Metán
Milei Style: El Estado financia a una empresa procesada por coimas para manejar la ruta 9/34
El discurso oficial del Gobierno nacional sobre la Red Federal de Concesiones se promocionó bajo un dogma inquebrantable: «Inversión 100% privada, sin un solo peso de los contribuyentes». Sin embargo, la inminente adjudicación del Tramo Noroeste de la Ruta Nacional 9/34 a la UTE liderada por Autovía Construcciones y Servicios S.A. —brazo operativo del histórico Grupo Cartellone— expone una serie de severas inconsistencias entre el relato libertario y la letra chica de los contratos.
El discurso oficial del Gobierno nacional sobre la Red Federal de Concesiones se promocionó bajo un dogma inquebrantable: «Inversión 100% privada, sin un solo peso de los contribuyentes». Sin embargo, la inminente adjudicación del Tramo Noroeste de la Ruta Nacional 9/34 a la UTE liderada por Autovía Construcciones y Servicios S.A. —brazo operativo del histórico Grupo Cartellone— expone una serie de severas inconsistencias entre el relato libertario y la letra chica de los contratos.
¿Quién es Cartellone? De gigante de la obra pública a Comodoro Py
Para entender el trasfondo del nuevo actor a cargo de la ruta que atraviesa el sur salteño, hay que revisar la historia. El Grupo Cartellone es una de las dinastías empresariales más tradicionales de la obra pública argentina. Fundado en Mendoza en 1918, el conglomerado creció durante décadas al calor de licitaciones de autopistas, represas y concesiones viales.
Esa misma cercanía con el poder estatal terminó acorralándolos en la Justicia. Exdirectivos y miembros de la familia controlante —entre ellos Tito Biagini y referentes de la firma José Cartellone Construcciones Civiles— se encuentran procesados por el delito de cohecho activo (pago de coimas) y asociación ilícita en la Causa Cuadernos, causa que tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 7. La acusación sostiene que la compañía integraba el entramado de empresas que entregaba dinero para retener concesiones y destrabar certificados de obra pública en gestiones anteriores.
La contradicción del discurso libertario y el «Doble Estándar»
Aquí es donde la narrativa del Poder Ejecutivo choca de frente contra su propia práctica:
La falacia de la inversión 100% privada: Pese al marketing del león que prometía erradicar el financiamiento estatal, el Ministerio de Economía estructuró la licitación con un salvavidas del propio Estado. A través del Banco BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), se dispusieron líneas fiduciarias y créditos blandos oficiales que financiarán hasta el 70% del capital operativo que la empresa privada necesita para poner en marcha las obras. En términos prácticos: el riesgo financiero recae sobre una entidad pública, mientras que las ganancias del peaje van al privado.
La prohibición anticorrupción ignorada: En reiteradas oportunidades, la gestión de Javier Milei prometió «no contratar con empresas manchadas por la corrupción del pasado». Sin embargo, a la hora de adjudicar los casi 600 kilómetros del corredor del NOA, la comisión evaluadora priorizó la oferta económica más baja presentada por la UTE de Cartellone, dejando en un segundo plano los antecedentes judiciales y los procesos en curso por cohecho que pesan sobre el grupo.
La bomba de tiempo: ¿Qué pasa si hay condena en Causa Cuadernos?
El mayor interrogante para los usuarios de la Ruta 9/34 no es solo quién cobrará la tarifa, sino qué estabilidad tendrá el servicio y las obras prometidas —como el peligroso distribuidor en Río Piedras—.
La normativa de transparencia pública y los Decretos Anticorrupción vigentes establecen que, ante una condena judicial firme por delitos contra la administración pública o corrupción, el Estado nacional tiene la obligación legal de rescindir el contrato de concesión.
Si el juicio oral de la Causa Cuadernos avanza hacia una condena contra los directivos del grupo empresarial, el contrato de la Ruta 9/34 debería ser anulado de forma inmediata por el propio Estado. La traza vial ingresaría en un nuevo limbo legal y operativo y las obras de repavimentación y el puente de Río Piedras quedarían paralizados a mitad de camino, dejando a los vecinos del sur salteño expuestos a pozos, parches e incertidumbre.
A la luz de los hechos, el promocionado «cambio de época» en las rutas nacionales parece reducirse a un simple cambio de fachada. Se reemplaza a la fallida estatal Corredores Viales S.A. para entregar el negocio a los contratistas históricos del Estado de siempre; solo que ahora, financiados por un banco público y bajo la amenaza de que una sentencia judicial deje a la Ruta 9/34, una vez más, a la deriva.
