayoría de la sociedad demuestra que el relato oficial ya no logra tapar el hambre, la falta de empleo y la corrupción.

Los números de febrero no mienten y son el reflejo de una política de «sálvese quien pueda» dictada desde los despachos de Buenos Aires. Según datos de la consultora Politikon Chaco, el primer bimestre del año cerró con una caída real de las transferencias no automáticas del 47,2%, el peor registro en las últimas dos décadas.

Detrás de la frialdad de las estadísticas se esconde una realidad angustiante: el Gobierno Nacional está utilizando los recursos que corresponden a las provincias para engrosar su balance contable, dejando a los gobernadores frente a un abismo financiero.

Resulta paradójico —y para muchos una traición política— que los gobernadores que garantizaron gobernabilidad y aportaron votos clave para leyes fundamentales, reciban como respuesta un recorte salvaje.

En Salta, a pesar de haber recibido un alivio transitorio de $4.000 millones en ATN en febrero, la coparticipación (el flujo vital de fondos) se desplomó un 7,5%. Este escenario de «fondos a cuentagotas» pone en jaque la prestación de servicios básicos y el mantenimiento de la infraestructura. La estrategia oficial parece ser clara: asfixiar financieramente a los distritos para forzar un alineamiento político absoluto, sin importar el costo social.

La falta de recursos nacionales ya no es una advertencia, es una realidad palpable en el sur provincial. Cuando la Nación se retira de sus responsabilidades, los municipios quedan en la primera línea de fuego: obras paralizadas sin el flujo de fondos nacionales, la obra pública se detiene, afectando el empleo local y el desarrollo.

Ante temporales destructivos como los que azotaron recientemente al sur de Salta, las provincias deben hacer malabares para asistir a las familias afectadas, mientras los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyen con criterios que parecen más premios y castigos que necesidades reales.

El Ministerio de Economía nacional se jacta de un superávit primario que, en gran medida, se explica por los $740.536 millones de ATN que quedaron sin distribuir el año pasado. Es dinero que pertenece a las provincias y que la Nación retiene para maquillar sus cuentas, mientras las escuelas del interior sufren falta de mantenimiento y la seguridad vial queda relegada a capacitaciones voluntarias ante la falta de inversión en infraestructura.

Dejar a las provincias a la deriva no es solo un error económico, es una ruptura del pacto federal. El interior está haciendo el esfuerzo, pero el límite de la paciencia social y financiera está cada vez más cerca.

En una jornada de alta temperatura política que coincidió con el paro general de la CGT, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. El triunfo oficialista fue celebrado desde los palcos por figuras clave del Ejecutivo, como Karina Milei y Manuel Adorni, aunque el texto deberá volver a la Cámara Alta para su ratificación final.

El resultado de 135 votos positivos se consolidó gracias a una alianza entre La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales. Fue determinante el acompañamiento de legisladores de Misiones y Salta (Innovación Federal), así como de sectores que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Incluso un sector del interbloque Provincias Unidas, liderado por la santafesina Gisela Scaglia, terminó aportando votos favorables, descolocando a la oposición dura que esperaba un rechazo más amplio.

Los puntos más polémicos aprobados

A pesar de la resistencia de Unión por la Patria y la Izquierda, el oficialismo logró imponer artículos estructurales:

• Indemnizaciones: Se aprobó (130 a 117) la creación de un fondo de cese laboral para financiar despidos, punto crítico para el plan económico.

• Jornada laboral: Se habilita la extensión de la jornada hasta las 12 horas diarias (respetando el descanso de 12 horas entre días) y la creación de bancos de horas.

• Estatutos Profesionales: Se aprobó la derogación de varios estatutos, incluido el del periodista, con una votación ajustada de 126 a 119.

• Justicia Laboral: El proyecto contempla la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de funciones a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La única modificación que impidió la sanción definitiva fue la eliminación del artículo 44, el cual proponía reducir salarios durante licencias por enfermedad o accidentes. Tras un debate caldeado, el oficialismo aceptó quitarlo para asegurar la aprobación general, lo que obliga al Senado a ratificar este cambio el próximo viernes 27 de febrero.

El debate no estuvo exento de violencia verbal. Desde Unión por la Patria, la diputada Vanesa Siley tildó de «traidores» a los legisladores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca que apoyaron la ley. Por su parte, el sindicalista Sergio Palazzo calificó la reforma como «la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales».

Desde el oficialismo, Lisandro Almirón defendió la norma argumentando que el marco actual «expulsa a las personas de la formalidad» y que es necesario modernizar las leyes para generar empleo genuino.

El Gobierno tiene una «obsesión» cronológica: que la ley esté sancionada antes del 1° de marzo, para que el Presidente pueda exhibirla en la apertura de sesiones ordinarias. Para ello, Patricia Bullrich ya convocó a un plenario de comisiones en el Senado este viernes a las 10:00 hs, buscando emitir dictamen de inmediato.