Un nuevo hecho de gravedad institucional pone en el centro del debate el accionar de algunos representantes de La Libertad Avanza en la provincia de Salta. Este jueves por la tarde, Rodrigo Quinteros, concejal electo por Capital y asesor legislativo en el Congreso de la Nación, irrumpió en los estudios de Radio Infinito FM, acompañado por al menos cinco personas, con el único objetivo de increpar al periodista Daniel Murillo, en un episodio que el propio comunicador calificó como un intento de apriete.

El hecho se produjo mientras Murillo se encontraba al aire con su programa habitual. “Entró con cinco o seis personas a la radio a agitarme. Le dije directamente desde afuera que si venía al aire venía al pedo, porque no lo iba a entrevistar. Me siento con el derecho de elegir con quién hablar y con quién no. Una persona que no tiene media idea para discutir no merece aire”, expresó el periodista, en declaraciones públicas posteriores.

Además, relató que en los días previos ya había recibido paquetes anónimos con mensajes amenazantes, entre ellos uno que contenía un kilo de harina (en alusión a la cocaína) y otro con un objeto sexual. “La otra vez me dejó un paquete con un consolador de treinta centímetros, que tal vez haga alusión a lo que le falta…”, ironizó, para luego agregar: “Eso fue el viernes pasado. Y ayer cayó a hostigarme al punto de que me pidió abiertamente que lo golpee”.

Murillo: “Esto fue un puntapié inicial, pero hay muchas cosas más”

El periodista también advirtió que el episodio con Quinteros no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de conductas impropias protagonizadas por distintos dirigentes del mismo espacio político. “Eso fue como un puntapié inicial, si querés, pero después aparecieron un montón de otras cosas”, dijo.

Y detalló: “Si empezamos a contar para atrás, están los videos escandalosos de Alfredo Olmedo saliendo de un telo con la mujer golpeándole el auto, las cerradas de cabarutes en Buenos Aires, todo el circo que hizo con Rocío Marengo. Después lo tenés a Carlos Zapata anunciando en una grabación que le iba a plantar ‘caquita’ al Oso Leavy, hablando ya directamente de hacer inteligencia para meter bombas políticas en la zona del norte de la provincia”.

En ese mismo sentido, Murillo agregó que Zapata aparece señalado como lobista del sector tabacalero, “hoy también sindicado como un tipo que está buscando información dentro de la SIDE acerca de lo que pasa con los periodistas y los dueños de medios de comunicación en Salta”.

Luego mencionó al exconcejal Pablo López, expulsado del cuerpo legislativo y de La Libertad Avanza tras ser denunciado por extorsión y abuso: “Es un tipo que entregaba a su pareja —hoy convencional constituyente electa— y la filmaba con otros tipos, obligándola a tener sexo para masturbarse delante de ellos. Llegó prácticamente a la trata. Ejercía violencia económica con dinero del Estado para amedrentarla. Una mujer que terminó contando que le enseñó hasta bañarse a este pibe, porque estos changos no se peinan solos. Los peina la mamá en la casa antes de salir”.

Murillo también planteó la necesidad de analizar el estado mental de algunos de estos dirigentes, por encima del debate sobre la “ficha limpia”: “Son personas peligrosas que están en un estado psíquico que habría que revisar. Más que exigir ficha limpia, habría que empezar a pedir análisis psiquiátrico acerca de las posibilidades que tienen o no de asumir”.

“Me buscó para que lo golpee”

Respecto del episodio puntual del jueves, Murillo fue contundente: “Lo que buscaba era que yo le pegue. Me lo dijo directamente a cámara: ‘Pegame, pegame’. ¿Mirá si me voy a ensuciar la mano? Quieren instalar esa mirada de la vida; avasallar a todo el mundo, creyendo que tienen algún grado de impunidad”.

También hizo referencia a las voces que le sugerían responder físicamente a la provocación: “Mucha gente planteó ‘¿cómo no lo hiciste cagar?’. Pero eso es lo que buscaban. Y no podemos entrar en ese hueco. Lo que está en juego acá es otra cosa”.

El ataque a Murillo ocurre en medio de una ola de violencia simbólica y verbal contra trabajadores de prensa, muchos de los cuales han sido víctimas de hostigamiento en manifestaciones o redes sociales. Días atrás, durante una protesta de personas con discapacidad frente al Congreso, un reportero gráfico de trayectoria internacional fue alcanzado por un chorro del carro hidrante, resultando con riesgo de pérdida auditiva, pese a haber cubierto zonas de guerra sin sufrir lesiones de ese tipo.

En ese marco, Además, persisten otros episodios que alimentan el descrédito de este sector político en Salta, entre ellos la situación del jefe de la UDAI ANSES de Metán, Cristian Achával, quien —según consta en una denuncia judicial— habría sido obligado por referentes de La Libertad Avanza a entregar parte de su salario para financiar el funcionamiento de una estructura partidaria. «Fue uno de los primeros temas que incomodó a este sector, pero no el único. Lo que vino después fue una cadena de provocaciones, amenazas y, finalmente, este intento de amedrentamiento en vivo”, señaló el periodista.

A todo esto se suma el silencio de Emilia Orozco, diputada nacional salteña y actual presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, cercana políticamente a Quinteros y López. Cabe recordar que Orozco protagonizó otro incidente recientemente al arrojar empanadas al periodista Samuel Valdiviezo, mientras lo interrogaba sobre su salario y condiciones laborales.

Una preocupación institucional

Lo ocurrido en Salta no es un hecho menor. La violencia contra periodistas, el uso de recursos del Estado con fines personales o persecutorios, y el desprecio manifiesto por la función pública, no solo constituyen conductas impropias, sino también atentados directos contra la convivencia democrática.

Desde distintos sectores ya se plantea la necesidad de controles más severos para el acceso a cargos electivos, incluyendo evaluaciones de idoneidad psicológica y conductual, además del cumplimiento de requisitos éticos y judiciales.

“Hoy estamos ante algo más que una diferencia editorial. No se trata de si uno está a favor o en contra del gobierno. Acá hay un grupo de personas que no tolera la crítica, no conoce los límites de la legalidad ni de la democracia, y que está usando la violencia como método de presión”, concluyó Murillo.