En un procedimiento desarrollado bajo estrictas medidas de seguridad, se llevó a cabo la quema controlada de una importante cantidad de droga incautada en el marco de más de 300 causas federales tramitadas en los últimos años en la provincia. La destrucción de los estupefacientes tuvo lugar en el predio del Departamento Caballería de la Policía de Salta, con la presencia de autoridades judiciales y provinciales.
El secretario de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, junto al secretario del Tribunal Oral Federal N.º 1, Federico Messena, encabezaron la supervisión del operativo. En su declaración, Avellaneda subrayó que este procedimiento “es una muestra real del trabajo articulado entre la Justicia Federal y el Gobierno provincial en la lucha frontal contra el narcotráfico”. Añadió también que estas acciones refuerzan el compromiso del Ejecutivo en la erradicación del comercio ilegal de sustancias prohibidas.
Por su parte, Messena agradeció las gestiones impulsadas por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, así como el acompañamiento de la Policía de la Provincia, lo que permitió concretar con éxito la destrucción de material probatorio perteneciente a causas vinculadas con el tráfico de marihuana y clorhidrato de cocaína. “Estas instancias operativas son fundamentales para avanzar hacia el cierre efectivo de los expedientes judiciales”, expresó el funcionario judicial.
Durante el operativo participaron además el prosecretario del Tribunal Oral Federal N.º 1, Rodrigo Larrán; representantes de las vocalías 1 y 3 del Juzgado Federal 1; técnicos y bioquímicos de la Policía Federal Argentina; personal del Departamento Caballería y efectivos de Gendarmería Nacional, responsables del traslado y la custodia del material incinerado.
La destrucción de las sustancias ilegales se llevó adelante cumpliendo con los protocolos establecidos por la normativa vigente, asegurando la trazabilidad del proceso y la transparencia de la acción judicial. Las autoridades remarcaron que se trata de un paso más en la política de seguridad que busca fortalecer la persecución penal del narcotráfico y reducir los riesgos que conlleva el almacenamiento prolongado de droga secuestrada.