El gobierno de Javier Milei autorizó, mediante el PAMI y otros organismos nacionales, la adjudicación de un contrato millonario a una clínica de gestión privada vinculada directamente a los hermanos Manuel y Alba Quintar, dirigentes jujeños con fuerte influencia dentro del oficialismo, para auditar los certificados de invalidez de más de 80 mil beneficiarios del norte argentino. La maniobra, que responde al pretexto de detectar supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad, está envuelta en una trama de poder, negocios familiares y desplazamientos forzados de pacientes hacia centros médicos con fines de lucro, bajo control directo de dirigentes oficialistas.

El diputado nacional Manuel Quintar, hombre de máxima confianza de Karina Milei en el norte del país, figura como el principal impulsor de esta estructura paralela de auditorías. Su hermana, Alba Quintar, candidata a diputada, admitió públicamente la existencia del convenio, aunque intentó deslindar su responsabilidad atribuyéndole “todo el manejo” a su hermano.

La clínica que concentra las revisiones médicas es Los Lapachos, de origen privado, con sede en Jujuy. Según registros oficiales, la misma pertenece a la familia Quintar y fue inscripta con anterioridad bajo otras razones sociales que acumularon deudas impagas. En los años noventa, operaba como Sanatorio Quintar, entidad que quebró dejando compromisos sin saldar. Lejos de retirarse del rubro, los mismos actores reanudaron la actividad médica bajo nueva denominación, manteniendo la estructura comercial intacta.

De la casta al círculo íntimo: la doble vara del mileísmo

El Gobierno nacional removió al Dr. López Alcobendas de su cargo en PAMI Salta para allanar el camino a este nuevo esquema, que terceriza funciones estatales en beneficio de intereses privados. La decisión encendió alertas en distintos sectores del sistema de salud provincial, que comenzaron a recibir denuncias de personas con discapacidad derivadas a clínicas jujeñas bajo amenaza de perder la pensión si no se presentaban a las auditorías.

Las condiciones impuestas a los beneficiarios incluyen el pago de estudios médicos en instituciones privadas designadas arbitrariamente por el propio Estado nacional. Muchos de ellos deben recorrer largas distancias para ser examinados por profesionales que no conocen, en clínicas ajenas a su provincia y sin posibilidad de recurrir a una segunda evaluación independiente. Esta situación fue denunciada formalmente por el diputado salteño Gustavo Dantur, quien elevó un reclamo institucional al Gobierno nacional exigiendo el cese inmediato de estas prácticas.

El modelo libertario de gestión: negocios privados con fondos públicos

El núcleo del escándalo radica en el entrecruzamiento de funciones públicas con negocios privados. La empresa Los Lapachos —ahora beneficiaria del convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— no solo está administrada por personas del entorno íntimo de Karina Milei, sino que además concentra poder territorial al haber tomado control del PAMI jujeño a través de designaciones impulsadas por el propio Manuel Quintar. El jefe local del organismo, Evaristo Bautista, es a su vez administrador de la clínica. Es decir, el mismo funcionario público que debería fiscalizar el proceso es socio operativo del prestador privado que realiza las auditorías. Un conflicto de intereses abierto, grosero y sin precedentes.

Silencio oficial y encubrimiento mediático

La gravedad institucional del caso no encontró aún respuesta en los principales canales oficiales del Gobierno nacional. Desde la Presidencia, mantienen silencio sobre la denuncia, mientras su operador en el norte argentino consolida una red de poder económico y político que multiplica su influencia bajo el paraguas del discurso libertario. En nombre de la eficiencia, se están cerrando circuitos de control que excluyen a los más débiles y consolidan mecanismos de favoritismo hacia dirigentes oficialistas y sus entornos familiares.

Lejos de combatir a “la casta”, como se proclamó en campaña, el actual modelo de gestión consolida nuevas formas de concentración de recursos públicos en manos privadas, vinculadas directamente con el poder político. La estructura montada en torno a las auditorías de discapacidad, con derivaciones forzadas, pagos directos por parte de los beneficiarios y control total de los actores que definen y ejecutan el proceso, evidencia una trama de negocios familiares que opera sin controles, con total respaldo oficial.

El ajuste como pantalla del privilegio

Mientras el presidente Milei denuncia “el curro de la política” y justifica recortes en salud, jubilaciones, educación y asistencia social, su entorno más próximo utiliza el aparato estatal para consolidar negocios personales, familiares y partidarios. En este modelo, la auditoría de discapacidad —una herramienta necesaria si se ejerce con transparencia— se convierte en un instrumento de extorsión y enriquecimiento para sectores ligados al poder libertario.

El caso Quintar pone al descubierto que el ajuste no es parejo, ni neutral, ni transparente. Es selectivo. Y detrás de ese ajuste, florecen nuevos privilegios, nuevos nombres, pero los mismos métodos; concentración, acomodo, desprotección del débil y blindaje del poderoso. Una práctica vieja, con disfraz nuevo.

Y es allí donde el discurso libertario naufraga ante los hechos. Porque mientras los sectores vulnerables deben pagar sus propios estudios para no perder una pensión, los amigos del poder hacen negocios con su padecimiento. Porque mientras se expulsa al que menos tiene, se protege al que más influencia ostenta. Porque mientras se declama “libertad”, se encierra al ciudadano en una red de favores, amenazas y clínicas obligadas.

Y eso, más que un modelo de gestión, es un símbolo de impunidad.

Los recientes datos publicados por el INDEC sobre pobreza, distribución del ingreso y desempleo muestran una mejora estadística en relación con semestres anteriores. Sin embargo, lejos de reflejarse en el día a día de la población, esos avances conviven con una sensación generalizada de deterioro.

La reducción del índice de pobreza, que pasó del 53% al 38% en el segundo semestre de 2024, y el desempleo, que cerró el año en un 6,4%, parecen responder más a un ordenamiento macroeconómico que a un cambio estructural en la vida de los argentinos. Los indicadores pueden haberse movido en el papel, pero en los barrios, en las familias, en los lugares de trabajo, el cambio no se percibe.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, sigue estancado en 0,43 puntos, muy lejos del 0,36 que alguna vez posicionó al país como una sociedad más equitativa. Hoy, las distancias entre quienes acceden a servicios básicos y quienes no, entre quienes logran consumir y quienes deben restringirse hasta en lo esencial, marcan una brecha profunda.

En las encuestas, una mayoría afirma que se vive peor que en los años 80. El retroceso no solo es económico: también hay una percepción de empobrecimiento educativo, social y cultural. La clase media, otrora motor del país, se desdibuja frente a una realidad que arrastra a muchos hacia la vulnerabilidad.

El consumo, históricamente asociado al bienestar, hoy está fuera del alcance de amplios sectores. No es una cuestión de percepción, sino de hechos concretos: los sueldos no alcanzan, la inflación persiste y la calidad de vida se deteriora.

Así, mientras los indicadores oficiales muestran una tendencia favorable, en la calle se sostiene otra lógica: la del esfuerzo diario, la del recorte permanente, la del sobrevivir. El desafío sigue siendo enorme; lograr que las mejoras no se queden en las estadísticas y empiecen a sentirse en la mesa de los hogares argentinos.

A 43 años de la Guerra de Malvinas, aún resta identificar los restos de al menos cinco soldados argentinos que murieron en las Islas. Excombatientes y especialistas explican qué tumbas quedan por analizar y de qué se ocupará la nueva fase del plan humanitario. Cómo fue el proceso de identificación de la fase 1 y 2 y la importancia del trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja junto al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Este 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, fecha en la que las tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago. Tras 74 días de combate, 649 soldados argentinos murieron en combate. Pero al finalizar el conflicto bélico, el silencio indigno de la dictadura militar cubrió el destino de los caídos. Ante la negativa argentina de «repatriar» al continente a los soldados muertos en combate —no había forma de hacerlo porque ya estaban en suelo argentino —, Gran Bretaña decidió darles un nuevo lugar en las islas, tras un pedido de los isleños.

Esta tarea se le encomendó a Geoffrey Cardozo, un oficial británico que llevó a cabo un trabajo meticuloso: exhumó cada cuerpo argentino, lo cubrió con bolsas plásticas para su conservación y los inhumó con sus pertenencias —anillos, fotos, trozos de uniforme—. En cada tumba, dejó una nota detallando marcas, cicatrices, contextura, rasgos y todo aquello que sirviese para su identificación futura. Seis meses después, Gran Bretaña inauguró el Cementerio Argentino de Darwin. En total, se enterraron 237 cuerpos: 126 sin identificación y –muchos de ellos– en tumbas colectivas.

Cómo es el cementerio de Darwin

El cementerio fue creado en un lugar alejado y caprichosamente elegido por los británicos para esconderlo bajo la alfombra del disimulo. A 89 kilómetros de Puerto Argentino y a 7 de Pradera del Ganso, se lo ve a lo lejos como una mancha blanca que resalta entre tanto gris y que rompe con la monotonía de un paisaje dominado por la turba malvinera, el viento y los rebaños de ovejas.

Solo se accede en camionetas por un camino descuidado y rodeado de horizontes que todavía guardan en su memoria los sonidos de la guerra. A pesar de las dificultades para llegar, desde su inauguración recibe a cientos de argentinos que todos los meses les rinden homenaje a sus héroes con rosarios, retratos y banderas celestes y blancas.

Con el tiempo, se convirtió en lugar sagrado que vive como un monumento al valor de los argentinos y al amor por su país. Por eso es habitual que los isleños vigilen celosamente a quienes lo visitan para denunciar cualquier manifestacion de argentinidad.

El cementerio de Darwin está alejado del centro de Puerto Argentino. Crédito: Valentino Vitolla.

El plan de identificación de los caídos

En 2008, durante un encuentro de excombatientes argentinos en Londres, Geoffrey Cardozo ofició como traductor de Julio Aro, quien durante la guerra formó parte del Regimiento 6 de Mercedes. La última noche, en la intimidad de una conversación dentro de un taxi, Cardozo le contó que los registros de los cuerpos de los soldados caídos no estaban en archivos olvidados ni en manos ajenas: los tenía el Estado argentino, que nunca los entregó a las familias.

Antes de despedirse, el excombatiente argentino recibió un sobre de papel madera, pesado no por su tamaño, sino por lo que contenía. “Sabrás qué hacer con esto”, le dijo Cardozo, según reconstruyó la periodista Leila Guerriero en su libro La otra guerra (Anagrama, 2021). «Me partió el alma saber que esos eran mis compañeros y que muchos estaban en tumbas que decían ‘Soldado argentino sólo conocido por Dios’», asegura emocionado a Página|12 Julio Aro. “Me generó impotencia saber que ese informe se había entregado mucho tiempo atrás”, agrega.

De regreso en el país, el excombatiente argentino tradujo la información y, entre los datos, encontró un número de DNI junto a un cuerpo sin identificar. Lo chequeó en el padrón y obtuvo un nombre: Gabino Ruíz Díaz. Tras visitar a su familia, este soldado dejó de ser un desconocido y, por primera vez, una madre supo con certeza dónde estaba enterrado su hijo. El obsesivo informe de Cardozo y el trabajo de Aro comenzaban a dar sus primeros frutos.

El acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña

“El caso de Ruiz Díaz impulsó una serie de viajes que hice con Gabriela Cociffi -ex directora de Revista Gente e Infobae– en busca de las historias de las familias de los caídos, dice Aro, que hoy preside la fundación “No me olvides”. Este camino de la identificación avanzó en 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó formalmente la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El acuerdo entre Argentina y el Reino Unido no se firmó hasta diciembre de 2016.

“La acción humanitaria necesitaba el compromiso de todas las partes, que debían dejar de lado los conflictos ideológicos y burocráticos en pos de reconocer los cuerpos”, relata casi una década más tarde Virginia Urquizu, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en una entrevista con Página|12. La organización –reconocida mundialmente por su trabajo para identificar a víctimas de la dictadura militar– recolectó más de 370 muestras en un banco de datos, que fueron enviadas a un laboratorio para obtener un perfil genético. “El informe de Cardozo fue tremendamente detallado y permitió avanzar en la investigación forense preliminar”, cuenta Urquizu.

La tarea no fue sencilla. A la dificultad económica de localizar a cada familia, se sumó la oposición férrea de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Temían que aquel plan humanitario fuera, en el fondo, un pretexto para retirar los cuerpos de las islas, situación que generaría “un festival de huesos”. “Les inventaron historias a las familias para que no den las muestras”, asegura Aro. “Había una incertidumbre generalizada –agrega la antropóloga– que no colaboraba en el proceso, que por su comienzo tardío siempre iba a contrarreloj”. A pesar de las trabas, en seis años –y tras dos fases del Plan– se lograron identificar 122 cuerpos.

Para muchas familias significó el fin de lo que parecía un eterno luto. El trabajo realizado por el EAAF –junto al CICR, Aro y Cardozo– permitió que los soldados argentinos pasaran de ser una coordenada a tener nuevamente un nombre. Ese acto de justicia trajo consigo algo de paz. Aunque el proceso no está exento de dolor: las muestras de ADN que dieron negativo dejaron a algunas familias esperando una respuesta que parece no llegar nunca: “Tuvimos que entregar informes de exclusión, que implica que sus familiares no se encuentran dentro de los cuerpos exhumados en Darwin”, explica la integrante del equipo de antropología.

Una nueva fase de búsqueda e identificación

Gracias a la primera fase del Plan de Proyecto Humanitario, sólo seis soldados aún son nombrados con la frase insignia “sólo conocido por Dios” en las cruces que se erigen sobre sus tumbas. Uno de esos cuerpos ya está identificado, pero, por decisión de parte de su familia, no se puso su apellido en la placa. “En el resto de los casos –explica Virginia Urquizi– no hay voluntad de las familias para dar las muestras o ya no quedan descendientes vivos para realizarlas”.

En septiembre de 2024, la entonces Canciller Diana Mondino confirmó un acuerdo con Gran Bretaña para comenzar con el Plan de Proyecto Humanitario 3. Esta etapa prevé la exhumación de la tumba B-416, que lleva el nombre de todos los tripulantes del LearJet 35 T-24, avión derribado el 7 de junio de 1982: Juan José Falconier, Guido Marizza, Marcelo Lotufo, Francisco Luna y Rodolfo de la Colina. Informes de antropología estiman que no todos los cuerpos se encuentran allí, por lo que se compararán esos restos con otros encontrados en la Isla Borbón.

Especialistas estudian también la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, que incluirían drones y aparatos que detectan movimientos del suelo. Pero, a pesar de los anuncios y las promesas de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, el proyecto sigue sin concretarse: “Estamos a la espera de los acuerdos diplomáticos porque es un trabajo perfectamente realizable desde lo técnico”, anticipa Urquizu a Página|12.

En tanto, desde la Cruz Roja son cautos y explican que la fase 3 del Plan Humanitario aún no se ha puesto en marcha. «Son las partes quienes deben definir los próximos pasos», respondieron ante la consulta de este diario, y aclararon que se encuentran «a disposición de los gobiernos de Argentina y del Reino Unido para apoyar esta labor».

Así, los 237 caídos que se encuentran en el Cementerio Militar Argentino de Darwin podrían tener finalmente una placa con su nombre “No voy a bajar los brazos hasta lograrlo”, dice Aro, quien no descarta futuros rastrillajes. Es que –según afirma a este diario– “no existe una cifra exacta de muertos”: se estima que hubo 649 soldados caídos, 237 de ellos enterrados en Darwin. De la cifra restante, hay 323 tripulantes del ARA General Belgrano, hundido el 2 de mayo de 1982 por las tropas británicas. “Con encontrar restos pequeños de un soldado ya se puede trabajar y cerrar la herida de muchas familias”, confía.

Cuarenta y tres años después, el proceso de sanación está lejos de terminar. Aún quedan soldados por ser identificados, aunque la promesa de justicia y reparación persiste. Julio Aro concluye: «Mis amigos serán inmortales mientras haya argentinos que se acuerden de ellos». La guerra no terminó, por lo menos mientras no haya paz completa para todos.

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