La política de ajuste ortodoxo que aplica el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo eslabón de conflicto, otra vez afectando la fibra más sensible de la sociedad: los jubilados. El Colegio de Farmacéuticos de Salta lanzó una advertencia ante la situación «insostenible» que atraviesa el sector, donde la mora en los pagos del PAMI amenaza con paralizar la entrega de medicamentos en toda la provincia.
El presidente de la entidad, Mario Assad, fue tajante al describir un escenario donde la farmacia de barrio se ha convertido, involuntariamente, en la financista de la seguridad social argentina. Mientras el PAMI arrastra deudas y mora crónica, las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos ínfimos para no quedarse sin stock.
«La farmacia compra y paga rápido, pero cobra del PAMI con atrasos de hasta 60 días. Con la inflación actual, esto es una condena económica», señaló Assad. La eliminación del Impuesto PAIS, una de las fuentes que alimentaba las arcas del organismo, y la dependencia exclusiva de las transferencias del Tesoro Nacional —hoy bajo el candado del déficit cero— han dejado al PAMI en una fragilidad estructural inédita.
La crisis no es solo una planilla de Excel. El desfasaje financiero está provocando que muchos establecimientos ya no puedan reponer medicamentos básicos. El esquema de «pagos parciales» que intenta aplicar el Gobierno Nacional es visto como un paliativo insuficiente ante una deuda que no para de crecer.
Desde el sector advierten que la rentabilidad ha desaparecido. La combinación de vender «al fiado» a un Estado que no paga, asumir bonificaciones obligatorias y soportar la escalada de precios, hace que la prestación sea inviable.
Aunque desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que no es su deseo cortar el servicio, la realidad de la caja manda. Las farmacias ya no tienen espalda para aguantar la desidia de una gestión nacional que prioriza los números macroeconómicos por sobre el acceso a los remedios de los adultos mayores.
Si el PAMI no normaliza su deuda antes de junio, el sistema podría colapsar, dejando a miles de jubilados salteños a la deriva, víctimas de un ajuste que parece no tener límites ni sensibilidad social.