En el tramo final del debate en comisiones, el oficialismo busca convocar a votación lo antes posible. A pesar de los pedidos de un sector de la UCR, los interlocutores seguirán siendo los mismos. El oficialismo no está dispuesto a que algunos cambios afecten el espíritu del proyecto

Con el objetivo fijo de obtener un dictamen favorable antes de que termine esta semana, el Gobierno aceleró las negociaciones con la oposición por la denominada Ley Ómnibus, aunque no tiene previsto cambiar la estrategia de diálogo con el resto de los bloques parlamentarios, a pesar de los reclamos de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR).

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, cuando restan menos de dos días de conversaciones, si bien todavía parece difícil alcanzar un acuerdo con todos los sectores no kirchneristas, las autoridades nacionales siguen confiados de que van a lograr llevar a votación el paquete de proyectos que envió el presidente Javier Milei.

Aunque en estos momentos se encuentra volviendo de la ciudad suiza de Davos, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial, el jefe de Estado sigue de cerca las conversaciones legislativas en Buenos Aires.

Desde hace varios días, tanto Milei como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, son los que tienen la última palabra a la hora de acordar con el resto de los espacios las modificaciones en algunos de los artículos del paquete de proyectos que está en discusión, aunque hay dos cuestiones que amenazan la posibilidad de que las partes arreglen.

Si bien el Poder Ejecutivo aceptó finalmente analizar algunos cambios en la ley -luego de días en los que se mostró inflexible-, no está del todo dispuesto a revisar la eliminación de la fórmula jubilatoria y la discrecionalidad para fijar aumentos, por un lado, ni la suba al 15% de las retenciones para las exportaciones de las economías regionales, por el otro.

“Nosotros mostramos un ánimo de dialogar y eso quedó claro ya, por ejemplo, con la ley de pesca. Estamos dispuestos a tomar cualquier consideración siempre que sea para mejorar y que se mantenga el espíritu de la norma”, señalaron en Casa Rosada.

Antes de partir hacia Davos, Milei reclamó la aprobación de la ley, lo que motivó un duro comunicado que publicó en sus redes sociales el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, en el que cuestionó la posición intransigente del mandatario.

“Las declaraciones del Presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al Gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como nuestros jubilados”, escribió De Loredo.

Sin embargo, este miércoles hubo una nueva crítica, esta vez por parte del senador radical Martín Lousteau, quien se quejó de la falta de un interlocutor claro por parte del Gobierno, con el respaldo necesario como para tomar decisiones en el momento.

La persona natural para ocupar ese rol era el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien incluso ya se encuentra colaborando en el asunto y el martes fue el encargado de transmitirles a los legisladores la respuesta del Gobierno a los pedidos de modificaciones en distintos artículos.

Sin embargo, según pudo saber este medio, no hay intenciones por el momento de cambiar la estrategia y las negociaciones con la oposición van a seguir en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

De hecho, este mismo jueves, el funcionario nacional se va a reunir en el Congreso con la vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, Victoria Villarruel, y con los integrantes del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, para analizar la situación de la ley.

Es que, si finalmente el proyecto recibe dictamen en Diputados, el oficialismo podría convocar el viernes o sábado para que el paquete se trate en los primeros días de la semana próxima y, si se aprueba, pasaría entonces a la Cámara alta.

Si bien para que esto ocurra, primero el Gobierno tiene que garantizarse los votos, las sesiones extraordinarias, en principio, finalizarán el 31 de enero próximo, por lo que no cuenta con demasiado tiempo y es por eso que tratan de adelantar pasos.

El presidente Milei cuenta con la posibilidad de extender el plazo en caso de que el debate no haya finalizado para esa fecha, pero fuentes de la Casa Rosada explicaron  que las autoridades nacionales quieren evitar tener que llegar a ese punto y prefieren que la ley sea sancionada en el tiempo previsto.

En el Senado, en tanto, ya cuenta con dictamen el proyecto para implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las próximas elecciones, pero en este caso el oficialismo no cuenta con el apoyo necesario para que salga la ley, que ya tiene media sanción de Diputados.

En ese contexto, Villarruel decidió esperar a contar con la mayoría antes de llamar a votación, teniendo en cuenta, además, que dentro de la Ley Ómnibus también hay reformas electorales en debate, como la eliminación de las PASO.

Por el momento, en la Cámara de Diputados la oposición sigue esperando la respuesta del Gobierno a sus solicitudes para revisar las partes del paquete de proyectos vinculadas a la jubilación y a las retenciones.

Este miércoles por la tarde, el principal asesor político de Milei y experto en comunicación, Santiago Caputo, se reunió sorpresivamente con Menem en el Congreso, pero tras horas de expectativa, no hubo grandes definiciones.

A lo largo de todo ese día, hasta última hora, los legisladores estuvieron esperando una respuesta oficial que no llegó, aunque el riojano, a la salida de su encuentro con Caputo, confirmó que están trabajando en mejorar ambas iniciativas en conflicto.

Sin esos cambios, no habría acuerdo y se podrían emitir tres dictámenes: uno del kirchnerismo rechazando todo, otro de La Libertad Avanza y el PRO apoyando todo y un último de la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, sin algunos artículos.