Nacionales
Horas decisivas para el futuro de la ley ómnibus: el Gobierno no cede pese a los reclamos de la oposición
En el tramo final del debate en comisiones, el oficialismo busca convocar a votación lo antes posible. A pesar de los pedidos de un sector de la UCR, los interlocutores seguirán siendo los mismos. El oficialismo no está dispuesto a que algunos cambios afecten el espíritu del proyecto
Con el objetivo fijo de obtener un dictamen favorable antes de que termine esta semana, el Gobierno aceleró las negociaciones con la oposición por la denominada Ley Ómnibus, aunque no tiene previsto cambiar la estrategia de diálogo con el resto de los bloques parlamentarios, a pesar de los reclamos de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR).
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, cuando restan menos de dos días de conversaciones, si bien todavía parece difícil alcanzar un acuerdo con todos los sectores no kirchneristas, las autoridades nacionales siguen confiados de que van a lograr llevar a votación el paquete de proyectos que envió el presidente Javier Milei.
Aunque en estos momentos se encuentra volviendo de la ciudad suiza de Davos, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial, el jefe de Estado sigue de cerca las conversaciones legislativas en Buenos Aires.
Desde hace varios días, tanto Milei como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, son los que tienen la última palabra a la hora de acordar con el resto de los espacios las modificaciones en algunos de los artículos del paquete de proyectos que está en discusión, aunque hay dos cuestiones que amenazan la posibilidad de que las partes arreglen.
Si bien el Poder Ejecutivo aceptó finalmente analizar algunos cambios en la ley -luego de días en los que se mostró inflexible-, no está del todo dispuesto a revisar la eliminación de la fórmula jubilatoria y la discrecionalidad para fijar aumentos, por un lado, ni la suba al 15% de las retenciones para las exportaciones de las economías regionales, por el otro.
“Nosotros mostramos un ánimo de dialogar y eso quedó claro ya, por ejemplo, con la ley de pesca. Estamos dispuestos a tomar cualquier consideración siempre que sea para mejorar y que se mantenga el espíritu de la norma”, señalaron en Casa Rosada.
Antes de partir hacia Davos, Milei reclamó la aprobación de la ley, lo que motivó un duro comunicado que publicó en sus redes sociales el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, en el que cuestionó la posición intransigente del mandatario.
“Las declaraciones del Presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al Gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como nuestros jubilados”, escribió De Loredo.
Sin embargo, este miércoles hubo una nueva crítica, esta vez por parte del senador radical Martín Lousteau, quien se quejó de la falta de un interlocutor claro por parte del Gobierno, con el respaldo necesario como para tomar decisiones en el momento.
La persona natural para ocupar ese rol era el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien incluso ya se encuentra colaborando en el asunto y el martes fue el encargado de transmitirles a los legisladores la respuesta del Gobierno a los pedidos de modificaciones en distintos artículos.
Sin embargo, según pudo saber este medio, no hay intenciones por el momento de cambiar la estrategia y las negociaciones con la oposición van a seguir en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
De hecho, este mismo jueves, el funcionario nacional se va a reunir en el Congreso con la vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, Victoria Villarruel, y con los integrantes del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, para analizar la situación de la ley.
Es que, si finalmente el proyecto recibe dictamen en Diputados, el oficialismo podría convocar el viernes o sábado para que el paquete se trate en los primeros días de la semana próxima y, si se aprueba, pasaría entonces a la Cámara alta.
Si bien para que esto ocurra, primero el Gobierno tiene que garantizarse los votos, las sesiones extraordinarias, en principio, finalizarán el 31 de enero próximo, por lo que no cuenta con demasiado tiempo y es por eso que tratan de adelantar pasos.
El presidente Milei cuenta con la posibilidad de extender el plazo en caso de que el debate no haya finalizado para esa fecha, pero fuentes de la Casa Rosada explicaron que las autoridades nacionales quieren evitar tener que llegar a ese punto y prefieren que la ley sea sancionada en el tiempo previsto.
En el Senado, en tanto, ya cuenta con dictamen el proyecto para implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las próximas elecciones, pero en este caso el oficialismo no cuenta con el apoyo necesario para que salga la ley, que ya tiene media sanción de Diputados.
En ese contexto, Villarruel decidió esperar a contar con la mayoría antes de llamar a votación, teniendo en cuenta, además, que dentro de la Ley Ómnibus también hay reformas electorales en debate, como la eliminación de las PASO.
Por el momento, en la Cámara de Diputados la oposición sigue esperando la respuesta del Gobierno a sus solicitudes para revisar las partes del paquete de proyectos vinculadas a la jubilación y a las retenciones.
Este miércoles por la tarde, el principal asesor político de Milei y experto en comunicación, Santiago Caputo, se reunió sorpresivamente con Menem en el Congreso, pero tras horas de expectativa, no hubo grandes definiciones.
A lo largo de todo ese día, hasta última hora, los legisladores estuvieron esperando una respuesta oficial que no llegó, aunque el riojano, a la salida de su encuentro con Caputo, confirmó que están trabajando en mejorar ambas iniciativas en conflicto.
Sin esos cambios, no habría acuerdo y se podrían emitir tres dictámenes: uno del kirchnerismo rechazando todo, otro de La Libertad Avanza y el PRO apoyando todo y un último de la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, sin algunos artículos.
Nacionales
Milei convoca a los Gobernadores «Dialoguistas» tras el triunfo electoral
El presidente Javier Milei convocó este jueves a las 17:00 hs. en Casa Rosada solo a los gobernadores «dialoguistas» que adhirieron al Pacto de Mayo, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta). Quedan excluidos los mandatarios de la oposición más dura, buscando el Ejecutivo nacional afianzar el apoyo para la agenda legislativa post-elecciones.
El presidente Javier Milei ha convocado a la primera reunión con gobernadores tras el resultado de las elecciones legislativas, que vieron un notable crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). El encuentro, que busca afianzar lazos para la gobernabilidad, será este jueves a las 17:00 horas en Balcarce 50, pero estará limitado a los mandatarios considerados «dialoguistas» que firmaron el Pacto de Mayo en julio pasado.
La Casa Rosada optó por un formato selectivo, excluyendo a los gobernadores más confrontativos de la oposición. Por lo tanto, se descarta la presencia de los mandatarios peronistas de línea dura: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados directos de la Casa Rosada en los recientes comicios:
- Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
- Alfredo Cornejo (Mendoza)
- Leandro Zdero (Chaco)
- Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)
También fueron convocados los gobernadores que representan el espacio Provincias Unidas y que han mantenido un diálogo fluido con el Ejecutivo nacional:
- Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
- Martín Llaryora (Córdoba)
- Gustavo Valdés (Corrientes)
- Carlos Sadir (Jujuy)
- Ignacio Torres (Chubut)
La invitación se extendió a otros mandatarios considerados claves por su alineamiento o por ser voces provinciales fuertes:
- Rolando Figueroa (Neuquén)
- Alberto Weretilneck (Río Negro)
- Claudio Poggi (San Luis)
- Hugo Passalacqua (Misiones)
- Gustavo Sáenz (Salta)
Finalmente, el encuentro incluirá a figuras del peronismo que resultaron victoriosas el domingo o que tienen un peso político regional fundamental:
- Osvaldo Jaldo (Tucumán)
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Gerardo Zamora (Santiago del Estero)
La reunión de este jueves será crucial para la agenda del Gobierno, que busca obtener el respaldo necesario en el Congreso para sus reformas, en un escenario parlamentario donde LLA, si bien creció, sigue dependiendo de alianzas para alcanzar el quórum.
Nacionales
El Congreso Post-Elecciones Legislativas 2025: Un nuevo mapa de poder y desafíos para el quórum
Con un crecimiento histórico, LLA se consolida como segunda fuerza tanto en Diputados (80 bancas) como en Senadores (18), desafiando el poder del Peronismo (99 y 28 respectivamente). El nuevo Congreso estará fragmentado y la aprobación de cualquier ley dependerá de amplios acuerdos entre el oficialismo y bloques provinciales.
Los resultados de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 han reconfigurado drásticamente la composición de las Cámaras de Senadores y Diputados, mostrando un nuevo escenario político que obligará a intensas negociaciones para alcanzar consensos.
La Cámara Alta, compuesta por 72 bancas, presenta una configuración altamente fragmentada, con el quórum establecido en 37.
- Peronismo (Primera Minoría): Conserva la mayor cantidad de escaños con 28 bancas. Sin embargo, queda lejos de alcanzar el quórum por sí mismo, obligándolo a buscar aliados para cada votación.
- La Libertad Avanza (LLA): Consigue un bloque significativo de 18 bancas. Su crecimiento es clave, ya que se consolida como la segunda fuerza más importante en el Senado.
- PRO y UCR: El PRO obtiene 6 bancas y la UCR consigue 10 bancas. Si bien son bloques menores que en Diputados, su capacidad de alinearse con LLA o con el Peronismo será fundamental para definir mayorías.
- Otros: El bloque «Otros» suma 10 bancas, manteniendo su peso decisivo en el equilibrio de fuerzas.
El Peronismo (28) podría bloquear cualquier ley si se une a un grupo minoritario. Por su parte, el oficialismo de LLA (18) deberá tejer una alianza muy amplia, probablemente con el PRO (6), la UCR (10) y parte de «Otros» (10), sumando un mínimo de 44 bancas (18+6+10+10), para alcanzar una mayoría estable. La dinámica del Senado dependerá de los acuerdos puntuales que LLA logre cerrar con los bloques provinciales y opositores.
Por su parte, en la Cámara Baja, el cambio más significativo es el crecimiento exponencial de La Libertad Avanza (LLA). El partido, que en la «Cámara Actual» contaba con 37 bancas, proyecta alcanzar 80 bancas en la «Próxima Cámara», sumando un impresionante diferencial de 43 diputados. Este salto los convierte en la segunda fuerza más grande, casi duplicando su representación y posicionándose como un actor ineludible en cualquier discusión parlamentaria. Su desafío será transformar este crecimiento numérico en capacidad de gobernabilidad, requiriendo alianzas y negociaciones constantes.
El Peronismo logra mantener su posición como la primera minoría con 99 bancas, sin registrar cambios respecto a la Cámara actual. Si bien conservan un bloque numeroso, la cifra de 99 diputados los deja por debajo del quórum de 129, lo que significa que necesitarán de otras fuerzas para aprobar leyes cruciales. Su capacidad de negociación y articulación con bloques más pequeños será clave para su agenda legislativa.
Los partidos tradicionales de centro y centro-derecha sufren un retroceso. El PRO pasa de 35 a 24 bancas (-11), mientras que la UCR disminuye de 14 a 6 bancas (-8). Incluso, la «UCR Disidente» reduce su presencia de 12 a 3. Esta tendencia de achicamiento de los bloques tradicionales fragmenta aún más el centro del espectro político, haciendo más compleja la construcción de mayorías estables. El desdibujamiento de estas fuerzas podría favorecer la polarización o, por el contrario, obligar a una mayor flexibilidad y negociación multipartidaria.
Surgen con más fuerza «Provincias Unidas» (antes 24, ahora 8 bancas), aunque sufre una caída de 16, y «Encuentro Federal» (de 15 a 8 bancas (-7)), que también experimenta un retroceso. El bloque de «Izquierda» se mantiene relativamente estable con 4 bancas (+1). El apartado «Otros» se reduce significativamente de 40 a 25 bancas (-15), lo que sugiere una reabsorción de algunos legisladores en los bloques más grandes o la desaparición de agrupaciones menores.
El Desafío del Quórum: Un Congreso de negociación constante
El principal corolario de esta nueva configuración es la dificultad para alcanzar el quórum de 129 diputados. Ninguna fuerza política, por sí sola o incluso en alianzas directas obvias, lo logra holgadamente.
- El Peronismo (99 bancas) necesitará sumar al menos 30 diputados de otros bloques.
- La Libertad Avanza (80 bancas) requerirá de al menos 49 diputados adicionales para lograr quórum propio, lo que implica una negociación con el PRO, quizás «Encuentro Federal» y otros bloques.
Este escenario predice un Congreso mucho más fragmentado, donde la aprobación de cada ley será el resultado de arduas negociaciones, consensos y concesiones entre las diversas fuerzas políticas. La capacidad de diálogo, el pragmatismo y la habilidad para construir puentes serán habilidades esenciales para los líderes de cada bloque en esta «Próxima Cámara».
Nacionales
Milei y Quintar: cómo manejan el PAMI mientras los jubilados pagan el precio
El manejo del PAMI por parte de Milei y Quintar genera preocupación entre sectores sociales y políticos. Denuncias y documentos señalan que decisiones estratégicas en la designación de cargos y la gestión de servicios esenciales podrían beneficiar intereses privados, mientras jubilados y personas con discapacidad enfrentan demoras y obstáculos en el acceso a sus derechos.
Lo que durante meses circulaba como rumor en ámbitos políticos y administrativos de Jujuy, hoy se confirma con documentos y testimonios: la distribución discrecional de cargos en organismos nacionales y provinciales se habría convertido en una práctica consolidada, con el PAMI y la ANSES como escenarios centrales.
Fuentes oficiales señalan que Martín y Lule Menem habrían intervenido directamente en la designación de funcionarios, favoreciendo allegados y estructuras de confianza, dejando en evidencia una red de influencia que compromete la transparencia del sistema previsional.
En el ámbito local, el diputado Manuel Quintar aparece como beneficiario de estas decisiones. Según denuncias recibidas por este medio, Quintar habría colocado como director del PAMI provincial a Evaristo Bautista, administrador de su propia clínica privada, Los Lapachos. La movida generaría un evidente conflicto de intereses, al concentrar el control del servicio público y la gestión de su negocio particular en un mismo espacio.
Las irregularidades alcanzan también a la emisión de certificados de la ANDIS, requisito indispensable para que personas con discapacidad accedan a pensiones. Informes internos indican que dichos certificados provienen de la clínica de Bautista, generando un circuito cerrado que beneficia directamente al diputado, mientras los beneficiarios enfrentan demoras y trabas burocráticas que afectan sus derechos.
El panorama se completa con la participación del senador Ezequiel Atauche, quien según allegados a la gestión provincial habría respaldado estas designaciones, reforzando la percepción de complicidad política en torno a estas decisiones.
Consultados por este medio, voceros de PAMI y ANSES se limitaron a señalar que todas las designaciones se ajustan a la normativa vigente, sin entrar en detalles sobre los posibles conflictos de intereses ni la gestión de recursos destinados a jubilados y personas con discapacidad.
Las denuncias plantean interrogantes sobre la administración de fondos públicos y la ética en la designación de funcionarios, poniendo en el centro del debate la necesidad de mecanismos de control más estrictos y transparentes, que garanticen que los recursos destinados a los sectores más vulnerables no sean utilizados para favorecer intereses privados.
Mientras tanto, jubilados y beneficiarios continúan sufriendo retrasos en trámites y servicios, evidenciando una brecha entre las decisiones políticas y las necesidades reales de la población.
El caso promete derivar en investigaciones más profundas, tanto administrativas como judiciales, para determinar si los designios políticos han comprometido el derecho a la salud y a la seguridad social de los ciudadanos de Jujuy.
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