Al parecer, para Javier Milei las reglas del juego que tanto costó aprobar en la Ley Bases ya quedaron viejas. En un arranque de euforia digital tras reunirse con popes de la inversión en Norteamérica, el Presidente anunció el envío al Congreso del “Súper RIGI”. Porque en Argentina, si algo no funciona a la primera, la solución siempre es agregarle el prefijo «Súper» y esperar que la magia ocurra.

“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA”, tuiteó el mandatario, apelando a una metáfora bélica para explicar que las ventajas fiscales del RIGI actual (que ya eran generosas hasta el punto de la sospecha) se quedarán cortas.

Lo más llamativo del anuncio no es solo la promesa de más beneficios cambiarios y aduaneros, sino el destino: sectores que «nunca han existido en la Argentina». El Presidente no dio nombres, dejando a la imaginación si se refiere a la minería de asteroides, la teletransportación de ganado o, quizás, a una economía estable y previsible, algo que efectivamente calificaría como «nunca visto» por estos lares.

El anuncio llegó de la mano de una buena noticia para el oficialismo: Chevron garantizó una inversión de USD 10.000 millones bajo el paraguas de este nuevo esquema. El ministro Luis Caputo, siempre atento a las cifras con muchos ceros, celebró el compromiso en redes.

Sin embargo, el «Súper RIGI» se presenta en un contexto donde el RIGI «común y corriente» ya acumula solicitudes por casi USD 95.000 millones. Cabe preguntarse: ¿era necesario un nuevo régimen o es simplemente una estrategia para mantener la narrativa del «logro histórico» mientras la economía real sigue esperando que el derrame llegue a la góndola del supermercado?

Beneficios para pocos, promesas para muchos

El RIGI original ya ofrecía:

• Baja de Ganancias del 35% al 25%.

• Exención de derechos de exportación (mientras el resto de los mortales sigue pagando retenciones).

• Acceso a arbitraje internacional, porque confiar en la justicia local es, aparentemente, demasiado pedir para las inversiones de relevancia.

Con el «Súper RIGI», se espera que estas ventajas se profundicen. Mientras tanto, en Salta, proyectos como Rincón (Río Tinto) y Diablillos (AbraSilver) ya suman inversiones por miles de millones bajo el régimen actual. ¿Necesitarán también ellos el «Súper» tratamiento?

Cerrando con su habitual «MAGA» y «VLLC», el Presidente dejó claro que su modelo de desarrollo se apoya en enclaves de alta rentabilidad y beneficios excepcionales para grandes capitales. La duda que queda flotando es si este «Súper RIGI» creará empleos para los argentinos de hoy o si, al igual que los sectores a los que apunta, esos puestos de trabajo también serán algo que «nunca ha existido» en la práctica para la clase media.

Por ahora, Salta y el resto de las provincias miran de reojo. Los números en los Excel del Ministerio de Economía cierran de maravilla; ahora solo falta que el «avión presidencial» aterrice en una realidad donde el ciudadano común no necesite un «Súper Sueldo» para llegar a fin de mes.

El discurso de austeridad del Gobierno Nacional enfrenta una nueva contradicción interna tras conocerse la actualización de las remuneraciones para la alta plana política. A través del decreto 931/2025, el presidente Javier Milei autorizó el descongelamiento de los salarios para más de 1.000 funcionarios, quienes acumularán un aumento del 123,8% en solo cinco meses. Esta medida beneficia directamente a ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades superiores de organismos públicos y empresas del Estado.

El ajuste salarial, que se percibirá en los primeros días de junio, establece una escala de ingresos que contrasta con la realidad económica del país:

• Ministros: Pasaron de un ingreso bruto de $3.584.006 en diciembre a $8.019.338 en mayo.

• Secretarios: Sus sueldos escalaron desde los $3.282.709 en diciembre hasta alcanzar los $7.345.634 brutos en mayo.

• Subsecretarios: Percibirán en junio un salario de $6.761.656, habiendo cobrado $2.981.513 en diciembre.

A pesar de que el Presidente insiste en que él es a quien «peor le fue» por no modificar su propio sueldo ni el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la medida alcanza a toda su estructura de confianza, incluyendo a su hermana, la secretaria general Karina Milei, y al vocero Manuel Adorni.

Desde el entorno oficial, justifican esta decisión amparándose en la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y el riesgo de una «fuga de funcionarios» hacia el sector privado. Argumentan que se trata de un «sinceramiento» para otorgar valor a quienes firman resoluciones del Estado, alegando que el ajuste se realizó tomando como base las paritarias de los empleados públicos.

Sin embargo, el decreto lleva la firma del propio Adorni y del ministro de Interior, Diego Santilli, e incluye una cláusula que suspende los aumentos automáticamente si se llega a romper el equilibrio fiscal. Esta nueva actualización salarial de la «planta política» surge tras las presiones internas generadas por las dietas de legisladores y senadores, que ya habían alcanzado cifras millonarias en meses anteriores.

En un giro inesperado pero forzado por la Justicia Federal, el Gobierno Nacional anunció que acatará la medida cautelar que ordena reinstalar el programa «Volver al Trabajo». La decisión se conoció hoy a través de una resolución de la Secretaría de Trabajo, luego de la fuerte presión ejercida por organizaciones sociales y presentaciones judiciales que cuestionaron la baja masiva del plan.

Hace un mes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había dispuesto la baja del programa que otorga un subsidio de $78.000 mensuales a trabajadores informales que participan en proyectos socioproductivos y de formación. Esta medida impactaba directamente sobre casi un millón de argentinos.

La respuesta no se hizo esperar: las organizaciones sociales iniciaron un plan de lucha que combinó cortes de ruta y ollas populares con una estrategia legal. El pasado 21 de abril, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, emitió una cautelar a favor de un amparo colectivo, ordenando al Ejecutivo suspender el recorte.

Para nuestra provincia, la noticia tiene una relevancia económica mayúscula. Según datos oficiales:

• Beneficiarios: Alcanza a poco más de 52.000 salteños.

• Inyección económica: El programa representa un flujo de 4.114 millones de pesos mensuales que circulan en Salta.

• Dinamismo local: Estos fondos son vitales para el consumo en comercios barriales y las economías regionales.

Si bien el Gobierno Nacional confirmó que efectuará las gestiones para cumplir con la manda judicial, también adelantaron que apelarán la cautelar para intentar sostener su política de ajuste.

Desde Libres del Sur Salta, celebraron el logro pero advirtieron que la lucha continúa: «El derecho se conquista en la justicia, pero se defiende en la calle». Por ahora, la resolución garantiza que los 900 mil trabajadores informales del país vuelvan a percibir el beneficio mientras se dirime la cuestión de fondo en los tribunales.