Con la convocatoria a la sesión especial que realizó el oficialismo para debatir en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley denominado «de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», más conocido como ley ómnibus, se empezaron a visibilizar las posiciones que tendrán los espacios políticos y sus legisladores de cara a lo que será un debate maratónico. Sobre todo, porque el Gobierno nacional aún no tiene asegurados los votos y sigue negociando con la oposición «amigable» y un grupo de gobernadores, dentro de los cuales se encuentra Salta, representada por el bloque Innovación Federal.

La provincia de Salta cuenta con siete legisladores: Emiliano Estrada (bloque Unión por la Patria); Carlos Zapata, María Emilia Orozco y Julio Moreno (La Libertad Avanza), y Pamela Calleti, Pablo Outes y Yolanda Vega (Innovación Federal). Salta/12 dialogó con la mayoría de las y los diputados, que manifestaron posiciones contrarias, tanto en lo fue el debate en las comisiones, como en las respectivas modificaciones del proyecto que tiene una versión final de 358 páginas.

Emiliano Estrada adelantó su voto negativo. El legislador, que ingresó a la Cámara Baja en 2021, se mostró ofuscado por las acciones del oficialismo en la discusión de su iniciativa. Denunció que «a 24 horas de que se inicie la sesión no tenemos el texto» final del proyecto. «La verdad que a esta altura estamos bastante perdidos» debido a las reiteradas contradicciones (que hace públicas) el Ejecutivo Nacional en su intento por conseguir los votos para la media sanción, sostuvo.

El legislador tomó como ejemplo la reunión de este lunes en el Consejo Federal de Inversiones con legisladores y gobernadores considerados «dialoguistas» en la que negociaron votar a favor de la ley ómnibus a cambio del 30% del impuesto País. En ese grupo estuvieron los integrantes de Innovación Federal, comandados por su presidenta, Pamela Calletti. «Dijeron una cosa y automáticamente el gobierno salió a desmentirlos», cuestionó Estrada, agregando que se desconoce el estado de las negociaciones con ese sector dialoguista. «Evidentemente, las negociaciones no vienen bien, y creo que ya se ha llegado a un punto muerto», expresó.

A pesar de que se quitaron más de la mitad de los artículos del proyecto inicial, entre ellos, el capítulo fiscal y previsional, Estrada aseguró que «quedó lo peor», pues aún están presentes distintos apartados que incrementan el ajuste a la mayoría de la población, como los referidos a la dolarización del precio de la nafta y del gas. «Lo disparatado de todo esto es que es un proyecto de ley que es refundacional de la Argentina y que a 24 horas de que se inicie la sesión no tenemos el texto, con lo cual ni sabemos qué están acordando entre estos espacios y el Gobierno nacional», sostuvo. Añadió que cree que además se verá una sesión desprolija por la falta de conocimiento del reglamento y de experiencia del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

En cambio, desde La Libertad Avanza, consideraron que el tratamiento de comisiones y el llamado a la sesión especial evidenció un marco de diálogo y consenso. Así lo manifestó la diputada María Emilia Orozco, quien sostuvo que se dieron semanas intensas de intercambios donde se recibió a funcionarios nacionales y sectores sociales, mostrando así a «todas las voces». «Hubo una pluralidad de voces que celebramos», afirmó.

Su par de bloque, Carlos Zapata, coincidió y dijo que no vió ningún aspecto negativo en el tratamiento del proyecto, pues se evidenció «diálogo y la búsqueda de consenso» en los acuerdos para la aprobación de una iniciativa que propone «un giro de 180 grados» en la República Argentina». Iniciativa que prioriza «reordenar el Estado, buscar el déficit cero y quitar todo trámite que signifique un entorpecimiento para el desarrollo de una actividad privada, productiva y de los ciudadanos a título personal».

Todo ello, dijo, con el fin de bajar el gasto público y tratar de que en un breve plazo se alcance el equilibrio fiscal. Zapata consideró que son necesarios estos ejes para quitar la «amenaza de la inflación que es generada por el Estado y el excesivo gasto desmedido e irracional» que se sufre desde hace 20 años, en referencia a los mandatos del peronismo-kirchnerismo.

En cambio, el diputado de Innovación Federal Pablo Outes, sostuvo en declaraciones a radio Aries, que “no queda otra que sentarse en una mesa de acuerdo y diálogo” porque “hay que entender que se debe buscar que se interprete el federalismo y que a las provincias no nos vacíen de recursos”. “Salta se sentó en una posición de negociación”, remarcó en referencia al accionar de su bloque, que votará a favor de la ley.

En ese sentido, sostuvo que no los encontrarán «rechazando de cuajo todos los planteos que está haciendo Javier Milei y tampoco nos van a encontrar diciéndole
que sí a lo que es la privatización y la desaparición del Estado”. Outes insistió en la “convivencia” pese a las diferencias, marcando un distanciamiento de los modos “agresivos” de la visión liberal del Gobierno nacional.

Las facultades delegadas dividen aguas
Emiliano Estrada también hizo referencia al articulado que dispone la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo Nacional. Sostuvo que hasta el lunes, el radicalismo junto a otros bloques «iban a recortar esas facultades legislativas, pero el gobierno no quiere ceder en ninguna». Por ello, afirmó que UxP va a votar en contra del proyecto, «porque sospechamos que todo lo que fue retirado del proyecto va a ser llevado adelante desde el Ejecutivo» a través de las facultades delegadas.

En tanto, Outes advirtió sobre las facultades extraordinarias que se le darían a Milei y mostró disconformidad al respecto. El legislador afirmó que desde su bloque se van a acotar a las facultades: «las reduciremos en el tiempo y en la amplitud”, adelantó.

Por el contrario, el diputado Carlos Zapata, se apoyó en el artículo 76 de la Constitución Nacional, que establece la posibilidad de las facultades delegadas ante situaciones de administración o emergencia pública. Acción seguida, cuestionó a la oposición por estar en contra del artículo: «Quienes hoy se sacaron el saco de oficialistas, para pasar a ser oposición, son quienes ahora plantean un excesivo republicanismo, que evidentemente nunca tuvieron a favor de ellos», indicó. También, su compañero de bloque Julio Moreno defendió las facultades delegadas aduciendo que ya se produjeron cambios en la iniciativa, dado que al principio se estipulaban dos años de delegación, cambiándose a sólo uno. «Es un tiempo prudencial para que se tomen las medidas que se puedan llegar a necesitar», afirmó.

Orozco también defendió este artículo al sostener que no se le dará un cheque en blanco al Presidente ya que en el proyecto de ley se establece «un control permanente a todo lo que haga el Ejecutivo Nacional». En ese sentido, recordó que LLA es un bloque minoritario de 38 diputados y diputadas, por lo que «la mayor incidencia (en cuanto a control) la tienen los otros bloques, en su mayoría opositores».

¿Y cómo está Salta?
Emilia Orozco sostuvo que resulta difícil evaluar la situación social y económica de la provincia únicamente desde la gestión de Javier Milei. «Son 40 días de un gobierno que agarró a un país en decadencia, con casi el 40% de los argentinos bajo la línea de pobreza, con más del 200% de inflación, niveles de alfabetismo impensado y los peores salarios de Sudamérica», denunció la legisladora, cuestionando también los vicios dentro de la «vieja política».

En ese sentido, recordó que en la provincia existieron casos de empleados de la administración pública que, además de sus sueldos, cobraban determinados planes sociales. Por ello, defendió la ley ómnibus al asegurar que no se busca «un Estado presente, sino un Estado eficiente, y que el manejo de los recursos y los fondos de todos los argentinos sea transparente».

En tanto, Julio Moreno se referenció en el proceso de estanflación, un estancamiento de la economía a la vez que persiste la inflación, acompañado también por un aumento del desempleo. El legislador afirmó que si se van a empezar a liberar los precios, estos tienen que ser acompañados con los aumentos de sueldo. Pero para eso dijo que primero se tienen que dotar de herramientas al Gobierno nacional, que, en este caso, sería la aprobación de la ley ómnibus, para recién iniciar «un proceso de crecimiento, de desarrollo» en el país. «Hay sectores políticos amigables que ya han dicho que nos van a apoyar, así que espero que lleguemos a un acuerdo y logremos una primera ley para empezar ya en un proceso de crecimiento de nuestro país», expresó.

En cambio, Outes remarcó el ajuste a las provincias y la pérdida de ingresos. “Se practica un ajuste muy fuerte, se produjo un proceso de devaluación muy grande, se generaron nuevos tributos que van directo a las arcas nacionales y se desfinanció a las provincias”, advirtió.

En ese sentido, consideró que debe apoyarse la privatización de empresas que están asentadas en las zonas más ricas del país, ya que ocupan los recursos de todos los argentinos y solo benefician a unos pocos, puso como ejemplo a AySA (empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense).

“Entendemos que hay empresas que son estratégicas y es un tema que hay que observarlo”, manifestó, señalando que no se pueden perder aquellas que hacen al manejo y el control sobre las áreas energéticas.

En tanto, Emiliano Estrada dijo que el contexto social y económico de la provincia también muestra «un despertar de todos los sectores porque la ley fue a atacar a todos», sea en el ámbito cultural, de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los farmacéuticos. «Muchos de ellos se tuvieron que poner en pie de lucha en función de su interés sectorial», dijo, ejemplificando la postura de sectores que exigieron al Gobierno nacional que se mantenga la eliminación de gravámenes sobre las economías regionales.