Nacionales
El gobierno de Milei y los Quintar: negocio millonario con las pensiones por discapacidad
El Gobierno nacional adjudicó un millonario contrato a una empresa vinculada a los hermanos Quintar para controlar los certificados de discapacidad de beneficiarios de pensiones en la provincia. La medida fue cuestionada por el desplazamiento de funcionarios y por las características del prestador seleccionado.
El gobierno de Javier Milei autorizó, mediante el PAMI y otros organismos nacionales, la adjudicación de un contrato millonario a una clínica de gestión privada vinculada directamente a los hermanos Manuel y Alba Quintar, dirigentes jujeños con fuerte influencia dentro del oficialismo, para auditar los certificados de invalidez de más de 80 mil beneficiarios del norte argentino. La maniobra, que responde al pretexto de detectar supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad, está envuelta en una trama de poder, negocios familiares y desplazamientos forzados de pacientes hacia centros médicos con fines de lucro, bajo control directo de dirigentes oficialistas.
El diputado nacional Manuel Quintar, hombre de máxima confianza de Karina Milei en el norte del país, figura como el principal impulsor de esta estructura paralela de auditorías. Su hermana, Alba Quintar, candidata a diputada, admitió públicamente la existencia del convenio, aunque intentó deslindar su responsabilidad atribuyéndole “todo el manejo” a su hermano.
La clínica que concentra las revisiones médicas es Los Lapachos, de origen privado, con sede en Jujuy. Según registros oficiales, la misma pertenece a la familia Quintar y fue inscripta con anterioridad bajo otras razones sociales que acumularon deudas impagas. En los años noventa, operaba como Sanatorio Quintar, entidad que quebró dejando compromisos sin saldar. Lejos de retirarse del rubro, los mismos actores reanudaron la actividad médica bajo nueva denominación, manteniendo la estructura comercial intacta.
De la casta al círculo íntimo: la doble vara del mileísmo
El Gobierno nacional removió al Dr. López Alcobendas de su cargo en PAMI Salta para allanar el camino a este nuevo esquema, que terceriza funciones estatales en beneficio de intereses privados. La decisión encendió alertas en distintos sectores del sistema de salud provincial, que comenzaron a recibir denuncias de personas con discapacidad derivadas a clínicas jujeñas bajo amenaza de perder la pensión si no se presentaban a las auditorías.
Las condiciones impuestas a los beneficiarios incluyen el pago de estudios médicos en instituciones privadas designadas arbitrariamente por el propio Estado nacional. Muchos de ellos deben recorrer largas distancias para ser examinados por profesionales que no conocen, en clínicas ajenas a su provincia y sin posibilidad de recurrir a una segunda evaluación independiente. Esta situación fue denunciada formalmente por el diputado salteño Gustavo Dantur, quien elevó un reclamo institucional al Gobierno nacional exigiendo el cese inmediato de estas prácticas.
El modelo libertario de gestión: negocios privados con fondos públicos
El núcleo del escándalo radica en el entrecruzamiento de funciones públicas con negocios privados. La empresa Los Lapachos —ahora beneficiaria del convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— no solo está administrada por personas del entorno íntimo de Karina Milei, sino que además concentra poder territorial al haber tomado control del PAMI jujeño a través de designaciones impulsadas por el propio Manuel Quintar. El jefe local del organismo, Evaristo Bautista, es a su vez administrador de la clínica. Es decir, el mismo funcionario público que debería fiscalizar el proceso es socio operativo del prestador privado que realiza las auditorías. Un conflicto de intereses abierto, grosero y sin precedentes.
Silencio oficial y encubrimiento mediático
La gravedad institucional del caso no encontró aún respuesta en los principales canales oficiales del Gobierno nacional. Desde la Presidencia, mantienen silencio sobre la denuncia, mientras su operador en el norte argentino consolida una red de poder económico y político que multiplica su influencia bajo el paraguas del discurso libertario. En nombre de la eficiencia, se están cerrando circuitos de control que excluyen a los más débiles y consolidan mecanismos de favoritismo hacia dirigentes oficialistas y sus entornos familiares.
Lejos de combatir a “la casta”, como se proclamó en campaña, el actual modelo de gestión consolida nuevas formas de concentración de recursos públicos en manos privadas, vinculadas directamente con el poder político. La estructura montada en torno a las auditorías de discapacidad, con derivaciones forzadas, pagos directos por parte de los beneficiarios y control total de los actores que definen y ejecutan el proceso, evidencia una trama de negocios familiares que opera sin controles, con total respaldo oficial.
El ajuste como pantalla del privilegio
Mientras el presidente Milei denuncia “el curro de la política” y justifica recortes en salud, jubilaciones, educación y asistencia social, su entorno más próximo utiliza el aparato estatal para consolidar negocios personales, familiares y partidarios. En este modelo, la auditoría de discapacidad —una herramienta necesaria si se ejerce con transparencia— se convierte en un instrumento de extorsión y enriquecimiento para sectores ligados al poder libertario.
El caso Quintar pone al descubierto que el ajuste no es parejo, ni neutral, ni transparente. Es selectivo. Y detrás de ese ajuste, florecen nuevos privilegios, nuevos nombres, pero los mismos métodos; concentración, acomodo, desprotección del débil y blindaje del poderoso. Una práctica vieja, con disfraz nuevo.
Y es allí donde el discurso libertario naufraga ante los hechos. Porque mientras los sectores vulnerables deben pagar sus propios estudios para no perder una pensión, los amigos del poder hacen negocios con su padecimiento. Porque mientras se expulsa al que menos tiene, se protege al que más influencia ostenta. Porque mientras se declama “libertad”, se encierra al ciudadano en una red de favores, amenazas y clínicas obligadas.
Y eso, más que un modelo de gestión, es un símbolo de impunidad.
Internacionales
Comienza el Cóclave: El nuevo Papa se conocería en tres días, lo que tenés que saber
Este miércoles 7 de mayo, a las 11:30 (hora argentina), comenzará en el Vaticano uno de los eventos más trascendentes para la Iglesia Católica: el Cónclave para elegir al nuevo Papa.
Un total de 133 cardenales ingresarán a la Capilla Sixtina para iniciar el proceso de votación que definirá al sucesor del papa Francisco.
El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez anticipó que el proceso no se extenderá más de tres días, un plazo coherente con la duración de cónclaves anteriores. De hecho, los últimos diez conclaves promediaron 3,2 días, y los dos más recientes —los de Benedicto XVI (2005) y Francisco (2013)— concluyeron en solo dos jornadas.
Cómo es el proceso del Cónclave
Los cardenales electores —solo pueden participar aquellos menores de 80 años— se alojan en la Casa de Santa Marta y se trasladan a la Capilla Sixtina para las votaciones. Una vez que ingresan, las puertas se cierran y comienza un estricto aislamiento: no pueden comunicarse con el exterior ni entre ellos fuera de las sesiones oficiales.
Para elegir al nuevo Sumo Pontífice, un candidato debe alcanzar una mayoría de dos tercios. En esta ocasión, eso equivale a 89 votos. Se celebran hasta cuatro rondas de votación por día (dos por la mañana y dos por la tarde). Cada cardenal escribe su elección en una papeleta, que es depositada en una urna y luego contada por tres escrutadores.
Si ningún candidato alcanza la mayoría requerida, los votos son quemados con productos que generan el clásico humo negro. Solo cuando se logra el consenso, se utiliza una mezcla que produce la esperada fumata blanca, señal de que un nuevo Papa ha sido elegido.
En caso de que se llegue a 33 rondas sin éxito, se puede modificar el procedimiento para optar entre los dos candidatos más votados con mayoría absoluta.
Una vez elegido, si el nuevo Papa acepta el cargo y elige su nombre, es proclamado ante la Plaza San Pedro y se presenta en el balcón central de la Basílica para dar su primera bendición Urbi et Orbi.
Requisitos para ser Papa: ¿quién puede ser elegido?
Aunque los requisitos formales son simples —ser varón y católico—, la tradición marca que los elegidos suelen surgir del Colegio Cardenalicio. En la práctica, esto implica que el próximo Papa tendrá menos de 80 años, condición necesaria para votar y ser considerado.
Francisco, por ejemplo, fue elegido a los 76 años, y su antecesor, Benedicto XVI, tenía 78. Ambos lideraron la Iglesia en momentos de grandes desafíos, marcando un precedente sobre la edad de los papables.
Los principales candidatos a suceder a Francisco
A pesar del dicho vaticano «quien entra Papa al Cónclave, sale cardenal», ya se perfilan algunos nombres con más chances de ser electos. Estos son los principales candidatos:
- Pietro Parolin (Italia, 70 años) – Secretario de Estado del Vaticano. Línea tradicionalista. Nombrado por Francisco.
- Matteo Zuppi (Italia, 69 años) – Arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Línea progresista. Nombrado por Francisco.
- Pierbattista Pizzaballa (Italia, 59 años) – Patriarca Latino de Jerusalén. Tradicionalista con perfil diplomático. Nombrado por Francisco.
- Péter Erdő (Hungría, 72 años) – Arzobispo de Esztergom-Budapest. Línea conservadora. Nombrado por Juan Pablo II.
- Luis Antonio Tagle (Filipinas, 67 años) – Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Línea progresista. Nombrado por Benedicto XVI.
Nacionales
Diputados tratará la baja en la edad de imputabilidad
El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron suscribir un dictamen de mayoría de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
La comisión de Legislación Penal dictaminó a favor de bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Rechazo de Unión por la Patria y organismos de DDHH.
La Cámara de Diputados avanzó este martes en la comisión de Legislación Penal con un dictamen para modificar el Régimen Penal Juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en medio de un debate cargado de tensiones políticas y sociales.
El dictamen fue impulsado por el Gobierno nacional con el respaldo de bloques dialoguistas como PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal, quienes lograron mayoría para avanzar con la iniciativa.
El proyecto, que será debatido en el recinto en las próximas semanas, establece que los adolescentes de 14 y 15 años serán imputables en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas.
Por su parte, Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones de derechos humanos rechazaron de plano la propuesta, argumentando que criminaliza a la juventud y no soluciona las causas estructurales de la violencia.
Nacionales
Oficializaron el aumento del 3,7% para las jubilaciones y asignaciones sociales
Los nuevos montos buscan dar respuesta a la escalada inflacionaria que afecta a los sectores más vulnerables. Quedaron establecidos en el Boletín Oficial.
A partir del mes de mayo, los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en Argentina contarán con un aumento del 3,7% sobre los haberes, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Con esto, el Gobierno busca dar respuesta a la escalada inflacionaria que afecta a los sectores más vulnerables.
La actualización impacta tanto en trabajadores en relación de dependencia, como en monotributistas, beneficiarios de prestaciones previsionales, titulares de asignaciones universales y desempleados. La medida también incluye disposiciones específicas para trabajadores rurales de temporada, veteranos de guerra y personas con hijos con discapacidad.
Según detallan las resoluciones 211/2025 y 212/2025, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, los nuevos montos de los haberes jubilatorios y la mensualidad que reciben quienes se encuentren inscriptos a algún programa social que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedaron establecidos de la siguiente manera:
Actualización de haberes jubilatorios
El haber mínimo pasará a ser de $307.431,93, mientras que el máximo ascenderá a $1.995.041,46. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. De esta manera, el ingreso total en mayo será de $366.481,75.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por su parte, se ajustará a $246.527,76. Con el agregado del bono extraordinario, alcanzará un total de $307.185,40.
Los aumentos se enmarcan en el nuevo esquema de actualización mensual aprobado en julio de 2024, basado en el IPC del INDEC, sustituyendo el sistema de movilidad trimestral previo. Desde entonces, los jubilados ven sus haberes reajustados cada mes, aunque con un mes de desfase respecto al dato inflacionario.
El bono de $70.000 continuará siendo otorgado de manera completa a los titulares de la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC) durante todo este año. En el caso de jubilaciones superiores, el bono será proporcional.
En ese sentido, el Gobierno aclaró que “el refuerzo estatal es una herramienta para aliviar la situación económica de los adultos mayores más vulnerables”.
Asignaciones familiares y sociales
De acuerdo con la Resolución 212/2025, las asignaciones familiares también recibirán un incremento del 3,73%. Esta suba alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo para Protección Social y otros programas.
Entre los nuevos valores para mayo de 2025 se destacan:
Asignación por hijo:
Hasta $824.838 de Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el monto es de $53.271.
Para ingresos superiores (entre $ 1.396.650,01 y $ 4.367.942), los montos decrecen progresivamente hasta $11.211.
Asignación por hijo con discapacidad:
Para IGF hasta $824.838, asciende a $173.455.
En escalas superiores ($ 1.209.707,01), el beneficio disminuye hasta $77.445.
Nacimientos y Adopciones:
$106.536 (valor general), $138.497 (Zona 1).
Cuidado de Salud – Hijo:
$106.536 (valor general), $138.497 (Zona 1).
Cuidado de Salud – Hijo con Discapacidad:
$346.901 (valor general), $450.972 (Zona 1).
Embarazo para Protección Social:
$62.093 (sin diferencias zonales)
Ayuda Escolar Anual:
Unificada en $42.039 para todos los niveles de ingreso.
Estos montos varían según la zona geográfica, estableciendo ajustes diferenciados en provincias como La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La Zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
En ese sentido, la Zona 2 abarca al territorio de Chubut. Mientas tanto, la Zona 3 está compuesta por los departamentos de Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su tejido urbano) en Salta.
Por último, la Zona 4 incluye las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Calendario de pagos
ANSES informó que los pagos comenzarán a acreditarse a partir de la segunda semana de mayo, siguiendo el esquema habitual de terminación de DNI. El bono extraordinario será depositado junto al haber mensual correspondiente.
Además, la plataforma digital de ANSES permanece disponible para realizar trámites y consultas, facilitando el acceso a la historia laboral y a la información sobre los aportes realizados, en línea con la política de modernización administrativa.
Fuente: Infobae
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