“Si lo que se busca de parte nuestra es eficiencia, la verdad es que necesitamos todavía más gente para poder seguir trabajando», resumió Marcelo Echenique, director de la Estación Experimental del INTA Salta, durante la marcha que tuvo lugar el miércoles último en la capital salteña, donde confluyeron distintos sectores en repudio a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Esta semana, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) volvió al centro de la escena luego de que trascendiera que el Ejecutivo nacional pretende avanzar con un decreto que podría significar un golpe sin precedentes para el organismo. La medida implicaría, según advierten desde el INTA, vaciar de contenido una de las instituciones más estratégicas del entramado científico y productivo del país.

Desde el año pasado, y con creciente intensidad en estos últimos meses, el INTA viene siendo blanco de presiones, recortes y amenazas de reestructuración. Ahora, el escenario más temido parece materializarse, dado que un decreto presidencial -que aún no fue publicado, pero ya circula- reformaría la gobernanza histórica del organismo, permitiendo al Ejecutivo una mayoría automática en la toma de decisiones.

De avanzar en el decreto, se desmantelaría el Consejo Directivo Nacional, actualmente compuesto por representantes del Estado, de universidades y de entidades del sector agropecuario. En su lugar, se conformaría un nuevo consejo achicado a ocho sillas, en el que el Estado nacional quedaría con cuatro lugares y la posibilidad del doble voto presidencial. Este esquema garantizaría el control político pleno de los gobiernos de turno, que, en el caso de las actuales autoridades les permitiría «avanzar en cuestiones que ya se han presentado en el Consejo anterior y que han sido rechazadas», dijo Echenique.

En concreto, esta modificación daría luz verde a una serie de medidas previamente rechazadas por el actual Consejo Directivo, como el despido de todo el personal de planta no permanente (PNP), la desvinculación de becarios -muchos en etapa avanzada de formación-, el cierre de todas las Agencias de Extensión Rural (AER) y Oficinas Técnicas (OT) del país, y el pase a disponibilidad de los Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF) de todo el país.

Salta y Jujuy: el epicentro del impacto

En las provincias del NOA, donde la presencia territorial del INTA es vital para la producción familiar, campesina e indígena, el impacto de esta reestructuración sería especialmente grave. Según pudo saber Salta/12, unas 130 personas quedarían sin su puesto laboral: profesionales, técnicos y becarios que hoy integran el cuerpo operativo de las estaciones experimentales y agencias en Salta y Jujuy.

Además, 24 Agencias de Extensión Rural y Oficinas Técnicas serían cerradas, desmantelando el sistema de transferencia tecnológica y acompañamiento territorial que distingue al organismo. “En muchos pueblos, la única presencia del Estado es el INTA. Si también lo sacan, queda un vacío total”, advirtió Echenique, y destacó que «si hay algo que realmente lo muestra al INTA como una institución territorial, son sus agencias de extensión». En el país hay al menos 250 agencias. Por lo que la reducción o eliminación de estos espacios significaría «la pérdida de territorialidad y la llegada directa al productor en muchísimos lugares», lamentó.

También las estaciones experimentales de Yuto (Jujuy), Abrapampa (Jujuy) y Cerrillos (Salta) son ejemplo de lo que significa el INTA para las economías regionales. En Yuto, el Instituto ha desarrollado durante años programas de mejoramiento genético en cultivos tropicales como mango, palta y pitaya, esenciales para el desarrollo agrícola del Ramal jujeño. En Abrapampa, el foco está en los cultivos andinos (quinoa, papa andina) y en el trabajo con camélidos, tanto en la cría de llamas como en el manejo sustentable de vicuñas junto a comunidades originarias.

En la experimental de Salta destacan el mejoramiento genético en legumbres, la sanidad vegetal y animal (con laboratorios que certifican exportaciones de tabaco y diagnostican enfermedades zoonóticas como la rabia y la brucelosis) y un extenso trabajo en acceso al agua para riego y consumo animal. Todo esto, realizado con un enfoque profesional, científico y adaptado a las realidades locales.

“Todo eso corre peligro si el recorte se concreta», afirmó Echenique, no solo por la pérdida de puestos de trabajo, sino porque implica frenar proyectos que se desarrollan desde hace años, además de interrumpir líneas de investigación y cortar el vínculo con miles de productores que actualmente confían y trabajan junto al INTA como su principal sostén técnico.

El plan de reestructuración también incluiría la unificación de los Centros Regionales en grandes macroregiones, significando la pérdida de capacidad de decisión en cada provincia. Es decir que el sector productivo, científico y gubernamental de las provincias que hoy integran los Consejos Regionales ya no tendrían injerencia ni gobernanza sobre líneas de trabajo vinculadas a las políticas agropecuarias y de innovación tecnológica.

La eficiencia al revés

Paradójicamente, el discurso oficial justifica estas reformas en nombre de la “eficiencia”. Pero el INTA ya había comenzado un proceso de ajuste interno desde hace meses, con propuestas de reorganización y ahorro que nunca fueron consideradas suficientes por las autoridades políticas. “No es que nos negamos a mejorar», dijo Echenique, sino que «queremos ser más eficientes. Pero para eso necesitamos más herramientas, no menos», cuestionó.

Para Echenique, el argumento de la eficiencia es, en realidad, una exigencia que el propio organismo ya viene asumiendo desde hace tiempo. “Todas las instituciones públicas tenemos que estar en revisión y mejora continua, y el INTA lo hace permanentemente”, sostuvo. Advirtió, además, que un posible achicamiento de personal no haría más que afectar la capacidad de respuesta del organismo: “La verdad es que necesitamos todavía más gente para poder seguir investigando y poder seguir llegando al productor”, remarcó. Según explicó, cada vez que se reduce el equipo, deben cerrarse áreas y se pierde capacidad para dar respuesta a las demandas cotidianas que llegan desde el territorio.

A este escenario de incertidumbre y angustia -como lo describieron los propios trabajadores-, se sumó la novedad de que el próximo lunes 9 está prevista la visita del presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, a la Estación Experimental de Salta, donde firmará un convenio y recorrerá las instalaciones junto al equipo local. El ingeniero agrónomo asumió la conducción del organismo en octubre del año pasado, en reemplazo de Juan Cruz Molina Hafford. Bronzovich, previamente se desempeñó como director nacional de Agricultura en la Secretaría de Bioeconomía.

Su presencia en Salta será en un momento clave para el futuro del INTA, con un clima de creciente preocupación entre trabajadores y comunidades rurales ante el posible recorte de capacidades y personal. Más aún sabiendo que las primeras líneas del gobierno nacional defienden el recorte, como es el caso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien recientemente ratificó la posición luego de que la Mesa de Enlace se opusiera a que se realicen cambios en la autarquía, gobernanza y en los Centros Regionales del INTA.

El ministro habló de la situación que atraviesa el organismo y expresó que «el Gobierno está en un proceso de reordenamiento integral del Estado. Nosotros encontramos un Estado totalmente sobredimensionado». Señaló que «son más o menos ya casi 50.000 empleados públicos que ha caído la dotación de una planta de 300.000, o sea que es un número muy significativo, sin afectar mucho los servicios», dijo. Además de los cambios en la estructura del ente hay versiones de que el gobierno nacional busca reducir unos 1500 empleados sobre los 6000 actuales.

La ciencia en la cuerda floja

La situación del INTA no es aislada. En paralelo, organismos como el CONICET, el SENASA o Agricultura Familiar han sufrido recortes, despidos, o directamente han sido desguazados, eliminando su presencia territorial en todo el país. En ese marco, la ciencia y la técnica parecen convertirse en enemigos a disciplinar más que en herramientas de desarrollo. 

Frente al avance de este decreto, los equipos del INTA en todo el país comenzaron a organizarse. El pasado 4 de junio, trabajadoras y trabajadores del organismo se sumaron a la jornada nacional de protesta junto a sectores del CONICET y la universidad pública, en defensa del sistema científico nacional.

Echenique lamentó que el escenario sea extremadamente complejo, ya que sostuvo que aún «hay mucho por hacer, que se vienen haciendo muchas cosas para posicionarse en todo lo que tiene que ver con ciencia y técnica», en comparación con otros países. Como ejemplo, mencionó el caso de EMBRAPA, el equivalente brasileño al INTA, que cuenta con un financiamiento estatal mucho más alto que el argentino y además mantiene una estrategia de expansión y articulación público-privada que le permite liderar desarrollos en la región.

Aún así, afirmó que en el INTA no se han discontinuado los trabajos ni los procesos y programas de mejoramiento. “Seguimos avanzando más allá de todo, seguimos investigando con esfuerzo, buscando alianzas, pero la verdad que es muy difícil» cuando «algo que debería ser fuertemente apoyado por el gobierno nacional está en detrimento», resumió.

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