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Subsidios de luz y gas: qué ingresos debe tener una familia para pedirlos y cómo se hace el trámite

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El avance acelerado de la inflación hizo que el umbral de ingresos a partir del cual no se puede pedir subsidios a los consumos de servicios públicos trepara por encima de los $1.700.000 mensuales por familia. Eso hace que cada vez más usuarios que estaban calificados como N1, de “altos ingresos”, ahora califiquen para pagar tarifas parcialmente subvencionadas. El RASE, el registro que permite solicitar la ayuda estatal, está abierto y permite nuevas incorporaciones.

El Gobierno estableció un nuevo aumento para la tarifa de electricidad que rige en forma retroactiva para los consumos que tuvieron lugar desde el 1° de febrero y que estará vigente hasta abril. La suba, de más del 100%, afecta solamente a los usuarios de mayores ingresos o a los que renunciaron a subsidios por el hecho de no solicitarlos.

Mientras tanto, está en marcha una quita escalonada de subsidios a la tarifa de gas que aplicará aumentos también para esos consumos en el futuro cercano. La tarifa promedio para N1 pasará de $8.000 a $20.000 este mes.

En ese contexto, se estima que algo menos de un tercio de los usuarios residenciales están catalogados como N1 o de altos ingresos, ya sea porque sus ingresos mensuales superaron el máximo determinado por el Gobierno anterior cuando se creó el subsidio o porque directamente no pidieron quedar incluidos.

Pero a medida que la inflación aceleraba, ese umbral también fue creciendo en forma acelerada. La normativa vigente categorizar como N1 a las familias que cobran hasta 3,5 veces la canasta básica. Cuando se puso en marcha el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) ese umbral de altos ingresos equivalía a $348.869 mensuales de ingreso familiar. Pero el violento avance de los precios desde ese entonces cambió mucho ese nivel.

Así, en el sector creen que sólo una parte de quienes califican para el subsidio están pagando tarifas subsidiadas, dado que los ingresos se han movido mucho más lento que el costo de la canasta básica.

Algunos de quienes nunca solicitaron los subsidios lo hicieron porque prefieren seguir teniendo acceso a la compra de dólares en el mercado formal, pero los aumentos de tarifas concretados y por venir pueden hacer cambiar esa ecuación. Una factura N1 promedio pasaría de $8.400 a casi $20.000 por mes este frebrero, un aumento que los hogares registrados como de ingresos medios no van a percibir si se mantienen dentro de los límites de consumo (440 kWh por mes). Y, aún si los superan, los experimentarán en forma parcial.

¿Cómo inscribirse para recibir subsidios?
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene abierta la inscripción del registro para solicitar el mantenimiento de los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural, cuya inscripción es obligatoria en caso de que se desee continuar con el beneficio.

Los interesados deberán ingresar al siguiente sitio Web: www.argentina.gob.ar/subsidios y realizar un trámite que en principio debería demorar sólo unos minutos.

Antes de empezar el trámite vía online desde la Secretaría de Energía de la Nación recomiendan tener a mano la siguiente documentación:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. Se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/subsidios/facturas
El último ejemplar de tu DNI.
El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
Una dirección de correo electrónico.
Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tené a mano el número de registro.

¿Cómo es la segmentación?
Está organizada en tres niveles.

Segmento de ingresos altos (N1)

Son hogares que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:
Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $1.735.294,11 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC). Excepción: para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, A. e IAS, los ingresos mensuales totales para pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o superiores a $2.117.058,82.
Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.
Tener 3 o más inmuebles.
Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.
Segmento de ingresos medios (N3)

Son aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:
Ingresos mensuales totales entre $495.798,32 y $1.735.294,11 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC). Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento pueden variar entre $743.697,48 y $1.735.294,11 (entre 1,5 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).
Poseer hasta 2 inmuebles.
Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de ingresos medios.
Segmento de menores ingresos

Son hogares que, considerando en conjunto a las y los integrantes del hogar, cumplen las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a $495.798,32 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC). Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento deben ser menores a $743.697,48 (1,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).
Poseer hasta 1 inmueble.
No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de menores ingresos.
Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Una o un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.
Una o un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Una o un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Excepción: en el caso de que el hogar con CUD tenga ingresos mensuales totales del hogar que superen los $743.697,48 (1,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC) y/o sean propietarios de 2 o más inmuebles, se lo ubicará en el segmento de ingresos medios.
Domicilio en donde funcione un comedero o merendero comunitario registrado en el RENACOM. Excepción: en el caso de que en el hogar funcione un comedero o merendero comunitario registrado en RENACOM y que los ingresos sean mayores a $495.798,32 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC) y/o posean 2 o más inmuebles o 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad, se lo ubicará en el segmento de ingresos medios.
¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?
Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?
Sí, aunque el beneficiario no sea el propietario del domicilio, va a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios. Si la factura no llega a nombre del inquilino, igual se puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no el beneficiario no es la persona titular.

¿Qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre?
En ese caso, solamente se deberán completar los datos del servicio de un solo domicilio.

Nacionales

El Ministro de Salud calificó de «carga» a los jubilados mayores de 80 años

En una declaración que generó repudio inmediato, el Ministro de Salud de la Nación apuntó contra la longevidad de los afiliados como la causa del déficit de la obra social. Mientras tanto, en Salta, las farmacias advierten que el «déficit cero» de Milei está dejando a los abuelos sin sus medicamentos básicos.

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El Gobierno Nacional parece haber encontrado un nuevo responsable para la crisis del sistema de salud: los propios jubilados por vivir «demasiado». En el marco del AmCham Summit, el titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, lanzó una frase que desató una ola de indignación al quejarse de la cantidad de octogenarios y centenarios que pertenecen al PAMI.

Para el ministro Lugones, el hecho de que un millón de afiliados superen los 80 años y otros 6.000 hayan cruzado la barrera de los 100 es, textualmente, una “carga muy grande”. Con un tono de queja, sentenció: «Ya hay abuelos, hijos y nietos en Pami», intentando explicar así el desfinanciamiento de la obra social más grande de Latinoamérica.

Estas declaraciones se dan en un contexto de extrema fragilidad, donde el funcionario admitió no tener la última palabra sobre el dinero: «Me dijeron que estaban pagando», respondió con vaguedad, confirmando que el manejo de los fondos de salud está bajo el control total del ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene pisados los giros para sostener el superávit fiscal.

Mientras en los despachos de Buenos Aires se habla de los jubilados como «cargas», en las farmacias del interior el panorama es desolador. Según datos del sector farmacéutico, lo que el Gobierno está pagando con cuentagotas apenas cubre prestaciones de enero y febrero, dejando un rojo financiero que las farmacias ya no pueden absorber.

En Salta, la situación es crítica. El mecanismo es perverso: las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos cortos para recibir medicamentos, pero el PAMI les debe meses de facturación. Sin dinero para reponer, el stock comienza a faltar y son los abuelos quienes, receta en mano, rebotan de mostrador en mostrador sin poder acceder a sus tratamientos.

El «cataclismo» que mencionan los prestadores no es solo económico, sino humano. A la falta de medicamentos se suma la amenaza de los médicos de abandonar la atención tras los recortes del 50% en sus ingresos impuestos por la nueva gestión.

La postura de Lugones deja en claro la hoja de ruta del Ejecutivo: un ajuste ortodoxo donde la variable de ajuste es la salud de quienes aportaron durante décadas. Para el Gobierno, la longevidad no es un logro de la medicina o la calidad de vida, sino un problema contable que desequilibra las arcas del Estado.

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¿Venganza o Justicia? El proyecto que busca terminar con las falsas denuncias de género

El proyecto que avanza en el Senado reabre la discusión sobre las garantías procesales. Sus defensores sostienen que las falsas denuncias no solo destruyen vidas de inocentes, sino que también deslegitiman las causas reales de violencia, saturando un sistema judicial que ya está colapsado.

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El dictamen favorable al proyecto de la senadora Carolina Losada para endurecer las penas contra las falsas denuncias ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda pero necesaria de debatir: el uso de la estructura judicial como herramienta de revancha o estrategia en litigios familiares. La iniciativa propone penas de hasta 6 años de cárcel cuando se mienta sobre delitos de violencia de género o abuso, buscando preservar el principio de inocencia y la verdad jurídica.

Quienes apoyan la medida argumentan que una falsa denuncia no es un error administrativo, sino un delito que genera daños irreparables. El señalado suele enfrentar el «escrache» social, la pérdida del empleo y, en muchos casos, el alejamiento forzado de sus hijos antes de que exista una sentencia firme.

«La justicia no puede ser utilizada como un arma» , sostienen sectores que impulsan la ley. Argumentan que, al no haber consecuencias severas para quien miente, se incentiva la instrumentalización de las leyes de protección, perjudicando directamente a quienes sí están en peligro real y necesitan que los recursos del Estado no estén ocupados en causas inventadas.

En Salta, con un promedio de 100 denuncias diarias solo en el Distrito Centro, el sistema judicial trabaja al límite de sus capacidades. En este contexto, cada denuncia falsa representa:

  • Desvío de recursos: Policías, peritos y jueces pierden tiempo valioso que debería destinarse a casos de riesgo de vida.

  • Desconfianza social: La proliferación de relatos que luego se demuestran falsos genera un manto de duda sobre las víctimas reales, debilitando la lucha legítima contra la violencia de género.

El debate central radica en cómo proteger a la mujer sin desproteger al ciudadano ante una posible acusación falaz. Para los sectores críticos del sistema actual, el endurecimiento de las penas es un paso hacia la igualdad ante la ley y una advertencia para quienes pretenden utilizar la vulnerabilidad de las normativas vigentes para fines personales.

«Castigar la mentira no es atacar a la víctima, es proteger la transparencia de la justicia» , aseguran los impulsores del proyecto. De aprobarse, la justicia contaría con una herramienta más para garantizar que los procesos por violencia sean espacios de búsqueda de la verdad y no escenarios de injusticias derivadas de testimonios sin sustento.

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Conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional: Anuncian paro total para el viernes 24 de abril

Bajo la consigna «Sin meteorología no hay vuelos», los trabajadores nucleados en ATE denuncian que el ajuste, los despidos y la precarización laboral ponen en riesgo la seguridad aérea. La medida de fuerza podría paralizar la actividad en los aeropuertos de todo el país.

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El conflicto gremial en organismos estatales suma un nuevo capítulo de alta tensión. Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmaron un paro total de actividades para el próximo viernes 24 de abril. La medida promete tener un impacto directo en el transporte de pasajeros y cargas a nivel nacional e internacional.

El reclamo principal de los profesionales meteorólogos se centra en la estrecha relación entre su labor diaria y la seguridad de la aviación. Según el comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la ausencia de personal especializado en las estaciones meteorológicas impide la generación de informes críticos para el despegue y aterrizaje de aeronaves.

«Sin meteorólogos no hay seguridad aérea. Vamos a parar y los aviones no van a volar», advierte el panfleto que circula en las terminales aéreas, subrayando que la meteorología es un servicio esencial e indispensable para la navegación.

Desde el sector gremial sostienen que la situación del organismo es crítica debido a las políticas de ajuste y despidos que se vienen ejecutando en la administración pública nacional. Denuncian que la precarización de las condiciones laborales no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que degrada la capacidad operativa de un organismo estratégico para el país.

El gremio sostiene que la falta de personal suficiente en los aeropuertos para cubrir los turnos operativos pone en jaque los protocolos internacionales de seguridad.

De concretarse la medida sin un dictado de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, se espera que el viernes 24 de abril se produzcan demoras y cancelaciones masivas en los vuelos. Las empresas aéreas ya siguen de cerca la situación, mientras que los trabajadores del SMN se mantienen firmes en la necesidad de visibilizar la «desidia» que atraviesa el sector.

«Ajuste, despidos y precarización ponen en riesgo la aviación», concluye el comunicado, dejando en claro que el conflicto excede lo salarial y se traslada a una preocupación por la infraestructura técnica del país.

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