Salta
Justicia millonaria, resultados pobres: Salta gasta $10.000 millones para resolver solo 4 de cada 100 delitos
Un informe del INECIP revela que, pese al alto presupuesto y volumen de causas, la provincia apenas logra resolver con calidad 4 de cada 100 casos penales que ingresan al sistema.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó su cuarta actualización del Ranking de Eficacia Político-Criminal, un estudio que mide la capacidad de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de Argentina para dar respuestas de calidad (condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos) a los conflictos penales. En este nuevo relevamiento, Salta se ubica en el puesto 11 del ranking nacional, liderado por la provincia del Chaco.
A pesar de ser una de las provincias con mayor actividad judicial, las tasas de eficacia en Salta han mostrado un estancamiento en los últimos tres años:
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2021: 5,14% (la tasa más alta registrada).
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2022: 4,14%.
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2023: 4,56%.
Este 4,56% de eficacia resulta alarmante si se cruza con el volumen de trabajo. Salta es la tercera jurisdicción con más casos ingresados del país (134.275 causas), siendo superada solo por Buenos Aires y el MPF de la Nación. Sin embargo, del total de esas causas, la gran mayoría termina en el descarte: se registraron 65.790 desestimaciones.
El informe desglosa cómo se resolvieron los conflictos en la provincia durante el último periodo medido:
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Sentencias condenatorias: 2.758
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Suspensiones de juicio a prueba: 2.758
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Acuerdos reparatorios: 3.074
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Sobreseimientos: 1.579
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Absoluciones: 349
Para sostener esta maquinaria judicial, el MPF de Salta contó en 2023 con un presupuesto de $10.432.402.487. La institución emplea a 694 personas, entre las cuales se encuentran:
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242 abogados y 48 fiscales penales.
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137 personas asignadas al cuerpo de peritos.
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134 personas en el cuerpo de investigación.
El INECIP aclara que la tasa medida es «básica». Según los directores de la investigación, Alberto Binder, Julián Alfie y Sofía Serrizuela, si se analizara si la respuesta fue la adecuada para cada caso concreto, los resultados serían aún más preocupantes.
El informe concluye con una crítica a la falta de planificación: «Todo Ministerio Público Fiscal soluciona unos pocos casos y descarta a la mayoría», señalando que la responsabilidad de decidir qué casos reciben una respuesta de calidad recae directamente en las máximas autoridades institucionales (Procuraciones o Fiscalías Generales).
Mientras Salta entrega sus datos para ser evaluada, provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán fueron señaladas por el INECIP por no publicar información ni responder solicitudes, incurriendo en una «grave violación al derecho a la información pública».
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